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El jueves 25 de julio se llevó a cabo una audiencia en el Palacio de Justicia en donde la Corte Constitucional escuchó las intervenciones a favor y en contra en la demanda contra la exequibilidad del Marco Jurídico Para la Paz, interpuesta por un colectivo de abogados en representación de un sector de víctimas de la violencia.
Entre la lista de invitados por la Corte estuvo el Presidente de la República, el Alto Comisionado para la Paz, el Presidente del Congreso, el Presidente de la Sala Pena de la Corte Suprema, el Fiscal General, el Procurador, líderes de ONGs dedicadas a temas de derechos humanos, conflicto armado y construcción de paz, y varios académicos expertos en temas relevantes.
Desde muy temprano, los medios de comunicación fueron llenando las graderías del recinto y a partir de las ocho de la mañana, cada asiento de la sala se fue ocupando por altos funcionarios del Gobierno, exmagistrados, excandidatos presidenciales, diplomáticos de varias embajadas, así como una variedad de asesores, escuderos y contradictores. Fue una verdadera prueba de fuego para la reforma constitucional que dota al Ejecutivo con herramientas, que se podrían aplicar una sola vez en los próximos cuatro años, para pactar el fin del conflicto.
Aunque la constitucionalidad del marco fue demandada en tres aspectos específicos, el corazón del debate, en términos prácticos, fue el mismo que ha enfrentado cualquier sociedad que alguna vez haya buscado negociar y pactar el fin de un enfrentamiento armado: ¿cómo acordar la paz sin sacrificar la justicia?
Los expositores del Gobierno, de distintas maneras, defendieron un mecanismo de justicia en transición que concentraría los recursos del Estado en investigar y condenar a los máximos responsables, como una estrategia realista que representa la mejor manera de lograr la paz con un máximo de justicia para las víctimas.
En oposición al marco, sorpresivamente confluyeron los extremos opuestos, en una linea de argumentación que sostuvo que un mecanismo que suspenda temporal y excepcionalmente la obligación de la justicia penal de investigar cada violación del derecho internacional humanitario y condenar a cada responsable directo, sería equivalente a garantizar la impunidad y a privar a las víctimas de sus derechos.
En resumen, los opositores argumentan que de enfocarse en investigar y juzgar a los máximos responsables, el Estado no garantizaría los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición que sirven como fundamento de todo proceso de paz moderno. En ese sentido, sostienen que al no investigar caso por caso, se estaría sacrificando la verdad; que al no juzgar a los responsables directos de cada crimen, se estaría sacrificando la justicia y la reparación retributiva; y que al no condenar a cárcel a todos los responsables directos -es decir, mandos medios y bajos- no se estaría garantizando la no repetición.
Aunque los argumentos opositores son respetables y a primera vista suenan sensatos, no corresponden a la realidad de Colombia sino a una concepción de otro país, en paz y con una justicia eficaz.
La realidad de nuestra sociedad es que llevamos viviendo más de medio siglo en conflicto armado interno y con un sistema de justicia penal que deja mucho que desear.
Cada semana, los colombianos nos indignamos ante un nuevo caso de impunidad escandalosa. En términos generales, la probabilidad de condena por un delito en Colombia no supera el 20%. En términos de homicidios, esa probabilidad se reduce al 3%. Colombia ocupa el puesto 178 de 183 en el ranking de efectividad judicial publicado en el 2012 por el Banco Mundial.
Teniendo en cuenta que nuestro país tiene una de las tasas de impunidad más altas del mundo, ¿de qué paz sin impunidad es la que hablan aquellos opositores que proponen poner la carga excepcional de una etapa de transición en manos de la justicia ordinaria?
Actualmente, nuestro sistema penal acusatoria es tan débil que, en promedio, no es capaz de resolver el 80% de los crímenes denunciados, ¿pero por arte de magia vamos a ser capaces de investigar y resolver cada uno de las graves violaciones del derecho internacional humanitario del último medio siglo de conflicto, caso por caso?
En ocho años de Ley de Justicia y Paz, un mecanismo maximalista por el que abogan los opositores, se han producido menos de 20 condenas efectivas. ¿Qué es eso si no una impunidad de facto?
Tampoco conocemos la verdad, pues los ventiladores de los jefes paramilitares se prenden selectiva y estratégicamente para satisfacer sus intereses. Y la historia se está repitiendo, pues gran parte de las autodefensas se reciclaron en Bacrim.
Mientras logramos reformar nuestro inoperante sistema judicial, sería un despropósito anteponer el cumplimiento de la promesa de una justicia ideal a la mejor posibilidad que hemos tenido de ponerle fin a un circulo vicioso de violencia e injusticia crónica.
El mayor avance hacia la justicia efectiva y la paz en Colombia sería ponerle fin al conflicto para liberarnos de un lastre que socava nuestro progreso en todos los frentes. Acto seguido, como sociedad, debemos asumir la ineludible responsabilidad de reformar nuestras instituciones para ofrecer a los colombianos una justicia imparcial, ágil y efectiva, como el pilar de un estado de derecho fuerte y la mejor garantía de una paz duradera.
Dicho eso, ¿cómo podemos poner fin al conflicto y satisfacer al máximo los derechos de las víctimas? Debemos adoptar un esquema de justicia transicional integral, realista y transparente que, incorporando las lecciones de nuestra historia y de diversas experiencias internacionales, nos permita cerrar este oscuro capitulo de una vez por todas para comenzar uno nuevo.
De la historia no se vive, se aprende; y su lección más valiosa es que el futuro se define en el presente. El mejor homenaje que podemos hacer a las víctimas es aprovechar esta oportunidad, quizás las última que tendremos, para pactar el fin de un conflicto anacrónico que no tiene porque seguir heredando generación tras generación.
Por: @CamiloDeGuzman
Nota Bene: Tradicionalmente, quienes más han insistido en fijar la solución a todos los problemas del país como precondición para acordar el fin del conflicto son las Farc y sus simpatizantes.
Nota Bene II: ¿Se puede considerar una victoria terminar con los mismos derechos con los que nace cualquier colombiano – es decir, participar en política – tras pasar cincuenta años en el monte? Es evidente que en Colombia ganó el estado de derecho y de forma irreversible. El punto de estas conversaciones es agilizar la transición hacia una democracia libre de armas para ahorrarnos los enormes costos humanos, sociales, ambientales y económicos de una victoria militar absoluta.
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