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El Big Data es el conjunto de tecnologías, técnicas y herramientas que hacen posible la recogida, procesamiento y análisis de volúmenes masivos de datos y también la visualización de los resultados. El propósito es convertir la información hallada en algo útil como estadísticas, patrones de comportamiento, análisis de rendimiento, etc. En ese sentido, algunas organizaciones pueden usar la información recopilada para el beneficio de la sociedad. No obstante, otras pueden utilizar esa misma información para perjudicar a ciudadanos, empresas y Estados.

Por ejemplo, se acaba de conocer que la compañía de tecnología estadounidense Facebook está siendo investigada en los Estados Unidos por presuntamente haber filtrado la información de más de 50 millones de cuentas a la empresa inglesa Cambridge Analytica la cual trabajó para la campaña política del actual presidente Donald Trump. De ese modo, se cree que Facebook compartió sin autorización la información privada de sus propios usuarios para venderla a la empresa británica la cual la utilizó para desarrollar un software destinado a predecir las decisiones de los votantes e influir en ellas.

Se sabe que entre los inversores de Cambridge Analytica está el ex-estratega de la campaña presidencial de Trump, su ex-jefe de campaña electoral en 2016 y un destacado donante republicano. La polémica respecto a las actividades de la empresa británica se elevó aún más tras la difusión de un reportaje de Channel 4 en el que sus directivos le ofrecieron a un periodista disfrazado de político, desacreditar a sus oponentes mediante técnicas para manipular audiencias como sería el difundir calumnias a través de dicha red social.

Para empeorar y de acuerdo a información de la AFP la cual fue confirmada por diferentes medios, hay indicios de que la firma británica además de haber realizado actividades en Estados Unidos y en el Reino Unido; habría operado en Kenia, Italia, Sudáfrica, Indonesia y Colombia. Una muestra más de la gravedad de este asunto.

Junto al anterior caso, no hace mucho se conoció que las grandes compañías de tecnología como Google, Twitter, Microsoft, Apple y la ya nombrada Facebook; pasaban de forma sistemática la información privada de sus usuarios a la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Esto generó un gran rechazo a nivel internacional pues lo hacían sin el consentimiento de las personas y a manera de espionaje. Algo que atenta contra las libertades individuales y que también se presta para realizar competencia desleal y poner en riesgo la seguridad de otros países.

Adicionalmente, WikiLeaks reveló que la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) en conjunto con las agencias británicas GCHQ y Mi5; realizan un espionaje masivo y sistemático en todos los países del mundo utilizando exploits, virus, troyanos y programas maliciosos. Según Julian Assange, la CIA utiliza para sus propósitos artefactos marca Apple, Samsung, LG, HTC y Sony. También distintos programas informáticos para automóviles y sistemas operativos como iOS, Android, Windows, Linux, MacOS X y Solaris.

Y es que las libertades individuales están siendo vulneradas pues estas interceptaciones son ilegales teniendo en cuenta que no existe un proceso judicial en contra de la mayoría de las personas espiadas y por lo tanto, son acciones arbitrarias que constituyen en su conjunto un delito contra la humanidad. El derecho a la vida privada es universal y no debe ser violado por ningún país, empresa u organización. Mucho menos si se trata de entidades estatales que se supone deben respetar el debido proceso y garantizar la dignidad de las personas.

En cuanto a la competencia desleal, es claro que este tipo de espionaje puede prestarse para que compañías estadounidenses aventajen a su competencia a lo largo y ancho del mundo. Tal ventajismo puede darse a nivel tecnológico, industrial o comercial. Por ejemplo, al realizarse una licitación pública en algún país en el que concurse una empresa norteamericana, en un eventual proceso de negociación comercial tipo TLC o en el registro de marcas y patentes.

Pero es la seguridad de las naciones lo que más preocupación ha generado. Es claro que EE.UU. tiene la capacidad de espiar a todos los países del mundo y de hecho lo hace como en varias ocasiones lo ha reconocido. Algo que claramente genera desconfianza y una enorme indignación internacional y que además pone en peligro al planeta si la información recopilada no es custodiada de forma adecuada o si cae en las manos equivocadas.

Es por ello que después de muchos reclamos y contradicciones, la Unión Europea y Estados Unidos firmaron un acuerdo sobre la transferencia de datos transatlánticos. Dicho acuerdo conocido como “Escudo de privacidad entre la U.E. y EE.UU.” contempla un tratamiento especial a los datos de los europeos extendiéndose a las empresas bajo un protocolo creado para tal fin. De esta manera, se busca limitar y restringir los programas de vigilancia estadounidenses y garantizar los derechos de los ciudadanos del viejo continente.

Sin embargo, de nada sirve que se firme un acuerdo de este tipo entre los Estados Unidos y Europa si no se cumple con los compromisos adquiridos y si no se realiza un tratado similar con otras regiones como América Latina e inclusive, con el resto del mundo. Esto debido que los datos pueden rebotar de un lugar a otro sin mayor control. No es un secreto que entre América Latina y Estados Unidos existe un constante flujo de información al igual que entre América Latina y Europa; razón por la que es necesario que se establezca un estándar internacional obligatorio para todo lo relacionado con el tratamiento de datos.

Colombia ha realizado un avance significativo en cuanto a Tecnologías de la Información y la Comunicación, también en cuanto a la expedición de leyes como el Habeas Data. Esta contempla el derecho que tiene toda persona a conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ella en archivos y bancos de datos de naturaleza pública o privada. No obstante, este derecho se limita al territorio colombiano pues no existe un acuerdo vinculante con los Estados Unidos ni con Europa por lo que en este momento la información de los colombianos es vulnerable a nivel internacional.

Si bien es cierto que es muy difícil que en el actual proceso de globalización y con el auge de la tecnología se pueda controlar en su totalidad el flujo de información de un lugar a otro; es deber del Estado colombiano crear protocolos en los cuales se proteja la privacidad de sus ciudadanos, se garantice la confidencialidad de sus empresas y se vigile con mayor vigor la seguridad nacional. No hacerlo sería una irresponsabilidad en nuestros tiempos ya que se pone en grave riesgo y en desventaja a toda la nación.

En consecuencia, el gobierno colombiano al igual que otros gobiernos del mundo deben determinar si la presencia de compañías de tecnología de origen estadounidenses se puede considerar como inversión extranjera o si por el contrario son instrumentos de espionaje que representan un riesgo para los Estados. Igualmente, se hace necesario un mayor control y un protocolo de seguridad para los dispositivos y para el software que ingresa al país. De hecho, los representantes legales de las compañías involucradas en este escándalo están en mora de dar explicaciones al respecto.

La filtración masiva de datos y el espionaje británico-estadounidense es tan o más grave que el escándalo de la FIFA, el de Panamá Papers y el de Obredecht juntos. Es un caso impresentable que comprueba una vez más la deshonestidad que impera en los Estados Unidos y en Inglaterra y el juego sucio de esos dos países en el contexto internacional. Algo que denota falta de transparencia, deslealtad y trampa y que deja con muy mala imagen a los estadounidenses y británicos. Un caso que el mundo no debe dejar en la impunidad y por lo cual se hace necesaria una reacción al respecto.

Por lo anterior, es urgente que los diferentes países le pongan freno a los constantes abusos que cometen las agencias de seguridad estadounidenses y británicas a y las compañías de tecnología de Estados Unidos ya que además de cometer un grave delito contra la humanidad al espiar a ciudadanos, empresas y Estados; están amenazando la estabilidad mundial. Y ese freno se debe dar de forma inmediata a través de organismos como la ONU, la CELAC y UNASUR mediante sanciones ejemplares y el establecimiento de serios compromisos.

También es sumamente importante realizar un acuerdo de transferencia de datos entre América Latina y Estados Unidos y entre América Latina y Europa. Igualmente entre América Latina y el resto del mundo. Esto garantiza un estándar internacional en el flujo de información, lo que generaría más confianza entre los usuarios, las empresas y los gobiernos. De hecho, organizaciones como la CELAC y UNASUR podrían servir para realizar este tipo de acuerdos. No tendría sentido que cada país negocie por su cuenta pues estamos hablando de tecnologías que no tienen fronteras y cuyo impacto tiene gran poder de vulneración.

Sin embargo, el Estado de Colombia no debe seguir actuando con ingenuidad frente a este tema y por lo tanto debe actuar con agilidad en pro de la libertad de los ciudadanos, la competitividad de las empresas y la soberanía nacional. Es claro que este es un asunto de Estado. Es urgente que se creen unos protocolos para reaccionar a la filtración masiva de datos que constantemente realizan las compañías de tecnología al igual que para impedir el espionaje de las agencias de seguridad británicas y estadounidenses.

La ética también juega un papel fundamental ya que todos sabemos que la tecnología para espiar y recopilar datos existe desde hace mucho tiempo y que al igual que con unos binoculares, cualquiera puede ver lo que hacen otros desde lejos. Sin embargo, hacerlo no es un acto aceptado por la sociedad y de allí la importancia de educar y crear protocolos internacionales para el Big Data.

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Profesional en Mercadeo & Publicidad. Magíster en Marketing Digital. Bogotá D.C. / Colombia / LATAM

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