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Última entrega de esta serie en la que tuvimos a los dos Representantes a la Cámara por circunscripción afro y a los presidentes, saliente y entrante, de la Comisión Legal Afro del Congreso, como un aporte al control social de su gestión por parte de sus representados.
Jorge Méndez Hernández es representante a la Cámara por San Andrés y Providencia y obtuvo 6.876 votos como parte de lista de Cambio Radical. Es abogado especializado en derecho penal y criminología de la Universidad Libre de Colombia y en contratación estatal de la Universidad de Medellín.
Conocido por su gestión en el sector hotelero y de salud de la isla, y por obtener la votación más alta de la Asamblea Departamental en donde fue diputado y presidente, hace parte de la Comisión Primera de la Cámara y es presidente de la Comisión Legal Afro para el periodo 2019-2020.
Habló con Color de Colombia sobre su visión del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y sobre sus retos.
¿Qué destacaría del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, en relación con la población afrocolombiana?
Como observación preliminar debo destacar que, gracias a las gestiones adelantadas por la Comisión Legal Afro, en la Ley 1955 del 2019, “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022”, se introdujo el artículo 4º, parágrafo tercero, mediante el cual se incluyeron en el Plan Plurianual de Inversiones y 239 compromisos en materia de salud, minería, medio ambiente, territorio, mujer, familia, primera infancia, educación, cultura, deporte, derechos humanos, desarrollo económico e infraestructura, por valor de 19 billones de pesos para ser ejecutados durante el cuatrienio, en favor de la población afrocolombiana.
Igualmente debo destacar que en el acta de protocolización de la consulta previa del PND, se acordó que el Gobierno Nacional asignaría, durante el cuatrienio, al Ministerio del Interior – Dirección de Asuntos de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Palenqueras y Raizales-, $ 500 mil millones para el diseño e implementación de un programa de fortalecimiento organizativo de las comunidades afrocolombianas.
También resalto que, después de 26 años de vigencia de la Ley 70 de 1993, el Gobierno Nacional asumió el compromiso de avanzar en la reglamentar integral de sus capítulos IV, V, VI y VII, a más tardar el 30 de junio del 2020.
Otro punto importante del PND es el compromiso que asumió el Gobierno Nacional de adelantar un plan de choque para atender las 280 solicitudes de titulación colectiva que en la Agencia Nacional de Tierras, pues presentan considerables retrasos en sus trámites. Igualmente la reactivación del Programa Especial de Compra de Tierras para las comunidades negras, con una inversión cercana a los $ 500 mil millones para el cuatrienio.
¿Cuál es su plan de trabajo como presidente entrante de la Comisión Legal Afro?
En materia de agenda legislativa, vamos a priorizar con el Gobierno Nacional la reglamentación integral de los capítulos IV, V, VI y VII de la Ley 70 de 1993, que regulan los aspectos ambientales, mineros, culturales y de desarrollo económico y social, para que sus mandatos puedan efectivamente aplicarse en beneficio de las comunidades afrocolombianas.
Igualmente, vamos a hacer que prime el trámite del proyecto de ley para la inclusión de los territorios colectivos de las comunidades afrocolombianas, en el Sistema General de Participaciones, teniendo en cuenta que el artículo 5º de la Ley 70 de 1993, señala que los Consejos Comunitarios son la máxima autoridad de administración interna de los territorios colectivos, que hoy ya suman más de seis millones de hectáreas en todo el país.
Sin embargo para el cumplimiento de sus funciones y competencias no disponen de recursos presupuestales requeridos. Por esa razón, con esta propuesta se busca incluir a los Consejos Comunitarios en el sistema general de participaciones para dotarles de recursos y que así puedan cumplir con las funciones asignadas en la ley como administradores de los territorios colectivos.
No debe olvidarse que el artículo 188 de la Ley 1955 del 2019 crea la Comisión Nacional para la Revisión del Sistema General de Participaciones, que debe presentar un proyecto de reforma en los próximos 6 meses.
También priorizaremos el proyecto de ley de consulta previa, que algunos partidos han presentado a consideración del Congreso de la República, para que dicho proyecto no vaya en detrimento del derecho fundamental a la consulta previa, consagrado en el Convenio 169 de la OIT, y recoja la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia y sea consultado con las comunidades afrocolombianas beneficiarias.
En cuanto al control político, vamos a darle importancia a la realización de tres debates sobre:
- La implementación de la Ley 70 de 1993, en los 26 años de su vigencia.
- La crisis humanitaria en los territorios colectivos afrocolombianos.
- El deslinde de Belén de Bajirá como territorio del departamento del Chocó
En materia de seguimiento al plan de desarrollo afro 2018 – 2022, vamos a priorizar el seguimiento y monitoreo a los 16 artículos que quedaron incluidos en la Ley 1955 del 2019 (Ley del PND) para garantizar su cabal cumplimiento y aplicación.
Y finalmente, en materia de diálogo social regional, la Comisión Legal Afro avanzará en la realización de los Foros Sociales Regionales, en los que participarán la sociedad civil afrocolombiana y las expresiones organizativas étnicas regionales priorizando los foros de San Andrés, Cali, Quibdó, Tumaco, Medellín, Cartagena – San Basilio de Palenque y Bogotá.