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Los perjudicados del ICETEX. Imagen: Juan Carlos Martínez

Los perjudicados del ICETEX. Imagen: Juan Carlos Martínez

La tristemente célebre Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC) dejó en la quiebra a muchos colombianos entre 1972 y 1999. Ese perverso sistema consistía inicialmente en que los intereses de las cuotas de los préstamos hipotecarios estarían acordes con la inflación, pero una modificación en 1995 le permitió a las entidades financieras calcularlos según las tasas de interés y más específicamente de la tasa aplicable a los certificados de depósito a término fijo (DTF), razón por la cual los bancos aprovecharon para cobrar sumas exorbitantes en perjuicio de sus propios clientes.

En consecuencia, los consumidores tenían cuotas cada vez más altas pues los intereses se capitalizaban para generar nuevos intereses en una práctica que siempre terminaba multiplicando exponencialmente la deuda inicial. Se estima que cerca de un millón de colombianos fueron víctimas de ese sistema donde los bancos se quedaron con aproximadamente 300.000 viviendas de las cuales, unas 70.000 eran de interés social. Para colmo de males, a pesar de que a los usuarios de los créditos les remataban sus casas, estos continuaban con la deuda.

Ni los gobiernos, ni los congresistas, ni los gremios de aquella época hicieron algo para ayudar a los miles de ciudadanos perjudicados. Fue necesaria la intervención del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional que mediante varias sentencias, lograron acabar con semejantes abusos y poner fin a décadas de infamia en que banqueros, políticos y empresarios se enriquecieron a costa de los colombianos más pobres.

Desafortunadamente, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) se ha convertido en el nuevo UPAC pues los colombianos de bajos ingresos tienen en riesgo sus viviendas por cometer “el delito de estudiar” y fuera de eso, al intentar abonar dinero para amortiguar la deuda, este es absorbido por los intereses que también se capitalizan. Para empeorar la situación, hasta hace poco, al segundo atraso en el pago de las cuotas la deuda pasaba automáticamente a oficinas de cobro privadas, generando así honorarios y nuevos intereses en un descarado afán de lucro y sin tener en cuenta la situación particular del egresado.

De hecho, las firmas de abogados que trabajaban para el ICETEX se habían convertido en un negocio muy lucrativo ya que prácticamente, sólo tenían que esperar a que alguien se atrasara en las cuotas para acosarle de forma indiscriminada hasta sacarle el último peso. Simultáneamente, también perjudicaban a los codeudores quienes veían en riesgo el patrimonio que solidariamente ofrecieron para respaldar la deuda de un derecho constitucional que lamentablemente, no está siendo garantizado por el Estado.

Y aunque por el momento el paso de las deudas a las oficinas de cobro privadas está suspendido, paradójicamente el ICETEX cedió la totalidad de los créditos en mora a la Central de Inversiones S.A. (CISA) que es una Entidad vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Ello quiere decir que el Estado está utilizando su propia oficina de cobro para cometer exactamente los mismos atropellos que hicieron las firmas de abogados.

De ese modo, el Estado de Colombia a través de la CISA pretende poner entre la espada y la pared a quienes tuvieron la necesidad y a la vez la mala decisión de solicitar un crédito en el ICETEX. Por lo tanto, es inaceptable que se acose a los ciudadanos más pobres con las mismas prácticas abusivas que cometieron las oficinas de cobro privadas como es el amenazar con embargos mediante llamadas telefónicas, buzones de voz y correos electrónicos.

Es impresentable que el Estado utilice un puño de hierro para cobrarle a los ciudadanos más humildes que quisieron estudiar y por ende aportar al desarrollo del país y que por distintos motivos no tienen recursos para pagar su deuda; y a la vez utilice un guante de seda para tratar a quienes desfalcan a la nación en casos como Agro Ingreso Seguro, Foncolpuertos, Reficar y el Cartel de la Contratación (entre otros). Guante de seda que también es utilizado a la hora de cobrarle los impuestos a los grandes industriales o a quienes esconden sus fortunas en paraísos fiscales.

La realidad es que los egresados del ICETEX que no logran conseguir empleo están en una difícil coyuntura. El gobierno debe mirar con más cautela su situación, especialmente la de quienes financiaron sus carreras bajo la modalidad de crédito ACCES.

Y es que no es entendible y desde ningún punto de vista aceptable que se atropelle a los usuarios del ICETEX pues se supone que esos créditos fueron creados para quienes no cuentan con los recursos económicos suficientes para pagar una carrera universitaria. Además, se está ignorando el alto desempleo que sigue existiendo en Colombia ya que muchos egresados no logran ubicarse laboralmente por diversos motivos como es el encontrarse en un rango de edad entre los 30 y 40 años, no tener experiencia laboral, no tener postgrado y no hablar inglés.

En ese sentido, las exigencias de las empresas para contratar a una persona son cada vez más excluyentes e incoherentes ya que siempre parecen tener una excusa para no generar empleo o para no pagar un salario justo. La realidad es que Colombia es un país donde el clientelismo ha desplazado a la meritocracia a tal punto que el candidato a una posición que no tenga la recomendación de algún personaje influyente, nunca conseguirá ser contratado por más competencias que posea. Es por ello que lo único seguro que tienen quienes financiaron sus estudios con el ICETEX, es una deuda impagable.

Es necesario que el sector público y el privado se esfuercen por generar suficientes puestos de trabajo bien remunerado pues no se justifica que a la vez que Colombia tiene un buen crecimiento económico exista tanto desempleo, pobreza y desigualdad. Es claro que muchos “empresarios” no están realmente comprometidos con la generación de empleo y sólo pretenden ganar de la renta y del interés y no de una verdadera actividad empresarial. A pesar de esto, sí buscan dádivas del Estado cada vez que pueden, las cuales generalmente les son concedidas con recursos de todos los colombianos.

Falta mucha coherencia por parte del Estado ya que quienes financiaron sus créditos estudiantiles mediante el ICETEX, están pagando sumas que llegan a triplicar el valor inicial del programa académico. Además, es claro que con un título universitario no se tiene garantizado un ingreso por lo que es injusto que a los egresados se les trate como clientes de un banco privado y peor aún; que se les trate como delincuentes que le adeudan al Estado y por ello se les cobre a través de la CISA, se les embargue sus viviendas y se les reporte en las centrales de riesgo CIFIN y DATACRÉDITO.

Es impresentable que mientras sectores económicos como el financiero, el petrolero y el minero ganan BILLONES al año por las utilidades que obtienen con recursos que son de todos los colombianos; los egresados del ICETEX estén desempleados, endeudados y con sus sueños frustrados en una clara injusticia social. Por esta razón, muchos compatriotas han preferido irse del país y contribuir al desarrollo de otras naciones a seguir viviendo entre la espada y la pared. Allá limpiando baños, lavando platos, barriendo calles o cortando el césped se gana mucho más que ejerciendo una profesión en Colombia. Los países desarrollados deben estar muy agradecidos con el ICETEX por financiar la educación de sus aseadores.

Es hora de que el Estado de Colombia intervenga para que los colombianos no sigan sufriendo por este motivo pues estamos frente a una seria problemática social que de no solucionarse inmediatamente, puede ocasionar una grave crisis a nivel nacional con repercusiones en todos los sectores del país. En vez de malgastar tanto dinero en armamento, burocracia y en ofrecer dádivas a quienes menos las necesitan; el sector público y el privado deberían ayudar de forma urgente a todos los deudores del ICETEX.

El progreso de un país depende en gran parte del nivel de educación de su población. Es claro que Colombia está rezagada en ese aspecto al compararla con otros Estados latinoamericanos y del resto del mundo que ya han adoptado un modelo de educación más incluyente. Ya que Colombia es un país irresponsable que concibe a la educación como un negocio y no como un derecho, por lo menos debería facilitar el pago de los créditos para que el egresado no se vea en problemas por el simple hecho de estar desempleado.

Es urgente que al igual que en el caso del UPAC, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional intervengan a favor de los miles de colombianos que están perjudicados por haber utilizado créditos del ICETEX. Sin embargo, lo más importante sería que las leyes o resoluciones que se expidan, cobijen a los actuales deudores que están agobiados bajo la modalidad de crédito ACCES. Igualmente, es sensato comprender que la educación tiene que dejar de ser un privilegio de pocos para convertirse en un derecho de todos los ciudadanos.

Colombia debe fijar sus ojos en quienes le apostaron al sistema, creyeron en el país y se esforzaron cinco o más años cursando una carrera universitaria. Sería injusto que aquellos que se dedicaron a la violencia, hoy tengan más garantías que quienes han tratado de salir adelante de forma civilizada. Mientras una bala sea más barata que un libro y la guerra una de las pocas “fuentes de empleo”, nuestra nación difícilmente tendrá un mejor porvenir.

@DigitalJumper

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Profesional en Mercadeo & Publicidad. Magíster en Marketing Digital. Bogotá D.C. / Colombia / LATAM

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3 Comentarios
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  1. jairitovillalobos

    Luego porqué eliminaron el comentario?
    Promuevan mensajes tipo spam.
    El odio ante una persona o comunidad por su condición social, racial, sexual, religiosa o de situación de discapacidad.
    Muestren o impulsen comportamientos o lenguajes sexualmente explícitos, violentos o dañinos.
    Vulneren o atenten contra los derechos de los menores de edad.
    Entre las causales de eliminación no estaba la prohibición del disenso. Muy mal precedente!

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