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Este blog fue publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo en Gobernarte

 

LujanHugo Alconada Mon, uno de los periodistas de investigación más prestigiosos de Argentina, publicó recientemente un artículo que describe cómo las empresas constructoras de carreteras de Argentina crearon un cartel para repartir  los contratos de obras públicas.

Los miembros del cartel se encontraban en la sala de reuniones de la Cámara para realizar las negociaciones. En dicha sala hay una imagen de Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina.

Antes de comenzar con las negociaciones para arreglar los contratos, elegir a los “ganadores” y distribuir las ganancias, los miembros del cartel daban vuelta la imagen de Nuestra Señora de Luján, de manera que le daba la espalda a los presentes. Como dijo con franqueza una de las fuentes, lo hacían “para que ella no presenciara lo que hacíamos”.

Esta observación me hizo pensar en dos explicaciones posibles sobre los motivos por los cuales violamos las leyes, le mentimos al gobierno y a los demás.

Gary Becker, Premio Nobel de Economía, presentó una teoría. Becker sostiene que el cumplimiento de las leyes no se debería dar por sentado. Según él, los delincuentes son personas racionales que, antes de cometer un delito, realizan un análisis costo-beneficio. Dicho de una manera simple, Becker y sus seguidores piensan que los delincuentes primero calculan lo que pueden obtener si violan la ley. Luego, comparan ese valor con el castigo, las probabilidades de que los descubran y las probabilidades concretas de ser castigados.

Si el beneficio del acto ilícito supera todos los demás costos, es probable que la persona incurra en el acto delictivo.

Los que diseñan e implementan políticas públicas que siguen este enfoque están interesados en aumentar el costo del delito para romper el equilibrio. Curiosamente, el tema clave no siempre es el monto del castigo (perdón a los seguidores de la mano dura), pero sí el aumento de las probabilidades de detección y la aplicación efectiva del castigo. Además de la imposición de la sanción personal son muy importantes las medidas que apuntan a privar a la persona de los beneficios económicos del delito.

La otra teoría viene del ámbito de la economía del comportamiento. Uno de sus partidarios más conocidos es Dan Ariely, autor de The (Honest) Truth About Dishonesty: How We Lie to Everyone – Especially Ourselves (La (honesta) verdad sobre la deshonestidad: Por qué mentimos… en especial a nosotros mismos). El resumen de esta teoría sofisticada y compleja es que para comprender por qué las personas mienten o violan las leyes debemos analizar otros factores: el entorno en el que trabajamos, el ejemplo de los demás, el comportamiento de los líderes y lo que Ariely denomina la “brújula moral”. Este es el resultado de “las acciones de varias personas que, a pesar de que valoran la moral y de que desean ser vistos como personas éticas, a menudo no logran resistirse a la tentación de actuar en forma deshonesta”.

En Ethical Immunity: How people Violate their Own Moral Standards Without Feeling they are Doing So, (Inmunidad Moral: Como las Personas Violan sus propios Estándares Morales sin sentir que lo están haciendo”) Jason Dana, George Lowenstein y Roberto Weber sostienen que “las personas tienen una habilidad increíble para racionalizar el comportamiento antiético o para colocarse activamente en una posición en la cual adquieren «inmunidad ética» sin enfrentar las consecuencias ni las interpretaciones evidentes de sus acciones”.

Aquellos convencidos de las ventajas que tiene este enfoque, buscan promover políticas públicas que mejoran lo que se denomina “la arquitectura de las decisiones”. Ofrecen una infinidad de herramientas con del fin de incentivar a las personas para que hagan lo correcto. Entre estas herramientas se incluyen más información, incentivos adecuados y el reconocimiento explícito para aquellos que obedecen las leyes.

Tal como sugirieron Dana et al: “Ya se ha demostrado mediante una literatura experimental bastante amplia y exhaustiva que el deseo de verse como una persona ética ante uno mismo y ante los demás puede ejercer una fuerte influencia sobre el comportamiento humano”.

Volviendo a nuestros amigos del cartel y a Nuestra Señora de Luján, ¿hay algo de todo esto que nos pueda ayudar a resolver el problema?

Yo creo que sí.

Si tenemos en cuenta las dos teorías, podemos imaginar que con menos impunidad (aumento del costo de la delincuencia) y con mecanismos de licitación más transparentes y responsables, así como con una conducta ética que sobresalga (mejora de la arquitectura de las decisiones, incentivos y confirmación del valor de la brújula moral) habría menos probabilidades de que las personas se comporten de forma ilícita.

Por supuesto que esta no es una tarea fácil. No debemos olvidar que es realmente difícil descubrir cuál es la estructura de las transacciones corruptas. Estas se llevan a cabo a puertas cerradas y, según Alconada Mon, dentro de círculos de extrema confianza.

Resolver estos problemas es un gran desafío. Y hay algunos buenos casos. El Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, ha trabajado con estas ideas en mente al promover proyectos para la Controladoria Geral da Uniao in Brazil con el objetivo de fortalecer su capacidad de supervisión y, al mismo tiempo, facilitar la participación de los ciudadanos para controlar el gasto público a nivel municipal. El BID también ha brindado soporte para un proyecto en Bolivia; mediante el cual el Ministerio de Transparencia Pública recuperó aproximadamente USD 50 millones provenientes de transacciones corruptas. El préstamo fue de USD 5 millones.

Por último, ¿alguien podría atornillar la imagen de Nuestra Señora de Luján al piso?

robertodem
Sobre el autor

Roberto de Michele es abogado de la Universidad de Buenos Aires y LL.M de la Yale Law School. Actualmente se desempeña como Especialista Principal la División de Capacidad Institucional del Estado del BID. Fue Director de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción de Argentina; Gerente del Programa Iniciativa Privada para el Control de la Corrupción de la Fundación Poder Ciudadano; y trabajó como consultor del Banco Mundial, del BID, de las Naciones Unidas y de la OCDE, entre otros organismos.

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El BID es la mayor fuente de financiamiento para el desarrollo de América Latina y el Caribe.

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