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El futuro de los municipios exige una planeación de largo plazo, en la que se evalúen las competencias que tienen las localidades y las tendencias que registran en términos demográficos, ambientales, viales, de servicios públicos y sobre los usos del suelo.

El principal instrumento que debe marcar el norte a seguir de las localidades para abordar estos y otros grandes temas es el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), y cada municipio está llamado a formular y adoptar el suyo para reglamentar de manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de expansión y rurales. El POT es una herramienta que le permite a un alcalde conocer su territorio y así tomar decisiones, por ejemplo, qué tipo de construcciones permitir y en qué lugares.

Sin embargo, el panorama nacional registra desde hace muchos años una situación preocupante, la mayoría de los municipios del país tienen sus planes de ordenamiento territorial desactualizados. Según el Departamento Nacional de Planeación, el 81% de los municipios del país requieren actualizar sus POT, es decir, la dificultad se presenta en 886 de los 1.101 municipios que hay en Colombia. Esa desactualización es tan avanzada que la última vez que algunas localidades actualizaron su Plan de Ordenamiento Territorial fue hacia el año 2000.

Existen tres tipos de instrumentos de ordenamiento territorial a nivel municipal, están los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), que se formulan para ciudades con más de 100 mil habitantes, que concentran el 56,3% de la población colombiana. De los 56 POT que se deben formular en el país, 33 no están vigentes.

Luego están los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT), para municipios con una población que varía entre 30 mil y 100 mil habitantes. De los 158 PBOT que deberían estar actualizados, 135 no lo están.

Finalmente están los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT), que se formulan en los municipios con menos de 30 mil habitantes. De los 888 EOT de todo el país, 718 no están vigentes.

Pero a estas tres clasificaciones se les generaliza con la sigla POT.

La vigencia de los Planes de Ordenamiento Territorial es de 12 años, lo que significa que se trata de instrumentos de planificación que deben tener una duración de dos gobiernos y medio, pero, aunque estos pierdan vigencia y no sean actualizados y contengan información que no corresponda con la realidad actual de los municipios, siguen siendo documentos oficiales, lo que limita el campo de acción de las administraciones locales.

Lo que se tiene ahora es que la visión municipal es a corto plazo, sustentada especialmente en los Planes de Desarrollo Municipales, que rigen tan solo cuatro años y que corresponden a un solo periodo de gobierno.

En Santa Rosa de Cabal, por ejemplo, se lleva a cabo el proceso de formulación del nuevo Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), porque el que dispone ahora se formuló en el año 2000 y estaba proyectado hasta el 2012. El alcalde de ese municipio risaraldense, Henry Arias Mejía, explica que las circunstancias de esa localidad han cambiado en 17 años. En ese entonces, “la economía del municipio se sustentaba especialmente en el café y el plátano, y hoy, aunque sigue siendo un municipio eminentemente rural, la vocación ha variado notablemente hacia el sector turístico”. Adicionalmente, en este municipio se ha acelerado la dinámica inmobiliaria, “y esa planeación de hace doce años no contemplaba unas áreas para urbanizar y otras para espacios público”, que son las necesidades que se sienten actualmente, explica el mandatario local.

La necesidad de actualizar los instrumentos de ordenamiento territorial de primera generación se siente con fuerza debido a las debilidades que estos presentaron en su formulación. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación se encontraron, entre otros, los siguientes inconvenientes:

  • El 60% definió inadecuadamente su perímetro urbano en EOT.
  • El 32% no clasificó suelo de expansión y 50% determinó suelo de expansión sin criterios e información adecuada.
  • 14% de los POT no incluyeron suelo de protección, mientras que 61% lo delimitó erróneamente.
  • 60% no tiene en cuenta usos agrícolas, ganaderos, forestales, y 97% no incluye estrategias y programas para desarrollar componente rural.
  • 97% no tiene estudios de amenaza y riesgo urbano.

Además, estos POT fueron formulados considerando que el territorio termina en su límite político administrativo, sin considerar ninguna visión subregional.

Las justificaciones para no actualizar los Planes de Ordenamiento Territorial varían, en algunos municipios se considera bastante costoso, por ejemplo, en el caso de Santa Rosa de Cabal asciende a aproximadamente 800 millones de pesos, y en municipios más pequeños, con menos de 30 mil habitantes, el costo de formular un EOT puede alcanzar los 500 millones de pesos. Estas cifras son bastante elevadas para municipios con presupuestos menguados.

Otros motivos para que los municipios no actualicen sus POT es que los consideran documentos engorrosos que deben estar articulados con otros instrumentos de planeación municipal (como el Plan de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos o el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres) y regional (como el Plan de Gestión Ambiental Regional, el Plan de Ordenamiento de Manejo de Cuencas), que también deben estar actualizados. Y para articularlos, hay que hacer estudios.

También está el caso de los municipios que ha comenzado a actualizar sus POT, pero ante el surgimiento de nuevas normativas que obligan a ser incluidas en los documentos de ordenamiento territorial, las localidades se han visto obligadas a retrasar su proceso de actualización.

El alcalde Arias reconoce que a muchos mandatarios locales “les genera temor” actualizar los POT porque se trata de un asunto que genera mucha suspicacia cuando se cambia un uso de suelo rural a zona de expansión urbana, lo que, por supuesto, aumenta el valor de la tierra.

Aun así, en muchos municipios se toman decisiones sin considerar sus POT, es el caso de proyectos inmobiliarios y procesos de ocupación del territorio sin una debida planeación y en sitios no permitidos, sea porque el uso del suelo es otro, porque no cuenta con la infraestructura de servicio público necesarios o, peor aún, porque son sitios de alto riesgo de desastres. A través del POT se analizan las amenazas y las condiciones de riesgo de un territorio y esto permite orientar la zonificación para su uso adecuado, por eso, tenerlo desactualizado puede poner en riesgo la seguridad de la población.

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Administrador ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira, con maestrías en urbanismo, del Instituto de Urbanismo de París, y en periodismo, de la Universidad de San Andrés y el diario Clarín de Argentina.

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