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Pese a no ser católico guardo un respeto profundo por la iglesia. Además de admirar a muchos de sus miembros (comenzando por mis papás, los sacerdotes benedictinos que me educaron o personajes maravilloso como Francisco de Roux o Fernán González) creo que la Iglesia Católica -por lo menos desde hace 30 años- ha sido una institución que ha emprendido esfuerzos monumentales en Colombia por construir una sociedad más incluyente y pacífica a través, por ejemplo, de proyectos como el Cinep o el Programa de Paz del Magdalena Medio. 
Dicho esto, quiero de manera breve exponer tres argumentos por los que creo que la presencia del sacerdote jesuita Luis Fernández Álvarez Londoño como conjuez de la Corte Constitucional (acá pueden consultar el comunicado de la Corte Constitucional que da cuenta de su nombramiento como conjuez en 2011, aunque desde hace por lo menos 8 años ocupa esa posición) rompe con un principio fundamental de la Constitución de 1991: el carácter laico del Estado Social de Derecho. 
El primer argumento se refiere a lo que quiero llamar la tensión institucional. Sin dudar de las calidades éticas o profesionales de este abogado (acá pueden ver una semblanza de su hoja de vida) creo que es incorrecto que sacerdotes de cualquier religión ocupen cargos en la administración de justicia por un hecho evidente: la separación entre la Iglesia y el Estado. Considero que esa separación solo admite una excepción, los cargos de elección popular. 
Es razonable que las congregaciones religiosas participen en política (siendo el Mira el ejemplo más representativo) pues es un espacio natural para expresar, políticamente, posiciones institucionales sobre la vida, la muerte o los derechos sexuales y reproductivos pero creoque las demás funciones públicas (educación, salud y, por supuesto, la administración de justicia) deben preservar ese carácter civilista que tanto ha costado construir en Colombia. Y eso se logra, en términos institucionales, restringiendo las posibilidades de las comunidades religiosas para ejercer cargos públicos. 
El segundo argumento se refiere a los límites de la libertad de cultos. Es bueno recordar que el recientemente fallecido Ronald Dworkin creía que, idea que suscribo totalmente, la libertad religiosa es un asunto de independencia ética personal pero no puede ser usada por los gobiernos para regular otros actos individuales por más popular que esa ética sea.
No pretendo decir que los jueces de la República, especialmente los constitucionales, no puedan profesar un credo religioso. Simplemente considero que es muy distinto que un católico administre justicia a que un sacerdote lo haga. Es un derecho constitucional expresar libremente las creencias religiosas que cada uno considera más apropiadas pero ese derecho no llega a poder influir en la función pública desde un cargo de la Iglesia.  
Además, el voto de obediencia que todos los sacerdotes hacen puede terminar generando un serio conflicto entre la doctrina de la Iglesia y la administración de justicia. ¿En casos sobre minorías sexuales, aborto o eutanasia un juez sacerdote que posición asumirá? 
El tercer y último argumento se refiere a lo que identifico como riesgos del precedente. Por ahora, el sacerdote jesuita ha actuado aplicando las reglas jurisprudenciales en los casos que ha tenido que participar (acá pueden ver una sentencia donde se une a la mayoría para revocar una sentencia del Consejo de Estado que no reconocía la pensión de sobreviviente a la compañera permanente). Sin embargo, no ha tenido que enfrentar casos difíciles -sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres o reconocimiento de derechos para parejas del mismo sexo por ejemplo- en la Corte Constitucional y creo que no es sano para la protección de derechos constitucionales que un caso de esas características sea decidido a partir de una clara violación del principio de separación iglesia y estado. 
Evitar que en la Corte participen sacerdotes, ministros religiosos o imanes musulmanes, entre otros, es una regla sensata para garantizar el carácter laico del Estado en general y el carácter no secular de la justicia en particular. 
Entiendo que como regla no impide del todo que en la función pública la religión juegue un papel desafortunado (como en la Procuraduría) pero es un paso adecuado para construir lo que, en palabras de Thomas Jefferson, debe ser un sólido muro entre la Iglesia y el Estado. Las religiones juegan un papel fundamental en la vida de las personas, pero creo que le hacen un flaco favor a los Estados Sociales de Derecho cuando deciden saltarse ese democrático límite.  
Nota: Foto de Luis Fernando Álvarez Londoño, S.J. / www.elespectador.com
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Abogado (2007) y magíster (2010) en Derecho de la Universidad de los Andes con un MSc in Law, Anthropology and Society (2011) de The London School of Economics and Political Science. Trabajo actualmente en Women’s Link Worldwide y soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.

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