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El trato correspondido por un Estado frente a aquel sujeto transgresor del ordenamiento jurídico permite analizar el comportamiento de una sociedad y sus necesidades, tal es el caso de Colombia, que desde hace algunos años está buscando estar acorde a principios y normas internacionales, que bien parecen ser cláusulas dirigidas a países subdesarrollados e ignoradas por potencias mundiales, ha pretendido dar un margen de protección y salvaguardia de los derechos humanos, aquella herencia de la revolución francesa de 1789 mediante la declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y el reconocimiento de la universalidad de estos.
En Colombia el antecedente principal inmediato es la Constitución Política de 1991 que expresa especial protección a los derechos fundamentales y establece mecanismos jurídicos para su defensa, sin embargo, la constante a través de los años ha sido velar por los derechos de los delincuentes y terroristas quienes han sido victimizados por ciertos sectores sociales y autoridades gubernamentales y judiciales quienes defienden el derecho a la vida y a la integridad de estos y olvidan el dolor y el trauma de las víctimas y de la comunidad en general.
En Colombia al delincuente se le premia con una curul en el Congreso o con una gobernación o alcaldía, patrocinados directamente por un pueblo, en donde se protege y se da refugio al asesino, ladrón o violador y se insulta, empuja y amenaza a la autoridad pública cuando cumple su deber, el síntoma de una sociedad que ha perdido parámetros de autoridad desde la semilla, los padres.
En un país donde se afirma que el delincuente atraca porque tenía hambre, mata porque no le quedaba de otra, secuestran a alguien porque dio papaya, un borracho atropella a alguien y no es su culpa porque no era consciente, se premia a quien evade impuestos con amnistías y se revictimiza constantemente a quien transgrede la ley, es la manifestación de un síntoma de enfermedad social.
En Francia, por ejemplo, el objetivo de las autoridades después de haberse perpetrado la muerte de los caricaturistas era claro, la muerte, la persecución y la rendición para quienes provocaron la masacre en la sede de Charlie Hebdo, no significa, por supuesto, acudir al refrán popular “ojo por ojo, diente por diente”, pero si mantener un trato justo para los distintos sujetos sociales.
Si queremos tratar de manera digna y justa al delincuente común o al terrorista de gran envergadura, es una exigencia y necesidad construir cárceles que permitan un proceso de resocialización integral, donde el trabajo, la educación, el arte y la recreación se constituyan e instrumentos para recuperar un ser humano que está al servicio del delito.
Si el Estado pretende proteger los derechos, debe advertirle al delincuente sus deberes y obligaciones, y debe la justicia, solamente el aparato judicial, el encargado de sancionar con todo el peso de la ley la violación a la ley en sentido amplio, es precisamente este el reto de Colombia en materia de postconflicto, no es solo el anuncio de la discusión de un cese al fuego bilateral sino el empeño por dignificar la labor de la justicia, de no ser así, estaremos avocados peligrosamente a un país donde los periodistas y la Fuerza Pública seguirán pretendiendo hacer justicia.
Estado Islámico, Cuba y Estados Unidos: titulares en el 2015 (31 diciembre 2014)
