Cerrar Menú Blogs
Las opiniones de los blogueros son de su estricta responsabilidad y no representan la opinión de este portal.
Profile image

Ingresa o regístrate acá para seguir este blog.

Seguir este blog
La ministra Sylvia Constaín presentando el Proyecto de Ley 152 ante el Congreso de la República. Foto: @Ministerio_TIC

La ministra Sylvia Constaín presentando el Proyecto de Ley 152 ante el Congreso de la República. Foto: @Ministerio_TIC

Con la premisa de “Conectar a todo el país y conectarlo bien” en una nación en la que el internet tiene una penetración del 61%, lo que representa unos 20 millones de colombianos sin conexión según datos del MinTIC, fue aprobado en la plenaria del Congreso el proyecto de ley 152 de 2018 (PL152) con la idea de reducir dicha brecha digital. Ahora, la iniciativa pasará a votación en la Cámara de Representantes donde se espera que haya un debate con mayor profundidad.

Dicho proyecto busca, supuestamente, que el Estado tenga un rol más protagónico en cuanto a regulación, promoción y concesiones dentro del sector TIC. De ese modo se pretende que los operadores de telefonía e internet móvil, servicios de telefonía e internet domiciliario y los canales de televisión pública y privada tengan una “regulación actualizada” en lo que se refiere a licencias, inversión, despliegue de infraestructura y desarrollo de tecnologías.

No obstante, el PL152 ha generado muchas preocupaciones ya que se cree que está beneficiando a los operadores de servicios de telecomunicaciones privados sobre los públicos. Asimismo, se observa que privilegiará a los operadores de televisión y radio privados con perjuicio directo en los contenidos públicos y a costa de la libertad de expresión e incluso poniendo en riesgo la seguridad nacional. Igualmente, existe una preocupación por el rol regulatorio que tendría el Estado pues se podría prestar para censura y/o favorecimientos indebidos.

En términos generales, los puntos más polémicos del proyecto son:

1. Extender el periodo de concesión de los operadores privados: Aunque inicialmente se había propuesto que se pasara de 10 a 30 años, se acordó provisionalmente que el nuevo periodo sería de 20 años.

Actualmente en Colombia se conceden licencias por 10 años, un plazo que los operadores han señalado como excesivamente corto. Según el MinTIC, la extensión tiene como objetivo “facilitar la implementación de estrategias y garantizar las inversiones en el sector”.

Sin embargo, la posición del MinTIC es totalmente cuestionable al igual que la de los operadores privados ya que el espectro radioeléctrico es patrimonio de los colombianos y por ello, el Estado debe ejercer soberanía sobre el mismo. Conceder licencias por 10 o 20 años es totalmente excesivo e inconveniente, más cuando se trata de un sector tan estratégico.

Sin ir más lejos, ello equivaldría a entregar todo el mar de Colombia o la totalidad de su espacio terrestre o aéreo para que ciertas compañías privadas ya sean nacionales o extranjeras, exploten económicamente a su antojo dicha concesión por un periodo de tiempo similar. Lo anterior con la absurda excusa de “facilitar la implementación de estrategias y garantizar las inversiones”.

Pero lo más grave de todo esto, es que se está poniendo en riesgo la propia seguridad nacional ya que estamos hablando de las telecomunicaciones del país. El que un sector tan estratégico esté bajo el dominio de compañías privadas sin importar si son nacionales o extranjeras, representa una seria amenaza para el país pues se pondría en peligro la confidencialidad de los ciudadanos, de las empresas y la del propio Estado.

2. Crear un fondo único para el sector que estaría integrado por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FonTIC) y por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos (FonTV): 

En general, este fondo podría ser una oportunidad para que se aprueben desde un mismo Ente administrativo los recursos que se necesitan para la promoción de las TIC, el desarrollo de la televisión y sus contenidos. Sin embargo, es necesario que se fijen cuotas porcentuales y rubros mínimos que garanticen la inversión pública que requiere el sector, no solo en cuanto a infraestructura sino también en producción de contenidos.

Respecto a la forma de recaudar los recursos, no solo se debería cobrar por publicidad ya que los canales y emisoras reciben ingresos por diversos conceptos. Lo más justo y conveniente es que los canales privados y las emisoras al igual que los operadores de telecomunicaciones, paguen por su utilidad final la cual debe ser minuciosamente verificada por el Estado a través del Ente regulador.

Por lo anterior, es necesario que la administración de este nuevo fondo esté compuesta por un equipo multidisciplinario que se encargue de asegurar que se recauden los rubros justos, que el presupuesto asignado se invierta eficientemente y que el sector TIC cuente con los recursos necesarios para su funcionamiento.

3. Crear un Ente regulador convergente en reemplazo de los tres organismos actuales: (la Agencia Nacional del Espectro, la Agencia Nacional de Televisión y la Comisión de Regulación de Comunicaciones)

El proyecto plantea la creación de un regulador integrado por dos juntas. La primera, que en teoría sería la Comisión de Regulación de Comunicaciones, se encargará de “promover la competencia en los mercados de las redes y los servicios de telecomunicaciones”. Esta estaría integrada por el Ministro TIC, un comisionado designado por el Presidente, un comisionado elegido por canales regionales de televisión y dos comisionados escogidos por concurso que haría el Departamento Administrativo de la Función Pública.

La segunda junta, llamada Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales, se enfocaría en los asuntos asociados al pluralismo informativo y a la defensa y el derecho de los televidentes, niños y adolescentes (según lo dicho por la ministra de las TIC, Sylvia Constaín). La propuesta es que tal junta esté conformada por un miembro elegido por los operadores públicos regionales del servicio de televisión, un miembro del sector audiovisual mediante concurso público realizado por el Departamento Administrativo de la Función Pública y un miembro de la sociedad civil elegido mediante concurso público.

Este cambio puede representar una ventaja al eliminar el exceso de burocracia, al aumentar la eficiencia de las operaciones y al evitar las discrepancias conceptuales. Sin embargo, es importante que la dirección de este nuevo Ente regulador esté integrada por los distintos actores del sector en su justa proporción, de modo tal que esté representado tanto el sector privado como el público al igual que la ciudadanía en general.

Otra opción podría ser la creación de una Superintendencia que esté adscrita al MinTIC pero que a la vez, mantenga la independencia. Asimismo, dicha función podría delegarse a la Superintendencia de Industria y Comercio ya que finalmente, esta cuenta con mayor experiencia y actualmente es la encargada de regular muchos de los asuntos relacionados con el sector.

Temas que faltan por analizar 

Más allá de los tres puntos anteriores, no se están debatiendo muchos temas que se necesitan abordar como es la apropiación del espectro radioeléctrico colombiano por parte de un duopolio mediático privado y la necesidad de expedir una Ley de Medios más democrática. Tampoco se está contemplando la necesidad de que lleguen nuevos operadores de servicios de telecomunicaciones convencionales ni la oportunidad que representan las Alianzas Público-Privadas para desarrollar el sector.

Igualmente, no se está considerando la defensa de las empresas públicas y de capital mixto como la ETB ni la importancia de que lleguen nuevos actores disruptivos que generen una evolución del sector. Asimismo, no se está contemplando que el simple acceso a internet no garantiza el desarrollo del país y que los altos precios de los servicios y de los dispositivos, también representan un impedimento para reducir la brecha digital. Asimismo, no se está considerando la ciberseguridad que debe tener el Estado colombiano.

Desglosemos los temas a continuación:

1. La apropiación de espectro radioeléctrico colombiano por parte de un duopolio mediático privado y la necesidad de expedir una nueva Ley de Medios más democrática: No es un secreto que los dos canales de televisión con cobertura nacional y todas las emisoras radiales del país, están en poder de un duopolio mediático privado conformado por RCN y Caracol. Por lo anterior, ampliar sus licencias de 10 a 20 años representa una concentración de poder en manos de unos cuestionables grupos económicos que han sido señalados entre otras cosas de polarizar el país, conspirar contra el proceso de paz y enriquecerse de forma descarada al no tener competencia.

Si además tenemos en cuenta que se ha impedido de mil formas que salga al aire el “tercer canal” y que el Canal Uno está en riesgo de ser desfinanciado, entenderemos que se está buscando beneficiar a dicho duopolio privado sobre la diversidad de sectores que componen el país.

Es claro que ni la libertad de prensa ni la libertad de expresión ni mucho menos la democracia, se encuentran garantizadas en Colombia con la actual distribución del mercado de medios. Por consiguiente, es necesario que salgan al aire nuevos canales de televisión tanto privados como públicos y que las frecuencias de las emisoras radiales sean redistribuidas de modo que se garantice la participación de distintos sectores de la sociedad. Algo que también debe replicarse en los medios escritos.

Por consiguiente, Colombia necesita con urgencia redistribuir el mercado de los medios de modo que se asigne de manera proporcional un 33% para medios públicos, un 33% para medios privados y el 34% restante para medios comunitarios. En consecuencia, se le daría voz a las comunidades que históricamente han sido excluidas por el duopolio privado dominante y a la vez, se garantizaría una verdadera democracia en la que todos los sectores del país sean partícipes.

2. La necesidad de que lleguen nuevos operadores de servicios de telecomunicaciones convencionales: Cuando al país llegaron empresas como Comcel, sus licencias se concedieron por 10 años, tiempo que fue suficiente para que se cometiera una serie de abusos hacia el consumidor y para que Carlos Slim se convirtiera en uno de los hombres más ricos del mundo. El otorgarle una licencia por 20 años a los actuales operadores, no garantizará de ningún modo la inversión ni la innovación ni unas tarifas justas o un servicio óptimo. Por el contrario, se podría repetir lo que ocurrió en los 10 primeros años de operación de la telefonía celular.

Por lo anterior, es necesario que periódicamente lleguen nuevos operadores y que las licencias sean menores a las planteadas por el gobierno o inclusive, menores a las actuales pues entre más competencia exista, más se esforzarán las empresas por ofrecer un mejor servicio con tarifas más asequibles para el consumidor. Además, pretender extender las licencias para que los actuales operadores exploten indefinidamente la tecnología vigente, no tiene sentido ya que en poco tiempo, esta será obsoleta.

3. La oportunidad que representan las Alianzas Público-Privadas (APP) para desarrollar el sector: No es necesario otorgar licencias por 20 años y entregar de ese modo la soberanía del espectro radioeléctrico colombiano. Basta con realizar Alianzas Público-Privadas de manera que el Estado y los inversores privados, trabajen en sinergia tanto por el desarrollo de Colombia como por las utilidades de las empresas en un periodo mucho menor el cual se limite al desarrollo de un determinado proyecto.

Por medio de las APP, se podrían fijar objetivos claros de modo que el Estado cumpla con sus obligaciones en cuanto a inversión social y a la vez, las compañías privadas amplíen sus mercados en un perfecto gana-gana que tenga como principal objetivo el desarrollo del país y el beneficio de la ciudadanía.

4. La defensa de las empresas públicas y de capital mixto como la ETB: Es inaudito que el PL152 que propone el gobierno, no blinde a las empresas como la ETB aun cuando pertenecen a un sector estratégico de la economía como es el de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Esta compañía bogotana es un verdadero ejemplo de pujanza y desarrollo tecnológico, pretender que los operadores extranjeros acaparen el mercado y no garantizar la supervivencia de este tipo de empresas, es un error estratégico por parte del Ministerio TIC.

5. La importancia de que lleguen nuevos actores disruptivos que generen una evolución del sector: En cuanto a tecnología se refiere, no se deben hacer planes a tan largo plazo (10 años) ni mucho menos a 20 años como lo propone el PL152 pues esta avanza a ritmos vertiginosos. Por lo anterior, lo correcto es que la legislación garantice la llegada de otros actores al mercado que inviertan en nuevas tecnologías y que realicen cambios disruptivos. El Estado no debe hacer énfasis en prolongar la misma tecnología por tantos años con la intención de que los actuales operadores recuperen su inversión, esto sólo ocasionará que el país se atrase y no vaya a la vanguardia internacional.

Por otro lado, la innovación tecnológica no proviene únicamente de Google, Huawei, IBM, Facebook, Twitter, Amazon, Microsoft y demás compañías que tienen presencia en Bogotá y que ya están ofreciendo servicios no contemplados en el PL152. Es obvio que en el futuro mediano, el sector contará con nuevos actores por lo que el país debe incentivar su llegada eliminando las barreras de entrada y facilitando sus operaciones. De hecho, Colombia debería hacer énfasis en el surgimiento de nuevas compañías de tecnología de carácter nacional y no tanto en la entrega de su espectro radioeléctrico.

6. El simple acceso a internet no garantiza el desarrollo del país: Es claro que el actual gobierno colombiano y el MinTIC se equivocan al creer que con sólo extender la cobertura del internet, el país estará desarrollado. Más cuando el método que proponen es ampliar licencias y prolongar una misma tecnología de forma indefinida.

Y es que no solo se trata de extender el acceso a internet a lo largo y ancho del país, el Estado también debe garantizar otros derechos de los colombianos como es el acceso al sistema de salud, al de educación y al de trabajo. Asimismo, hay que contemplar que en el mundo surgirán nuevas tecnologías como la 5G por lo que es necesario facilitar sus operaciones dentro del territorio nacional.

7. Los altos precios de los servicios y de los dispositivos: El Estado colombiano se está preocupando más por extender la infraestructura de los operadores privados, que por el acceso real de los ciudadanos a sus servicios. Lo peor es que al existir tan pocos competidores y concederles tantas prerrogativas, los consumidores se verán obligados a pagar sumas exorbitantes por tecnologías que podrían estar obsoletas en los próximos meses.

Otro asunto es el precio de los diferentes dispositivos, es urgente que se regule el tema de manera que no sean tan costosos para el consumidor. No tiene sentido contar con acceso a internet si se carece de un computador, de una tableta o de un teléfono inteligente. Una buena forma sería incentivar la competencia, no grabarlos con el IVA y procurar ensamblarlos o fabricarlos en Colombia.

8. No se está considerando la ciberseguridad que debe tener el Estado colombiano: Los recientes escándalos de espionaje propiciados por las agencias de seguridad y las compañías de tecnología de los Estados Unidos han puesto en riesgo la confidencialidad de personas, empresas y Estados en todo el planeta. Por lo anterior, Colombia debe tomarse muy en serio su defensa en cuanto a seguridad informática se refiere. Lamentablemente, el PL152 no contempla un aspecto tan importante como este. De hecho, ni siquiera se está contemplando realizar un Acuerdo de Transferencia de Datos con otros países.

Conclusión:

No es conveniente aprobar el PL152 sin debatir a profundidad los temas analizados anteriormente. En mi concepto, este proyecto de ley viola la soberanía de Colombia y representa un riesgo para la seguridad nacional. Asimismo, es claro que pretende una hegemonía de los medios privados bajo la figura de duopolio, lo que a su vez atenta contra la libre expresión y la democracia. Además, de aprobarse tal exabrupto, se estaría sometiendo al país a un costoso atraso tecnológico.

(Visited 1.909 times, 1 visits today)
PERFIL
Profile image

Profesional en Mercadeo & Publicidad. Magíster en Marketing Digital. Bogotá D.C. / Colombia / LATAM

Más posts de este Blog

Ver más

Lo más leído en Blogs

1

Acabo de recetarle esta dosis de Metformina para adelgazar, a una(...)

2

Un médico logró combinar los remedios más conocidos para controlar el(...)

3

Les recomiendo medirse los latidos del corazón para determinar su causa(...)

0 Comentarios
Ingresa aquí para que puedas comentar este post
Reglamento de comentarios

ETCE no se responsabiliza por el uso y tratamiento que los usuarios le den a la información publicada en este espacio de recomendaciones, pero aclara que busca ser la sombrilla de un espacio donde el equilibrio y la tolerancia sean el eje. En ese camino, disponemos de total libertad para eliminar los contenidos que:

  1. Promuevan mensajes tipo spam.
  2. El odio ante una persona o comunidad por su condición social, racial, sexual, religiosa o de situación de discapacidad.
  3. Muestren o impulsen comportamientos o lenguajes sexualmente explícitos, violentos o dañinos.
  4. Vulneren o atenten contra los derechos de los menores de edad.

Además, tenga en cuenta que:

  • - El usuario registrado solo podrá hacer un voto y veto por comentario.
Aceptar
¿Encontraste un error?

Para EL TIEMPO las observaciones sobre su contenido son importantes. Permítenos conocerlas para, si es el caso, tomar los correctivos necesarios, o darle trámite ante las instancias pertinentes dentro de EL TIEMPO Casa Editorial.


Debes escribir el comentario
¡Gracias! Tu comentario ha sido guardado
Tu calificación ha sido registrada
Tu participación ya fue registrada
Haz tu reporte
Cerrar
Debes escribir tu reporte
Tu reporte ha sido enviado con éxito
Debes ser usuario registrado para poder reportar este comentario. Cerrar