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El Contralor del Valle se refiere a El País, al exsenador Juan Carlos Martínez, a lo que puede esperar el gobernador Ubeimar Delgado y a reacciones por sus primeros resultados, entre otros temas. Entrevista.
Por Gina Betancourt Márquez, de la redacción de Color de Colombia
El Contralor del Valle del Cauca para el periodo 2012-2015, Adolfo Weybar Sinisterra Bonilla, no encaja en el molde del político que se hace elegir para vigilar los intereses de sus compadres los políticos.
Funcionario de carrera de la Contraloría General de la República, por diez años entrenado en temas nacionales del control fiscal, no ha ocupado cargos de nominación política.
Cursó sus estudios de derecho en Bogotá, en la Universidad de la Sabana, el Externado y la Nacional, lo que acentúa su perfil inesperado, más técnico que político.
Sin embargo, su elección fue enmarcada en la división que atraviesa al Valle del Cauca, especialmente por el influyente diario El País, que lo asoció al sector del ex senador preso Juan Carlos Martínez.
En esta entrevista, el Contralor responde preguntas agudas que captan las críticas que se le han hecho.
Se refiere a la posición del diario El País, a Juan Carlos Martínez, a lo que puede esperar el gobernador Ubeimar Delgado, a los resultados del control fiscal y a metas de transformación interna de la Contraloría.
¿Por qué cree que no fue mencionado en el informe de El País sobre los afros destacados de la ciudad y del departamento?
Me parece evidente por qué no. La primera expresión de El País frente a mi postulación fue que yo era un sujeto de Juan Carlos Martínez y que en consecuencia sería un contralor de bolsillo.
Ni siquiera conocieron quién era Adolfo Sinisterra y lanzaron juicios de valor. Ahora en el informe citado, se les olvidó que soy el Contralor.
¿Y no es un sujeto de Juan Carlos Martínez?
Permítame aprovechar este espacio en el portal de noticias más importante del país, para acabar esa acusación.
Primero, no todos los que llevan el apellido Sinisterra son familiares de Juan Carlos Martínez, y yo tampoco.
Segundo, vengo de trabajar 10 años en la Contraloría General de la República, y allá entré por concurso de méritos. Nunca he militado en grupos políticos ni he tenido cargos por política.
El Tribunal de Buga me postuló por concurso público, porque obtuve el mayor puntaje. La totalidad de los 21 diputados votaron por mí. ¿Por qué les queda tan difícil aceptar que estoy aquí por mis propios méritos?
Justamente por esa sospecha de contralor de bolsillo, algunos no esperan un control fiscal independiente de su parte, frente a los intereses de quienes lo eligieron ¿Qué les responde?
Están equivocados. Nosotros propusimos un control técnico independiente y es lo que hemos venido realizando.
Le hemos hecho auditoría a muchos sujetos de control sin conocer siquiera quiénes son sus jefes o sus grupos políticos abanderados.
¿Algunos ejemplos?
Detectamos y formalizamos hallazgos de irregularidades en municipios, hospitales, entidades descentralizadas, y sin preguntarnos qué políticos se van a preocupar, avanzamos en los procesos de la Contraloría y, según corresponda, damos traslado a la Fiscalía y a la Procuraduría.
Entonces, ¿comenzó con pie derecho o con pie izquierdo la gestión y cómo va?
Hemos logrado en cinco meses muchísimas cosas, pero que los ciudadanos juzguen por los hechos. Hemos adelantado 32 auditorías regulares, más de 12 visitas fiscales, 160 informes fiscales y detectado 808 hallazgos administrativos en todos los procesos.
Más de 272 hallazgos disciplinarios, más de 61 penales -trasladados a la Fiscalía- y más de 172 hallazgos fiscales que suman cerca de 40 mil millones de pesos en el departamento, todos en proceso de responsabilidad fiscal.
Si su compromiso es hacer control fiscal independiente, ¿no teme que lo ataquen de todos los flancos?
Claro. Y eso es lo que están haciendo. Bastó que sacara el informe de los primeros cinco meses de control para que me abrieran cuatro procesos disciplinarios por presuntos hechos ocurridos con anterioridad al cargo que ostento ahora. Una coincidencia muy sospechosa.
Usted viene de la Contraloría General de la República, ¿qué implicaciones tiene su experiencia para el ejercicio de la Contraloría del Valle?
Nosotros no vinimos a aprender. Durante diez años he ejercido como asesor jurídico de la Contraloría General de la República en temas de infraestructura física, telecomunicaciones, comercio exterior, desarrollo regional. He tenido contacto con las políticas más organizadas del control fiscal.
Estos resultados en cinco meses tienen mucho que ver con esa experiencia previa.
Mencione un cambio que haya hecho en la Contraloría.
Hicimos muchos cambios. Por ejemplo, había pocos funcionarios manejando el control fiscal de las entidades más sensibles, con riesgo de disminución de la objetividad.
Lo que hicimos fue crear una bolsa de 34 auditores seleccionándolos por sectores, los repartimos dependiendo de las necesidades y miramos si su labor es eficiente y eficaz en defensa de los recursos públicos.
¿Qué puede esperar el recién elegido gobernador Ubeimar Delgado de parte de la Contraloría del Valle?
El gobernador puede esperar un control objetivo, desprovisto de intereses subjetivos y/o partidistas. Y nuestros deseos para que le vaya bien porque el Valle lo necesita.
¿Tres metas para el primer año de gestión?
Le digo tres de carácter interno, de orden de la casa, y un cuarto externo.
Primero, generar una cultura de defensa por lo público en mis funcionarios. Cambiar la idea de lo que es cuidar los recursos públicos porque la concepción de control fiscal y del detrimento patrimonial estaba errada.
No sólo hay detrimento patrimonial cuando hay desaparición física de una cosa. Esa es una teoría asentada en la Contraloría General de la República en Bogotá, pero no en Cali.
Dos, el respeto por el profesionalismo de mis compañeros ha hecho que iniciemos todos una tarea de capacitación.
Tres, es un cometido de la Contraloría hacer unos cuantos procesos de oralidad de responsabilidad fiscal que nos permitan mostrarle a la comunidad resultados ágiles y efectivos.
Cuarto, generar cultura de control por parte de la ciudadanía. Esta debe entender que el ejercicio de control fiscal no es propio y único de la Contraloría, sino que ellos, los ciudadanos, pueden ayudar en esa labor.
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