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Desde 2014 empezó una campaña contra la vacuna del VPH que ha contado con la complicidad de los medios y de funcionarios públicos como el procurador Alejandro Ordóñez y el senador Fernando Araújo Jr.

Ahora, los antivacunas demandaron ante la Corte Constitucional la ‘obligatoriedad’ de aplicar el esquema de vacunación.

Primero aclaremos la seguridad de la vacuna: la vacuna es completamente segura. Todos los estudios revisados por pares y publicados en revistas indexadas de amplia trayectoria y alto factor de impacto que se han hecho sobre las vacunas contra el VPH han encontrado que es completamente segura — es más, hasta ofrece prevención para el cáncer de garganta.

Aunque uno esperaría que la corporación que preside María Victoria Calle encontrara esta evidencia más que suficiente para declarar exequible la supuesta ‘obligatoriedad’ de la vacuna, resulta que la Corte tiene un historial de dejarse meter los dedos en la boca por charlatanes y traficantes de miedo — para la muestra: psicoanálisis, anti-antenas, homeopatía y etiquetado de transgénicos.

Lo de las niñas de Carmen de Bolívar fue una enfermedad psicogénica masiva. Entiendo que padres de familia a quienes el sistema educativo les falló miserablemente puedan creer que la vacuna está detrás de lo que le pasó a sus niñas. Si alguien ve que después de tomar cerveza con hielo, whisky con hielo y ron con hielo las personas se emborrachan, podría sacar la conclusión de que el hielo emborracha; sin embargo, la política pública no puede caer en estas trampas, y ojalá los magistrados estén lo suficientemente despiertos para comprender que correlación no es causalidad. Prohibir la vacuna porque muchas de las niñas sufrieron estos episodios cronológicamente después de recibir la inyección tiene tanto sentido como prohibir el agua en vista de que el 100% de los asesinos en serie ha tomado agua. (De hecho, muchas niñas sufrieron de lo mismo sin haber recibido la vacuna. ¿Cómo explican eso?)

Otro ‘argumento’ antivacunas afirma que Japón y Francia desaconsejaron la vacuna. Esto es una falacia de apelar a la autoridad y la política pública no tiene por qué hacer lo que hacen los demás (con la ‘obligatoriedad’ de la vacuna contra el VPH, este es una de los pocos casos en que Colombia es más Dinamarca que Cundinamarca).

Pero los demandantes tienen una cruzada ideológica que ganar y harán lo que sea —incluso poner a miles de niñas en riesgo de contraer cáncer de cuello uterino— para imponer su muy rentable dogma, porque resulta que el miedo siempre es rentable.

Y según ellos, la ‘obligatoriedad’ de aplicar el esquema de vacunas viola derechos fundamentales porque no se puede obligar a nadie en el país a vacunarse o a vacunar a sus hijos.

La idea de que los padres pueden criar a sus hijos como quieran tiene la absurda conclusión lógica de que pueden hacer lo que les dé la gana con los niños, o sea que estos quedan desprotegidos de los caprichos de sus padres.

Si los quieren matricular a una religión, al partido nazi, o golpearlos, dirán que son derechos de los padres… pero no lo son. El Estado debe proteger a los menores de estos excesos y para eso existen los servicios infantiles, que intervienen cuando los niños son desatendidos, maltratados o no reciben una alimentación suficiente. Si unos padres creyeran que lo pertinente sólo es darle de comer una vez al día a los hijos, el Estado tendría que intervenir, pues hay una obligación de darles una alimentación adecuada, independientemente de las creencias paternas. ¿Esto atentaría contra los derechos fundamentales de los padres? No, para nada.

La obligación de llevar al hijo al médico cuando enferma tampoco atenta contra los derechos paternos — el derecho fundamental es el del acceso a tratamientos de salud efectivos y se le garantizaría al niño. Igualmente, dimos con una forma efectiva y segura de reducir drásticamente las tasas de cáncer de cuello uterino, virtualmente sin efectos secundarios, por lo que permitir que la vacuna sea ‘optativa’ es un asalto a los derechos fundamentales de los niños.

Por mucho que le duela a los traficantes de miedo, no existe el derecho fundamental a que la ignorancia o el miedo de los padres les cueste bienestar y la salud a sus hijos.

Nunca deja de sorprenderme todo lo que la gente está dispuesta a hacerle a su propia descendencia, que resultaría ilegal y hasta delito hacerle a un extraño u otro adulto.

(imagen: Blake Patterson)

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PERFIL
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David Alejandro Osorio es un periodista colombiano y crítico de la religión. Ganó el Tercer Puesto del Premio al Mejor Activista Individual concedido por la organización Secular Student Alliance y fue el primer ganador de la categoría Prensa Digital del premio ETECOM Colombia para estudiantes de periodismo.

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