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Con varias preguntas sin resolver acerca de sus calidades éticas y profesionales, Alberto Rojas Ríos se posesionó el 2 de mayo como magistrado de la Corte Constitucional. La cruda realidad es que Rojas llegó para quedarse. Ante esto, quiero hacer un ejercicio, a modo de invitación, para revisar sus actuaciones como magistrado.
  
Este ejercicio, que parte de la idea de que a los magistrados -buenos y malos- se les debe medir por sus votos y sentencias, debe hacerse extensivo a todos los miembros de la Corte. De hecho, esfuerzos mucho más rigurosos (aquí y aquí encuentran ejemplos) ya existen; oportuno retomarlos e invitar con los mismos a un debate amplio sobre la transparencia de las actuaciones de los jueces constitucionales. 
Alberto Rojas ha participado, desde su posesión, en 13 salas plenas de la Corte Constitucional. En estas salas se han discutido y aprobado 60 sentencias y autos. Rojas ha sido ponente de cinco sentencias (sentencias C-434/13; C-438/13; C-459/13; C-460/13 y C-470/13) y ha presentado cuatro aclaraciones de votos (sentencias C-282/13, C-313/13, C-470/13 y A-155/13). Por otra parte,  el abogado ha salvado su voto en cinco oportunidad (sentencias C-433/13, C-328/13 y C-474/13 y autos A-097/13 y A-121/13). 
Particularmente, los salvamentos presentados en la sentencia C-433/13 y el auto A-097/13 resultan interesantes por los temas a los que se refieren y las posiciones asumidas por Rojas. En el primero, el magistrado salva el voto con Mauricio González Cuervo en una demanda contra la reforma constitucional que modificó algunas funciones del Fiscal General. En lo que se conoce del salvamento, Rojas crítica la teoría de la sustitución -al igual que su predecesor Humberto Sierra Porto- utilizada por la Corte para declarar inexequible, entre otras, el referendo reeleccionista de Uribe o defender la carrera administrativa en la burocracia del Estado. 
En el segundo salvamento, Rojas salva su voto frente a una nulidad presentada contra una tutela que tumbó un fallo del Consejo de Estado. En esta ocasión lo hace junto a los magistrados conservadores Gabriel Eduardo Mendoza y Luis Guillermo Guerrero por considerar que la Corte debió limitarse a declarar la nulidad de la sentencia y no tomar una decisión de fondo que, en su concepto, tenía que tomar nuevamente el Consejo de Estado. 
De estas dos decisiones surgen, por lo menos, dos preguntas concretas: ¿qué postura asumirá Rojas frente a las nulidades presentadas por el Procurador Ordoñez contra sentencias que reconocen los derechos sexuales y productivos de las mujeres o el carácter plural de la familia? Rojas aclaró su voto en la decisión de la Corte que negó la nulidad contra la sentencia de matrimonio igualitario de la Corte Constitucional; sin embargo, los detalles del mismo aún no se conocen.  
Por otra parte, al estar en desacuerdo con la teoría de la sustitución, ¿Rojas votará a favor como magistrado de modificaciones sustanciales a la Constitución como los privilegios que ser querían otorgar a magistrados y congresistas en la fallida reforma a la justicia? Además, su posición frente al tema parece ambivalente. En otro salvamento de voto (C-474/13) frente a una de las demandas contra la reforma a la justicia, admite que la misma sustituía algunos principios fundamentales de la Constitución. 
He omitido,  por temas de espacio, otros votos y sentencias de Rojas, por lo que reconozco que este es un ejercicio primario. Sin embargo, espero que sirva como invitación para que los ciudadanos realicen un control legítimo y transparente a las actuaciones de la Corte. El momento de rodear a una de las instituciones que más se la ha jugado por lo cambios en Colombia ha llegado.

Nota: Foto de la actual Corte Constitucional; Alberto Rojas es el primero a la derecha / www.constitucional.gov.co – Sin Autor. 
Twitter: @SantiagoPardoR. 
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PERFIL
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Abogado (2007) y magíster (2010) en Derecho de la Universidad de los Andes con un MSc in Law, Anthropology and Society (2011) de The London School of Economics and Political Science. Trabajo actualmente en Women’s Link Worldwide y soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.

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