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Baja titulación de tierras, uso del presupuesto y subgerente encargada crean situación que buscan llevar al Congreso.

Hoover Carabalí blogPor Hoover Carabalí, representante legal del Consejo Comunitario de La Plata, Bahía Málaga. Especial para Color de Colombia.

Pasadas las elecciones presidenciales, el gerente general del Incoder, Rey Ariel Borbón, realizó un remezón en la institución: cambió a cinco subgerentes.

Entre estos, al de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos, Javier Ignacio Molina, que llevaba cerca de año y medio en el cargo.

Lo inesperado fue que encargó de esta subgerencia a una funcionaria de carrera con malos antecedentes frente a las comunidades negras, Judith del Pilar Vidal Anaya.

Esto ha venido a agravar el descontento por los nombramientos de contratistas que se hacen con el presupuesto del programa nacional de legalización, dotación de tierras y desarrollo productivo para comunidades negras.

De alrededor de 80 contratistas, solamente hay cuatro afros y dos indígenas, lo que resulta una cifra muy baja, sin que se esté pidiendo que sean únicamente contratistas afrocolombianos o indígenas. Claro que no.

A este motivo, se suman los antecedentes de la subgerente encargada, que ya se reflejan en los tres meses transcurridos en el cargo.

Primero, a la doctora Judith del Pilar Vidal Anaya se le considera una experta en NO titular tierras a las comunidades negras.

En el periodo en que estuvo al frente de la Dirección Técnica de Asuntos Étnicos, del 2006 al 2011, solo se titularon aproximadamente 30 mil hectáreas a comunidades negras, comparado con un promedio de 500 mil hectáreas anuales que se traía de otras vigencias.

Lo mismo o en peor medida para las comunidades indígenas, que vieron reducir sus adjudicaciones sustancialmente. Este es el punto fundamental.

Segundo, en el 2010, sus tensiones con la Comisión Consultiva de Alto Nivel llegaron al punto de haber sido expulsada de una sesión, con solicitud al gerente de entonces de no volverla a enviar a estas reuniones, como quedó consignado en acta oficial.

Tercero, su credibilidad como funcionaria se vio menguada aún más por una sanción disciplinaria que implicó suspensión en el cargo, con inscripción a la hoja de vida en 2011, por problemas en procesos de contratación cuando fue encargada de la Dirección Territorial del Valle del Cauca

Y por último, este encargo dejó asombrados a muchos, pues la doctora Vidal Anaya había promovido una queja disciplinaria contra el anterior Director Técnico de Asuntos Étnicos, Miguel Vásquez Luna, fallecido, quien gozaba de un gran reconocimiento entre comunidades negras e indígenas por sus más de 30 años dedicados al trabajo sobre los derechos de estas comunidades.

Así, ella ha logrado que se recuerde con doble tristeza a Miguel Vásquez. Entre los caminos que consideran las comunidades, está pedirle a la bancada afro del Congreso que haga un debate de control político al desempeño del Incoder en materia de titulación de tierras y desarrollo rural para las comunidades negras e indígenas.

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