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Todos coincidimos en que queremos infraestructura de calidad porque sabemos que a mayor calidad disminuyen los riesgos del proyecto, aumenta la disponibilidad y durabilidad del ciclo de vida de dicho proyecto, mejoran las experiencias de los usuarios, y por tanto, conviene invertir en esa infraestructura. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos que será de calidad?

El BID, al igual que otros bancos de desarrollo, utiliza un conjunto de políticas de salvaguardias para garantizar la calidad ambiental y social de los proyectos de infraestructura que financia. Si bien esto ayuda a que los dueños de los proyectos cumplan con ciertos estándares ambientales y sociales mínimos, debe venir acompañado de un proceso de constante mejora, como es habitual en gestión de calidad. A tal fin, debemos definir claramente qué es infraestructura sostenible y cómo puede ser alcanzada y sostenida en el tiempo.

En un sentido amplio, la infraestructura sostenible abarca las cuatro dimensiones de sostenibilidad: social, ambiental, económica e institucional. Con sostenibilidad institucional me refiero a un marco institucional que garantice buena gobernanza, o sea, adecuada planificación previa, preparación, ejecución y operación de proyectos de infraestructura con transparencia, rendición de cuentas, mensurabilidad y seguimiento de resultados. La importancia de esto fue recientemente subrayada por Garry Bowditch, experto líder australiano en infraestructura. Bowditch enfatiza la importancia de “una arquitectura institucional que ayude a que todas las partes del sistema de infraestructura trabajen juntas: mercados, uso de tierras, planificación, aprobaciones, priorización de proyectos, fondos, financiación, ejecución y operación”. Tal arquitectura es fundamental porque puede ofrecer la certidumbre necesaria para inversiones de largo plazo y los canales para gestionar y mitigar los riesgos inherentes a proyectos de infraestructura. Más específicamente, en su informe Infrastructure Imperatives for Australia, Bowditch identifica tres imperativos para una mejor preparación e implementación de proyectos de infraestructura, que pueden aplicarse como recomendaciones críticas para desarrollar proyectos sostenibles financiados por el BID:

1. Crear mercados para proyectos y servicios de infraestructura.

El razonamiento sugiere cambiar el modo en que se gestiona la infraestructura: “habitualmente, los gobiernos tratan la adquisición de infraestructura sobre una base individual, proyecto a proyecto, lo que conlleva que sus interacciones con el mercado a menudo sean poco coordinadas y fragmentadas. Cuando la demanda del gobierno es inestable y tiene avances y retrocesos inherentes, se exacerban los costos de infraestructura y disminuye la calidad de las respuestas del mercado”. Esto afecta el desarrollo del mercado de infraestructura y la habilidad de los licitadores de ofrecer el mejor servicio e innovación posibles.
Un mercado unificado de activos y servicios de infraestructura asegura que todos los componentes del sistema de infraestructura trabajarán juntos. Garantiza la planificación adecuada y evita obstáculos comunes a la adquisición de infraestructura: por ejemplo, que se la trate como un activo físico estático y se la adquiera sin las debidas consideraciones en cuanto a los servicios que ofrecerá, o que se adquiera infraestructura nueva, en lugar de optar por renovar y/o mejorar el uso de la ya existente. Un mercado de infraestructura fuerte debe caracterizarse por:

• una cartera de proyectos de largo plazo,
• fuerte participación y titularidad del sector privado,
• un desplazamiento de activos a resultados y provisión de servicios,
• innovación, receptividad y capacidad de crecimiento,
• recuperación total de los costos,
• regulaciones para proteger intereses de largo plazo de los consumidores ante la ausencia de competencia en el mercado.

2. Aumentar el atractivo de proyectos de infraestructura para la financiación privada

Movilizar fondos privados para proyectos de infraestructura es fundamental para cerrar la brecha de infraestructura en América Latina y el Caribe, como en otras partes del mundo. Para esto, se requiere mayor trasparencia en el proceso de generación de proyectos de infraestructura, mayor certeza en cuanto a las condiciones marco para la ejecución de proyectos, y menor riesgo durante la fase operativa. Proyectos de infraestructura de largo plazo y análisis de costo-beneficio superiores, más amplios e independientes son las palancas principales para alcanzarlos. Por lo tanto, Bowditch recomienda:

● Implementar una metodología constante y unificada para mejorar la relación en evaluaciones de costo-beneficio y asegurar la completa transparencia de todos los proyectos públicos listados para consideración, incluyendo los que se rechacen,
● Una cultura de mejora constante para la evaluación de proyectos, reviéndolos tras compleción y 10 años más tarde,
● Alinear el financiamiento de infraestructura y el desarrollo del mercado de capital mediante el desarrollo del mercado de bonos de largo plazo, preferencias en los fondos de retiro y de pensión, y
● Mejorar el atractivo de inversiones a través de la utilización superior de activos. Para ello, las señales de precios deben guiar la oferta y demanda de infraestructura, la recuperación total del costo debería aumentar el atractivo para inversiones privadas, y las nuevas tecnologías pueden mejorar la utilización de activos.

3. Revisar infraestructura para innovación radical y aumento de la productividad

Mejorar la productividad y aprovechar el poder de la innovación en el sector de infraestructura, son importantes prerrequisitos para incrementar su productividad. Los métodos recomendados para promover esto, son:

● Colocar los resultados como premisa central en la adquisición de infraestructura es de por sí innovador, pero también cataliza la innovación en la provisión de servicios de infraestructura al desplazar el foco de los atributos físicos de un activo, al servicio que proveerá.
● Decisiones de gran calidad que contemplan todas las consideraciones gubernamentales, garantizan consistencia y un proceso de aprobación optimizado, que constituye el prerrequisito más importante para la implementación eficiente.
● La adquisición de tierras estratégicas a largo plazo, basada en la identificación previa de rutas terrestres estratégicas en ciudades y regiones, acelera la implementación de proyectos ya que evita retrasos por disputas de tierras.
● Equipos multidisciplinarios calificados y equipos en agencias gubernamentales relevantes, provistos de poder necesario de toma de decisiones, activamente involucrando al contratista del proyecto, son cruciales para la agilidad y calidad del proceso de suministro.
● Mejor información y analítica de construcción y operación de infraestructura y el uso de big data para la planificación de servicios de infraestructura pueden potenciar dramáticamente el desempeño de activos existentes de infraestructura, así como la eficiencia y optimización de una nueva oferta de servicios de infraestructura.

Para poder mejorar la calidad de nuestra infraestructura, las instituciones y buena gobernanza son fundamentales. Mientras esta temática es principalmente responsabilidad soberana de nuestros países asociados, los Bancos Multilaterales de Desarrollo pueden ayudar, por ejemplo, ofreciendo talleres acerca de cómo montar y operar centros nacionales de evaluación y preparación de proyectos. En los últimos 12 meses, el BID ha organizado uno en Colombia y otro en Paraguay. También es útil apoyar plataformas para la presentación estandarizada de proyectos de infraestructura para la comunidad inversora. Es por esto que el BID ofició recientemente de anfitrión del lanzamiento del Sistema Internacional de Apoyo a la Infraestructura, una plataforma de la Fundación de Infraestructura Sostenible apoyada por una gran alianza de bancos nacionales y bancos multilaterales de desarrollo. Montar un “ecosistema para infraestructura de calidad” aún requiere esfuerzos adicionales, pero hemos dado los primeros pasos y sabemos que las ganancias ambientales, sociales y económicas serán inmensas.

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El BID es la mayor fuente de financiamiento para el desarrollo de América Latina y el Caribe.

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