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Imagen tomada de eltiempo.com (‘Miles acogieron llamado de uribismo y marcharon en contra del Gobierno’ – 02 de abril 2016 , 07:16 p.m- (https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16553169))
La cohesión es lo único que dará lugar a una verdadera reconciliación. Aún hay sectores que se sienten agredidos por la forma en que se llevó la negociación con las Farc, se refrendó lo acordado y se determinó su entrada al ordenamiento jurídico. La ley estatutaria de la JEP, al igual que las demás que hallaron fundamento en los compromisos de La Habana, pasó por el congreso de manera fugaz e intempestiva y vulneró los derechos de los opositores de aquel entonces, sus observaciones fueron desnaturalizadas y pasadas por alto. Decidieron acercarse a unos mientras excluían a los otros. Faltó lealtad.
Más que en un debate jurídico deberíamos ahondar en uno político. La paz tiene que estar precedida por un pacto nacional sincero y hasta ahora no se ve disposición alguna para ello. La clave para la consolidación de una paz estable y duradera está en ofrecer condiciones que favorezcan a la realización de consensos, tenemos que impulsar la transformación de las dinámicas que nos han sumido en un estado de conflictividad permanente. Por ello es necesario incentivar la creación de escenarios que faciliten la inclusión de quienes se sintieron aplastados por las mayorías oficialistas del pasado. Hay un inconformismo evidente que se ha expresado en múltiples ocasiones, una de ellas, diciendo mucho con poco, concluyó en la derrota del establecimiento ante un desacuerdo generalizado.
Con lo dicho no pretendo avalar la pretensión de algunos de acabar con la jurisdicción especial, no me cabe duda alguna de que dicha institución, su existencia y viabilidad, es fundamental para garantizar la verdad, la justicia y la reparación que añoran las víctimas y la sociedad. Tampoco acompaño a quienes vehementemente se niegan al cumplimiento de la esencia de lo pactado, contemplar su inobservancia no solo es una imposibilidad jurídica sino un acto de arrogancia, negarnos a la consecución de un futuro distinto es un sinsentido y representaría un gran obstáculo para el desarrollo del país.
Ha llegado el momento de ceder, la legitimidad que tanta falta le hace a este proceso para seguir su camino hacia el éxito está en nuestras manos. Nadie pretende afectar a la institucionalidad, no se trata de impunidad, ni de esconder la verdad, mucho menos de perpetuar la guerra. Se trata de finalizar una discusión interminable, de mejorar lo que se pueda mejorar y, finalmente, comenzar a ocuparnos de los demás problemas que nos detienen y en la búsqueda de sus soluciones.
Por primera vez deberíamos actuar de buena fe y confiar en que los demás, incluyendo al poder ejecutivo, también lo harán. Esta es la oportunidad para dar el primer paso hacia un estado de posconflicto. Naturalmente no es fácil justificar la concesión de espacios, mucho más al tratarse de distanciamientos ideológicos, pero debemos considerar su pertinencia.
La situación no es nueva, negarse al diálogo ha sido una constante, el planteamiento de posiciones inamovibles ha condicionado los debates sobre lo público durante toda nuestra historia, allí reside el origen de tantas dificultades, la conveniencia de cambiar las formas que nos mantienen estancados es indiscutible.
Las deliberaciones deberían concluir en acuerdos que beneficien a la ciudadanía, no en divisiones cada vez más profundas cimentadas en la destrucción del contradictor y en la invisibilización de sus ideas. La política debería ser un ejercicio racional determinado por la honestidad intelectual y la calidad argumentativa, no el cúmulo de agresiones y señalamientos que rigen en la actualidad. La única forma de frenar la descomposición que amenaza a las democracias modernas es insistir en esta cualificación, tenemos que escucharnos mucho más, tenemos que superarnos.
@GabrielCasadieg
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