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El 19 de febrero de 2016 el gobierno colombiano fue notificado de una demanda instaurada por la empresa multinacional Tobie Mining Inc., en el marco del tratado de libre comercio celebrado entre Estados Unidos y Colombia en 2006, por 16,5 billones de dólares. Sin embargo, sólo hasta hace muy poco se conoció el texto de la demanda que amenazaría la estabilidad del país tanto a nivel fiscal como socioeconómico. Ya no se trata de amenazas vagas -como se ha querido mostrar por un sector de la opinión pública-, sino que nos encontramos frente a un hecho cierto. Frente al silencio de las autoridades al respecto, considero no sólo relevante sino moralmente necesario visibilizar el caso e ilustrar las exorbitantes pretensiones de esta empresa, que están soportadas en argumentos sorprendentes.

(Consulte aquí el texto de la demanda.)

Divide y reinarás: la estrategia fallida de Tobie Mining Inc.

Esta historia empieza en octubre de 2009 con la creación del Parque Nacional Natural Yaigojé-Apaporis. Por primera vez en la historia del país se daba curso a una solitud hecha directamente por autoridades tradicionales indígenas -agrupadas alrededor de la Asociación de Capitanes Indígenas Yaigojé-Apaporis- para proteger el medio ambiente de la Amazonía colombiana y su supervivencia de la comunidad. De forma inexplicable, dos días después de la creación del parque, la empresa Tobie Mining recibió de Ingeominas un título minero (el contrato de concesión IGH-15001X) para extraer oro dentro de dicha área, por 29 años.

Como es sabido, la constitución colombiana prohíbe el otorgamiento de títulos mineros dentro de áreas protegidas, como el Yaigojé-Apaporis. Por lo tanto, frente a esta absurda situación, en 2011 la procuraduría le solicitó a Ingeominas el retiro y desalojo de las actividades mineras en el área. Esta solicitud vendría a ser confirmada en 2013 cuando la Agencia Nacional de Minería declaró la caducidad del título minero y la consecuente suspensión total del contrato de concesión respectivo. Aun cuando es cierto que el título minero fue otorgado por el estado colombiano, también lo es que éste estaba en contra del órden constitucional y era abiertamente perjudicial para los intereses del país. Por lo tanto, las autoridades estaban obligadas a su cancelación en pos de proteger intereses públicos superiores.

La empresa norteamericana no se quedaría quieta frente a esta situación. Según información revelada por varios medios, representantes de Tobie ejercieron influencia indebida dentro de la asociación indígena, lo que propició la creación de un grupo disidente: la asociación Acitava. Esta nueva asociación, movida por las promesas de una participación del 20% de la concesión, instauró una acción de tutela en contra de la creación del parque nacional natural, argumentando que no se había adelantado un proceso de consulta previa con ellos. Esto se hizo con el fin de eliminar cualquier impedimento para poder extraer oro en la zona, aun a costa de las afectaciones al medio ambiente y la supervivencia misma de los grupos indígenas.

Finalmente, en septiembre de 2015 la Corte Constitucional desestimó la acción de tutela y confirmó no sólo la existencia del parque Yaigojé-Apaporis, sino la suspensión inmediata de las actividades de exploración y explotación minera de Tobie Mining, y ordenó la no expedición de títulos mineros a futuro. En un acontecimiento que parece salido del realismo mágico, un líder la disidente Acitava confesó que detrás de la tutela había estado dicha compañía y su asesoría legal, sin perjuicio de que incluso hubiera tenido que ver con las diferencias internas en la comunidad que desencadenaron la acción judicial.

Las que no se ganan tampoco se pierden: Colombia es demandado ante arbitraje de inversión

Frente a su derrota en las cortes colombianas, Tobie Mining Inc. asumiría una actitud aún más beligerante -y en mi opinión, cínica- que la ya mostrada hasta el momento. Amparada en el tratado de libre comercio firmado entre Estados Unidos (su país de origen) y Colombia, la empresa decidió someter el caso ante un tribunal de arbitraje de inversión con el fin de que se condenara a nuestro país a revertir la decisión tomada respecto de sus intereses económicos -la cancelación del título minero-. O En su defecto, que se le indemnizara por la exorbitante cantidad de 16,5 billones de dólares, “valor justo del mercado” de acuerdo a los estimativos de depósitos de oro y hierro en el área de la concesión.

La demanda tiene una serie de particularidades que merecen ser contadas a la opinión pública. En una gravísima acusación, la compañía minera señala que las funcionarias públicas Julia Miranda Londoño -directora de Parques Nacionales Naturales- y Claudia Teresa Cáceres Domínguez -coordinadora del grupo de consulta previa del Ministerio del Interior- concertaron para falsificar registros de la consulta previa que era necesaria para la creación del parque Yaigojé-Apaporis. Igualmente, se dice que con ocasión de la visita de los magistrados de la Corte Constitucional a la zona para verificar las condiciones de la concesión debido a la tutela impuesta por Acitava, funcionarios de Parques Nacionales Naturales entrenaron a varios miembros de la comunidad para tergiversar los intereses y opiniones del grupo disidente. Muy lejos de lo que la Corte Constitucional estableció en su momento.

En consecuencia, y forma sorprendente, señala la empresa demandante que la supuesta expropiación a la que ha sido sometida es el resultado de maniobras fraudulentas por parte de diversos actores públicos y de la sociedad civil colombiana para que finalmente se constituyera el parque Yaigojé-Apaporis. En concreto, dice que “Es claro entonces que [Julia Miranda] Londoño, Parques Nacionales Naturales – PNN, la Agencia Nacional de Minería – ANM, [Claudia Teresa Cáceres] Domínguez, y la Fundación Gaia Amazonas, se vieron inmersos en una conspiración civil para cometer fraude y forzar la existencia del Parque Yaigojé-Apaporis, sin proveer ningún tipo de compensación por dicha expropiación”, y que por ende “el curso que ha tomado la conducta de Colombia, de acuerdo a lo acontecido a través de sus agencias, cortes y representantes, muestra de forma clara que una oportunidad limpia ante una corte en derecho y bajo las reglas del debido proceso no está disponible.” Es decir, Tobie Mining quiere mostrar a Colombia como un nido de corrupción a todo nivel, y que bajo dicho contexto hubo una confabulación general contra su inocente y recto proceder.

Cuando se piensa en la cantidad reclamada por Tobie Mining como indemnización por la suspensión definitiva de su título minero, es imposible mantener la calma. Estamos hablando de 16,5 billones de dólares -alrededor de 49,6 billones de pesos-, lo que representa el 11,8% del presupuesto de Colombia para 2016 y, en particular, sobrepasa la cantidad destinada para gastos de inversión en el mismo período -40,6 billones de pesos. Por lo tanto, de mediar una condena contra el país, las consecuencias a nivel fiscal y social serían incalculables. Con mayor razón si se tiene en cuenta que ésta no es una época boyante para la economía colombiana, y que además el país se apresta a realizar grandes erogaciones como consecuencia de la puesta en marcha del postconflicto. Para entender un poco la dimensión de esta demanda, hay que decir que, hasta el momento, la mayor condena que un tribunal de arbitraje de inversión ha proferido contra un estado fue de 1 billón de dólares, contra Ecuador, luego de una demanda interpuesta por la petrolera Oxy. Cuando menos escalofriante. Parece que una vez más nos vieron la cara de buenas gentes.

¿Es este el tipo de inversionistas extranjeros que quiere -y merece- nuestro país? ¿Será que los tratados de inversión negociados por Colombia, y en particular sus vagos estándares y mecanismos de solución de controversias, se ajustan a las condiciones de reciprocidad y dignidad que cualquier estado soberano merece? ¿Por qué es nuestro país uno de los pocos países de la región que se empecina en apoyar de forma irrestricta este tipo de acuerdos económicos internacionales? ¿Cuántas demandas más tendrán que serle notificadas al gobierno para que las autoridades competentes asuman una actitud transparente y decidida frente a este tipo de situaciones que amenazan la sostenibilidad fiscal y social de Colombia? Estas son preguntas que, por ahora, no tienen respuesta.

Twitter: @desmarcado1982

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Estudió derecho y a pesar de todo, se creyó el cuento de la justicia social y a eso se dedica. Cuando no está sumergido en la tesis doctoral le interesa la música latina y alternativa, el ciclismo colombiano en el mundo, la historia del más allá y el más acá, y los problemas públicos a nivel urbano y rural.

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21 Comentarios
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  1. ?Pero el contrato con Ingeominas se suscribió antes dela vigencia del tratado del TLC?. Se evidencia lo improvisado de TODOS estos gobiernos que no están preparados para la apertura económica, y se ponen a suscribir acuerdos y concesiones sin ninguna organización; por eso es que se perdió una buena porción de San Andres y Providencia.

  2. adriana857985

    Obviamente esta no será la única demanda que recibirá el estado colombiano por esta causa: se llama inestabilidad jurídica y tiene como resultado la estampida de los inversionistas, tanto extranjeros como nacionales. Las empresas mineras no son el enemigo, mucho países desarrollados han hecho crecer su economía a través de la minería (Australia y Canadá, por ejemplo) La minería es un negocio de alto riesgo y de altas inversiones, el Estado colombiano debe organizarse, para una empresa minera es un dolor de cabeza que están: el servicio geológico colombiano, la Agencia Nacional Minera (ahora), el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio del Medio Ambiente, las CAR, las gobernaciones, municipios y alcaldes, las comunidades y encima ahora la Corte Constitucional. La minería legal genera empleos de alta calidad, desarrolla las regiones, paga impuestos y regalías. La minería ilegal (porque igual el oro lo van a extraer, básicamente la guerrilla, las bacrim y los políticos corruptos) no tiene los mínimos estándares de calidad y envenena nuestros recursos hídricos. Esta minera no tiene porque entender ni dilucidar, que si Ingeominas le dio la concesión, luego las comunidades y otro ente estatal se la quite, para ellos el gobierno colombiano le entregó un concesión, le hizo invertir equis millones de dólares, porque de ese orden son las inversiones antes de que salga el primer gramo de oro, en las fases de pre factibilidad y factibilidad y luego simplemente el gobierno colombiano, le dice que no, que que pena que le devuelva la concesión, porque después de entregarla cruzaron información las múltiples entidades del estado que se pisan las mangueras y que que no, que que pena que era un Parque Natural y la platica que invirtió la empresa quién se la devuelve? ¿Qué culpa tienen ellos de que seamos desorganizados como país y las entidades no se hablen entre sí y no se pongan de acuerdo antes de entregar concesiones de que es zona de reserva y que no? ¿Sabían que prácticamente las zonas donde se encuentran los recursos minerales y las zonas de reservas naturales son prácticamente las mismas? La labor seria del gobierno es hacer una evaluación costo – beneficio sobre que áreas vamos a dejar como reservas naturales y cuales áreas vamos a entregar en concesión, pero esto que está sucediendo da pena y espantó a los inversionistas. Por los menos entonces cobren bonos de carbono en los mercados internacionales por estas reservas y/o promocionen el turismo ecológico; aunque obvio esto no va a darle los ingresos al país que le da la minería.

  3. Donde están Timochenko, Gabino y sus secuaces cuando realmente se les necesita? Esto no es nada que no se solucione con un bombazo bien puesto en los headquarters de la tal Tobie Mining Inc.

  4. QUÉ MÁS PODREMOS ESPERAR EN UN PAÍS SIN PRESIDENTE?.. UN PAÍS DONDE EL SEÑOR SANTOS METIDO EN SU PROGRAMA DE PAZ. HA ABANDONADO TODO LO DEMÁS, CREO QUE ESTER SEÑOR DEBERÁ SER JUZGADO POR TRAICIÓN A LA PATRIA Y CONDENADO A PAGAR DE SU PROPIO BOLSILLO TODAS LAS DEMANDAS QUE PIERDA COLOMBIA.

  5. Lo unico que se podria alegar es que la empresa norteamericana esta tratando de pescar en río revuelto, y se debe demostrar que el se creo el parque antes de firmar contrato y que hay un complot con los indígenas para sacarle a colombia una gran cantidad de dinero sin ninguna inversión, y ademas sin ningún pago a colombia

  6. fernandopardo0513

    Dando vueltas para no encontrar la verdad, responsable INGEOMINAS y sus directores, o sea que el estado debería también demandarlos a la par con la empresa americana, la demanda es contra quienes otorgaron el título no contra el estado, pero aquí nadie es responsable por lo que hace.

  7. No se preocupe señor columnista que esta no es la única demanda que le espera al país, serán miles y no solo de multinacionales sino de inversionistas nacionales que de buena fe creyeron que Colombia contaba con seguridad jurídica e invirtieron en solicitudes de titulos mineros, costearon estudios, pagaron canon superficial, pagaron regalías y contaron con el aval de la autoridad minera y en muchos casos de la autoridad ambiental; pero luego aparece la autoridad ambiental y la Corte constitucional dándole la razon a ROMÁNTICOS AMBIENTALISTAS que no saben ni entienden que es un páramo y mucho menos que es minería y como por arte de magia desconocen los derechos de los titulares mineros y los van desalojando sin tener en cuenta de paso el desarrollo ecoonomico ni el ambre de las millones de seres humanos que viven y depende de la minería. Esto apenas comiensa y aunque somos consientes de que hay que hacer minería responsable

  8. andrescamilo484438

    Un comtrato de concesion es un derecho adquirido cuando se perfecciona, es gravisimo obligar a prescribir derechos, es algo que esta sucediendo mucho en caso de compañias mineras y es un agravio a la “seguridad juridica” que todo pais debería asegurar a un inversor.
    Lo que tambien esta fuera de contexto es la escandalosa suma que se pide por compensación, ojalá la ley cojée bastantico (como acostumbra) en este caso. En sintesis, es obligacion de las entidades estatales implicadas, ANM, ANLA, INCODER, SGC, MinMinas, MinInterior y demas, ser eficientes y eficacez, pues ambas cosas son graves, damnificar los recursos naturales de nuestro país y pasar por encima de las garantias juridicas dadas a una inversion de alto nivel. REGLAS CLARAS SEÑORES.

  9. luisrodriguez0723

    Tremenda noticia para el pueblo colombiano. Desafortunadamente esto no trasciende y está totalmente callado dentro del mundillo político y las altas esferas de la nación. Cómo irá el estado a reunir esos billones de dólares para resarcir el ” gran daño” a esa multinacional que quería llevarse toda nuestra riqueza? Es ese el fruto del tan cacareado tratado de libre comercio? Sera que los famosos tribunales internacionales nos seguirán tratando como conejillos de indias? Amanecerá y veremos los frutos de la improvisación y del famoso cvy que debió haber circulado a manos llenas……

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