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Qué sentido tiene insistir en salidas que de antemano se sabe que son perjudiciales para la población general. Para qué retroceder y volver a discutir la posibilidad de usar glifosato para acabar con las hojas de coca, si son claros sus efectos nocivos para la salud humana y para el medio ambiente.

Hasta el 31 de diciembre de 2017 había 171.000 hectáreas de coca en Colombia, lo que representa un aumento del 17%, respecto al año anterior, según el Informe de Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos, publicado en 2018 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Ante este incremento la salida fácil ha sido la propuesta de volver al uso de la aspersión aérea con glifosato. Y es una solución facilista porque no considera las variables ambientales, sociales y económicas de las zonas que rodean estos cultivos y de las poblaciones asentadas.

El mencionado informe de la Naciones Unidas señala que “la transformación de los territorios sigue siendo el camino más claro para lograr la paz y el desarrollo en las zonas afectadas por los cultivos de coca. Esa transformación es posible si se supera la mirada centrada en el lote de coca y se entiende y actúa sobre las complejidades de los territorios. Esto implica no solo pensar en las unidades productivas donde se siembra coca sino en los vecinos no cultivadores, los centros poblados más cercanos y los centros de mercado que pueden articular la actividad lícita. Por otro lado, es necesario identificar alternativas realistas para las zonas aisladas donde la posibilidad de integración con los centros poblados es difícil, alternativas que incorporen instrumentos de conservación y que contribuyan a la estabilización de la intervención sobre los bosques y a la reducción de la deforestación”.

Sí, la aspersión con glifosato es efectiva para acabar con las plantaciones de coca, pero de paso acaba con las plantaciones de los otros cultivos que hay alrededor, además de contaminar las fuentes hídricas cercanas y las aguas subterráneas, ya que, por ser aérea, esta fumigación no afecta exclusivamente a las plantaciones de cultivos ilícitos. Además, muchos cultivos de coca están escondidos entre plantaciones de plátano, yuca y árboles frutales.

Colombia dio un gran paso en octubre de 2015 cuando el Consejo Nacional de Estupefacientes acató la recomendación de la Corte Constitucional de suspender las fumigaciones con glifosato en caso de que existiera un riesgo mínimo para la salud humana. Esa decisión se tomó luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un informe en abril de ese mismo año que afirmaba que el glifosato es probablemente cancerígeno. Y el principio de precaución es relevante en asuntos de salubridad pública, es decir, que no solo se debe tener la certeza, sino también la potencialidad del daño.

El exministro de Salud, Alejandro Gaviria, expuso hace unos días en la audiencia que se llevó a cabo en la Corte Constitucional sobre la conveniencia de usar glifosato para combatir los cultivos ilícitos, que “la evidencia en su conjunto muestra que el glifosato tiene un efecto adverso sobre la salud, puede ocasionar cáncer, con una alta probabilidad aumenta la mortalidad infantil, ocasiona problemas dermatológicos y respiratorios, y puede interferir en el desarrollo embrionario, por lo que no es una sustancia de baja toxicidad”. Y concluyó: “Hay mucha mayor certeza sobre el costo de las aspersiones sobre la salud, que es muy alto, que sobre su beneficio como política antidrogas, que es incierto y, según los últimos estudios, muy bajo”.

Colombia adelanta fumigaciones de cultivos ilícitos con glifosato desde 1978. Cuarenta años después el país sigue a la cabeza como el mayor productor de coca. Es claro que la estrategia concentrada en la fumigación ha sido un fracaso. Y aun así, se persiste en ella. No se ha aprendido nada.

A pesar de este rotundo fracaso persisten los defensores del uso de este herbicida, quienes minimizan sus efectos nocivos con argumentos tan livianos como decir que “en la misma categoría del glifosato están productos de la canasta familiar como las carnes rojas y el aceite de cocina”, según manifestó el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en plena Corte Constitucional. Además, en esa misma sesión el ministro de Ambiente titubeó cuando le preguntaron por estudios de monitoreo sobre las consecuencias del glifosato en las abejas. Y el ministro de Defensa respondió que la aspersión aérea con glifosato en una hectárea de coca cuesta 2 millones de pesos, cuando en realidad vale más de 70 millones.

De parte de los defensores del uso del glifosato parece haber un desconocimiento total del tema y un desinterés por las consecuencias para la salud del uso de este herbicida. ¿Acaso la prisa por mostrar resultados inmediatos en la erradicación de cultivos de coca está por encima de los riesgos para la salud de las poblaciones? La lucha contra las drogas centrada en la fumigación de cultivos ilícitos ha sido un fracaso, los daños que este herbicida causa a la salud y al medio ambiente son evidentes, parece que el único que gana acá es Monsanto, el productor del herbicida.

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PERFIL
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Administrador ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira, con maestrías en urbanismo, del Instituto de Urbanismo de París, y en periodismo, de la Universidad de San Andrés y el diario Clarín de Argentina.

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