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¡Feliz año nuevo! Durante esta época del año, muchos nos proponemos un nuevo comienzo, establecemos objetivos que queremos alcanzar y preparamos estrategias para enfrentar los obstáculos en que se presenten en el nuevo camino de 365 días. Claro que pensar en nuevos objetivos es menos complicado que lograrlos, pero una visión clara de los ingredientes principales que nos ayuden a cumplir nuestras metas nos permite establecer prioridades y empezar a resolver el dilema.
Los gobiernos en América Latina y el Caribe se encuentran en una posición difícil. En 2015 se estima un crecimiento estimado del 2,2 % ante un escenario mundial marcado por el descenso de los precios de las materias primas y la débil demanda global. Los gobiernos de la región enfrentan el inmenso desafío de proteger los avances realizados en materia de reducción de pobreza, que ha caído a niveles históricamente bajos del 27,6 % en 2014. La región ha avanzado en la elaboración de mejores políticas de desarrollo, con mayor responsabilidad fiscal. Sin embargo, los gobiernos están presionados por problemas cada vez más complejos y por las expectativas reprimidas de mejores servicios que tienen los ciudadanos.
Aun así, el sector público necesita ser austero. No obstante, el tamaño del gobierno se mantiene reducido en la región, considerando que el gasto del gobierno central representaba un promedio del 28 por ciento del PBI en 2011, en comparación con el 45% en los países miembros de la OECD según un informe reciente del BID y la OECD. El verdadero problema es su eficacia. Una causa raíz de la brecha entre las políticas públicas creadas y su implementación real tiene que ver con las disfunciones y debilidades existentes en la maquinaria de gobierno, especialmente a nivel local.
Lograr mejores gobiernos requiere tres ingredientes clave a tener en cuenta:
En primer lugar, forjar gobiernos eficaces.
Un gobierno eficaz es el que logra resultados que responden a las necesidades de sus ciudadanos. Gestiona en función de los resultados y toma decisiones basadas en evidencia. Los gobiernos eficaces requieren la dirección, coordinación y reglamentación de las políticas públicas a través de centros de gobierno fuertes y estratégicos, generando y utilizando información estadística y evidencia empírica en la elaboración, implementación y evaluación de las políticas. Requiere además la capacidad de planificar y presupuestar en forma estratégica, administrando el gasto público en forma eficaz a través de sólidos sistemas de gestión de información, y monitoreando y evaluando el impacto de la provisión de los servicios públicos.
¿Dónde empezar? Existen dos vías principales: poner las estadísticas a la vanguardia del diseño de políticas y mejorar la capacidad del nivel ejecutivo para guiar, coordinar y direccionar el gobierno en forma eficaz. Un estado eficaz requiere un núcleo estratégico fuerte – no un estado fuerte. Los roles de presidente y de primer ministro, si bien son políticamente fuertes, resultan técnicamente débiles. Las estadísticas gubernamentales no son utilizadas en forma suficiente como base de información en la elaboración de políticas y los programas de gobierno son rara vez evaluados con rigurosidad. Varios países de la región han dado importantes pasos en los últimos años para reinventar su centro de gobierno, como lo han hecho Chile, Paraguay Uruguay, entre otros. En Ecuador y Honduras, por ejemplo, los gobiernos han creado “ministerios de coordinación”, responsables de armonizar políticas. Además, países como México, también han invertido fuertemente en su capacidad estadística, otorgando mayor autonomía a la entidad estadística correspondiente.
En segundo lugar, promover gobiernos eficientes.
Un gobierno eficiente es el que reduce los costos de los ciudadanos en sus interacciones con el sector público y brinda servicios de una determinada calidad a menor costo. Los gobiernos eficientes requieren la ampliación de soluciones basadas en gobierno electrónico (e-gobierno) potenciando el uso de tecnologías de información en una sociedad cada vez más joven y más conectada. Esto además implica mejorar la calidad de las regulaciones y simplificar la burocracia administrativa. Las burocracias son administradas por personas que necesitan estar comprometidas con el bien público y con la prestación de servicios a todos los ciudadanos. Promover un servicio público técnicamente competente y fiscalmente sostenible representa uno de los mayores desafíos.
¿Dónde empezar? Dos áreas principales: la profesionalización del servicio público, y la reducción de la burocracia. Si bien estos temas probablemente representan algunos de los desafíos más difíciles, introducir reformas en el servicio público es posible y, en efecto, se ha avanzado en este sentido, si bien es cierto que el nivel de base ha sido bajo. Chile, Ecuador, la República Dominicana y Perú han registrado avances, y la región, en general, ha ascendido desde 30 puntos en 2004 a 38 puntos en el periodo 2011-13 en una escala de 0 al 100, según un estudio reciente del BID. Es mucho lo que resta por hacer, considerando que las reformas generalistas del pasado que procuraban reducir el gobierno en todos sus niveles han demostrado ser ineficientes para mejorar la capacidad del gobierno de cumplir con su misión. Entre los factores claves se encuentra la profesionalización del servicio público, las mejoras en las políticas de pago para atraer, retener y motivar a personal calificado, y la protección de la administración contra intromisiones políticas.
La reducción de la burocracia tendrá un rol preponderante para lograr simplificar la vida de las personas cuando deban recurrir a entidades gubernamentales. En este sentido, los gobiernos están utilizando innovaciones tecnológicas para mejorar el manejo de la información y racionalizar los procesos administrativos, por ejemplo, a través de un portal de servicios y servicios compartidos.
En tercer lugar, promover gobiernos abiertos.
Un gobierno abierto es aquel que es transparente, actúa con integridad y evita la corrupción. Estamos viviendo en una era digital de datos abiertos en la cual el manejo de información resulta crítico. La transparencia constituye una poderosa fuerza para modernizar el gobierno pero también lo obliga a rendir cuentas. La relación entre el estado y los ciudadanos está siendo radicalmente transformada por la innovación tecnológica, cuya velocidad de innovación frecuentemente supera la capacidad de los gobiernos de adaptarse a ella. Los gobiernos abiertos apoyan activamente un mayor acceso a la información y promueven su uso eficaz para evitar la corrupción y mejorar la gestión.
¿Dónde empezar? Hay dos prioridades: fortalecer los sistemas de rendición de cuentas y de integridad, y mejorar políticas específicas de transparencia. Fortalecer las entidades de control y auditoría representa un desafío definitorio para la región y es a la vez un mecanismo clave para que los gobiernos rindan cuenta de los resultados que logran, mejorando de esa manera la calidad de la gestión pública. La necesidad de promover un enfoque bien direccionado para mejorar el uso eficaz de la información por parte de los ciudadanos y las empresas es particularmente cierta en sectores de alto potencial, pero también es real en sectores de alto riesgo, tales como las industrias extractivas – petróleo, gas y minería en particular. Por ejemplo, Colombia está implementando una iniciativa novedosa para transparentar y mejorar el uso de las regalías mineras a través de un sistema georreferenciado de gestión de la información en el sector, Mapa-regalías.
Las administraciones abiertas, eficaces y eficientes marcarán el fin de los gobiernos sobredimensionados. Es hora de abrir la puerta a la era de los gobiernos inteligentes. Esta es una tarea ardua y de largo aliento para la cual se precisa más de un año, pero al menos sabemos de algunos de los ingredientes necesarios para poder logarlo.
* Jorge von Horoch es Especialista líder de Modernización del Estado y Coordinador del Cluster de Gestión Pública de la División de Capacidad Institucional del Estado del BID.
