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La riqueza y la desigualdad en Latinoamérica y el Caribe

Por juancarlosmartinezcastro el abril 11, 2014 6:00 am

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En el Foro Económico Mundial de Davos de 2014, la organización OXFAM denunció que las élites se reparten el poder político para manipular las reglas del juego económico, socavando la democracia y creando un mundo en el que las 85 personas más acaudaladas acumulan tanta riqueza como la mitad de la población más pobre del planeta. Ahora, ante el Foro Económico Mundial de Latinoamérica realizado en Panamá los días 1-3 de Abril de 2014, alertó que a pesar de los avances, superar la desigualdad extrema continua siendo la gran deuda pendiente en la región.

Durante la última década, los países de Latinoamérica y el Caribe (LAC) han reducido sus niveles de pobreza y desigualdad. Sin embargo, sigue siendo la región más desigual del mundo y sus élites siguen acumulando extrema riqueza y excesivo poder. En los países de LAC, mientras los más ricos captan en promedio casi 50% de los ingresos totales, los más pobres reciben sólo el 5%. Mientras que 164 millones de personas viven en situación de pobreza (66 millones de ellas en pobreza extrema), 113 latinoamericanos están en la lista de las personas multimillonarias del mundo. Los ingresos estimados que sus fortunas generan en un año, bastarían para que al menos 25 millones de latinoamericanos salieran de la pobreza.

OXFAM hace un llamado a los gobiernos de la región para que asuman el reto de superar la desigualdad poniendo freno a la excesiva influencia de las élites económicas en la toma de decisiones e implementando políticas que redistribuyan la riqueza y acaben con la pobreza.

La región más desigual del mundo

A pesar del crecimiento económico y del esfuerzo de los gobiernos por superar el flagelo de la pobreza y de la desigualdad a través de políticas sociales, Latinoamérica y el Caribe (LAC) sigue siendo la región más desigual del mundo. La desigualdad de ingresos en la región medida por el índice de Ginii pasó de 53,4 en 2002 a 49,9 en 2010 y disminuyó en todos los países de la región durante la última década. Sin embargo, el nivel inicial de desigualdad en LAC era tan elevado que a pesar de su descenso, varios países latinoamericanos tienen todavía hoy unos niveles de desigualdad comparables a los de algunos países de África Subsahariana y del Sudeste asiático.

Según la CEPAL, en el año 2011 el ingreso del 20% más rico de la población en LAC era 17 veces mayor que el del 20% más pobre y esa diferencia llegaba a ser de hasta 25 veces mayor en los países con mayor desigualdad. En el 2012, en promedio, el quintil más pobre captaba solo el 5 % de los ingresos totales del país con extremos que van desde menos del 4% en (Bolivia, Honduras, Paraguay y República Dominicana) al 10% en Uruguay. La participación del quintil más rico, en tanto, promediaba el 47% con un rango que va desde 35% en Uruguay a 55% en Brasil. Es decir, de cada 100 dólares de ingresos que reciben los países, 5 llegan a los más pobres, cerca de 50 a los más ricos.

La desigualdad de ingresos y de riqueza en LAC está intrínsecamente ligada  a la persistencia de pautas de exclusión y discriminación de toda índole que no han variado significativamente y que en muchos casos se mantienen desde épocas muy remotas.

Factores como el color de piel, si se es hombre o mujer, si se nació en el campo o en la ciudad, en la periferia o en la capital, o si se cuenta con riqueza por herencia familiar o no, entre otros, condicionan las opciones reales de las personas de mejorar sus ingresos y ejercer plenamente sus derechos.

El acceso al crédito, a la tierra, a los servicios públicos de calidad, a las herramientas que apuntalen la productividad de los pequeños emprendimientos (como la tecnología), a los empleos dignos y a la representación política, entre otros, siguen estando al servicio de muy pocos.

El rostro de la riqueza

La extrema concentración de la riqueza es una de las dos caras de la desigualdad. En la región, mientras las élites económicas latinoamericanas ocupan un lugar protagonista en las listas de los más ricos del mundo, 164 millones de personas viven en situación de pobreza, 66 millones de ellas en pobreza extrema.

En marzo de 2014, la lista “T he W or ld’ s Billionair es”, publicada anualmente por la Revista Forbes, registraba a 113 latinoamericanos (65 brasileños, 16 mexicanos, 12 chilenos, 8 peruanos, 5 argentinos, 4 colombianos y 3 venezolanos) entre las personas del mundo con patrimonios netos iguales o superiores a los 1000 millones de dólares. En total sus fortunas suman 438,350 millones de dólares.

Durante los últimos dos años, a la lista Forbes han ingresado 51 nuevas fortunas latinoamericanas, siendo Brasil uno de los 5 países más desiguales de la región, el que más ha aumentado su número de multimillonarios. Actualmente es el quinto país con más multimillonarios del mundo: 65 en total.

De acuerdo a Forbes, aproximadamente el 76% de la riqueza de los multimillonarios de la región se concentra en 7 sectores económicos. La fortuna de estas 113 personas y sus familias están asociadas a las telecomunicaciones 16%, el sector financiero 16%, la industria de la cerveza 16%, los medios de comunicación 8%, las actividades extractivas (hidrocarburos y minería) 12%, el sector de la construcción y las empresas minoristas 4% cada uno. Alrededor del 12% del patrimonio de los multimillonarios de la región que pertenece tan solo a 6 personas y está vinculado a la actividad extractiva.

De éstos, el sector más concentrado es el de telecomunicaciones, controlado por la fortuna de Carlos Slim, la más grande de la región y la segunda del mundo. Slim es Presidente y Director Ejecutivo de América Móvil, la empresa que controla casi el 80% de los servicios de línea fija y el 70% de los servicios móviles en México. Según Forbes, cuenta con un patrimonio neto estimado en 72.000 millones de dólares, 4.000 millones de dólares menos que Bill Gates.

Es difícil dimensionar la magnitud real de lo que significa en términos de desigualdades el nivel de riqueza acumulada por esas 113 personas. Parte del problema radica en que no existen datos públicos y completos para conocer a ciencia cierta a cuánto asciende el ingreso total generado cada año por el patrimonio de los multimillonarios. En cualquier caso, para estimar a qué equivale esa riqueza,  bastaría con una premisa realista. Por ejemplo, que los ingresos anuales de los multimillonarios representan un 3,5% de su fortuna; un mínimo porcentaje.

Siendo así, en 2014 los ingresos anuales de los 113 multimillonarios latinoamericanos equivaldrían a los presupuestos estatales de 3 países centroamericanos juntos (El Salvador, Guatemala y Nicaragua). También serían equivalentes al presupuesto conjunto de salud pública de 9 países de la región durante el 2011 (Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú, República Dominicana, Honduras, Nicaragua y Paraguay).

Visto de otro modo: Con los ingresos estimados que esas fortunas generan en un año, bastaría para que al menos 25 millones de latinoamericanos salieran de la pobreza. Es decir, a todas las personas que viven en pobreza en Bolivia, Colombia, Ecuador y El Salvador juntos.

A nivel de países, los ingresos anuales que genera la fortuna de Carlos Slim podrían pagar los salarios anuales de 440.000 mexicanos. En Colombia, el 1% de la población más rica capturó más del 20% de total de los ingresos que se generaron en el país, un nivel de participación en el ingreso que se ha mantenido desde 1980.

A pesar de que estas cifras ilustran la magnitud de la riqueza concentrada en pocas manos, es altamente probable que se queden cortas pues una cantidad considerable de los ingresos de los más acaudalados se ocultan en paraísos fiscales. Oxfam estima que a nivel global, al menos 18,5 billones de dólares pertenecientes a fortunas de individuos se esconden en paraísos fiscales.

Fiscalidad: traje a medida de las élites

Existe fuerte consenso alrededor de la idea de que la extrema concentración de poder económico pervierte el proceso y la naturaleza de las decisiones sobre políticas públicas. Cuando las élites económicas secuestran las políticas gubernamentales, las leyes y regulaciones; tienden a favorecer a los ricos y/o a los más poderosos, incluso a costa de todos los demás. Oxfam ha denunciado la cooptación de las políticas por parte de élites económicas en perjuicio de la mayoría de los ciudadanos y ha señalado por ejemplo, la pérdida de bienestar de los ciudadanos mexicanos producto de políticas que han favorecido al monopolio que ejerce América Móvil en ese país.

Son múltiples las políticas públicas con las que cuentan los gobiernos para reducir la desigualdad. La política fiscal que abarca tanto la gestión de ingresos como el nivel y la orientación del gasto es una de ellas, constituyéndose  en una herramienta potente para combatir las desigualdades de forma directa y aún más poderosa cuando se articula con otras políticas públicas. Dado el potencial impacto redistributivo que supone, es decir su capacidad para cambiar las estructuras sociales.

No es casual que las élites políticas y económicas de LAC, muy aupadas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, hayan modelado sistemas fiscales que en general tienen un impacto muy limitado como correctores de desigualdades y de hecho, en muchos sentidos, contribuyan a su profundización. Un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo vincula el menor nivel de impuestos sobre la renta personal (fenómeno que caracteriza a los sistemas tributarios de la región) a la existencia de una representación política desigual que favorece a las élites.

Cuando se analizan los sistemas fiscales latino-caribeños el resultado es bastante concluyente: queda mucho por hacer para que sean instrumentos capaces de apuntalar sociedades más equitativas y justas. Sin dejar de tomar en cuenta la heterogeneidad y las especificidades de los países que se evidencia en los distintos niveles y calidad del gasto público así como a los distintos volúmenes de recaudación, en general la injusticia fiscal de LAC tiene algunas características comunes:

Insuficiencia recaudatoria e insostenibilidad 

En general, se recauda menos del potencial y/o existe una fuerte dependencia de fuentes de ingresos públicos inestables, poco predecibles y social y medioambiental insostenibles.

Muchos de los presupuestos públicos de los países de la región dependen en una magnitud importante de ingresos no tributarios y tributarios derivados de la explotación de recursos naturales.

Regresividad del sistema impositivo y desequilibrio en las aportaciones de las distintas actividades y agentes económicos

Los sistemas tributarios latinoamericanos suelen caracterizarse por una mayor presión impositiva efectiva sobre salarios y consumo que sobre la renta y la riqueza.

Parte del problema radica en un exceso de exoneraciones y perversos incentivos fiscales que se utilizan para promover inversión nacional y sobre todo extranjera. Al igual que la práctica muy asentada en los Estados latino-caribeños por la cual las rentas no salariales o del capital (colocaciones financieras, intereses de títulos públicos, beneficios de fondos de inversión, ganancias de capital en bienes inmuebles y acciones, etc.) y el capital inmobiliario (propiedades), que están concentradas en los estratos socio-económicos más altos, son casi intocables desde el punto de vista impositivo.

Inefectividad para promover el progreso económico digno y sostenible y la movilidad social ascendente de la mayoría de la población

Las políticas sociales son aún insuficientes para combatir desigualdades estructurales derivadas de la exclusión y discriminación así como para crear verdaderas oportunidades para los más pobres. Una mezcla de recursos insuficientes y de baja calidad, en particular de los servicios públicos que usan los más pobres, siguen atentando contra este objetivo.

Además, la fiscalidad en LAC es extremadamente funcional a modelos de crecimiento basados en la exportación de hidrocarburos y materias primas que dejan rezagados y desplazan a otros sectores económicos como la pequeña agricultura y pequeñas y medianas empresas de servicios y manufactureras. Igualmente, es inoperante en la promoción de una formalización ajustada a las condiciones laborales y de vida de muchos trabajadores y trabajadoras pobres.

La política fiscal suele reproducir visiones tradicionales del rol de la mujer en la sociedad reforzando así las brechas de género existentes

Debido a la distinta posición en la que se encuentran hombres y mujeres en las sociedades, los sistemas fiscales pueden contribuir a ampliar o reducir las desigualdades de género existentes. La política tributaria por ejemplo; puede terminar siendo más regresiva, costosa e ineficiente para las mujeres que para los hombres dados sus diferentes patrones de consumo, las actividades económicas que suelen emprender o debido al rol de “cuidadoras” que por defecto les ha atribuido la sociedad.

Elevada propensión a la evasión y elusión fiscal

La evasión y elusión fiscal en LAC son elevadas y estas fugas están concentradas principalmente en el impuesto a la renta personal y de las empresas.

La fuga de recursos es apuntalada por la inoperancia e insuficiencia de los mecanismos de control internos de las administraciones tributarias y es reforzada por los vacíos de la regulación internacional, la opacidad del sistema financiero y la ausencia de mecanismos integrales de cooperación y coordinación fiscal a escala regional o subregional. Estas deficiencias limitan seriamente la posibilidad de seguirle el rastro a valiosos recursos que se esfuman en los paraísos fiscales.

Débil institucionalidad y representatividad

La  corrupción es persistente, la rendición de cuentas de los gobiernos hacia todos los niveles es pobre y los procesos de planificación y ejecución de las políticas fiscales son muy opacos. Todo esto está detrás de la baja cultura tributaria que caracteriza a los países de la región.

Recomendaciones

Los líderes empresariales y políticos que participaron en el Foro Económico Mundial de Latinoamérica en Panamá, tienen la responsabilidad de contribuir a la reducción de las desigualdades que permanecen arraigadas en la región a pesar del crecimiento económico y de las políticas sociales que se han implementado en los últimos años. Oxfam les solicita:

-No utilizar paraísos fiscales para evadir impuestos ni en sus propios países ni en otros países en los que invierten y operan.
-No utilizar su riqueza económica para obtener favores políticos que supongan un menoscabo de la voluntad política de sus conciudadanos.
-Hacer públicas todas las inversiones de las que sean beneficiarios efectivos.
-Respaldar una fiscalidad progresiva sobre la riqueza y los ingresos.
-Reclamar que todas las empresas que poseen o controlan ofrezcan un salario digno a sus trabajadores.
-Exigir a otras élites económicas que también se adhieran a estos compromisos. 

Oxfam recomienda a los gobiernos de la región:
-Una mayor regulación de los mercados.
-Poner freno a la capacidad de la población rica para influir en los procesos políticos y en las decisiones que mejor responden a sus intereses.
-El fortalecimiento de los umbrales salariales y de los derechos de los trabajadores.
-La eliminación de las barreras a la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres.
-La fiscalidad progresiva.
-La adopción de medidas firmes contra el secreto bancario y la evasión fiscal.
-Las transferencias redistributivas y el fortalecimiento de los mecanismos de protección social.
-La inversión en el acceso universal a una atención sanitaria y una educación de calidad.
-La transparencia y rendición de cuentas tanto en recaudación como en orientación y ejecución del gasto público y favorecer el ejercicio del control ciudadano.
Fuente: OXFAM

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