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Don Vicente, agricultor afrocolombiano, oriundo de Timbiquí, Cauca, padre de cinco colegiales que con pulso firme ha sacado adelante, vive entre el casco urbano y su parcela en la zona rural que viene cultivando hace casi 12 años y sobre la que aún no tiene título. Antes de construir la casa en el pueblo, le puso motor a su panga con la que recorre el trayecto entre la finca y el pueblo en un par horas, viaje que solía tomarle dos jornadas a remo.

Charles, también vive de cultivar una pequeña finca en la zona rural de Cornwall, Jamaica. En ocasiones es un aceptable cantante de regué, mejor poeta y carismático líder comunitario. Gracias a su trabajo como agricultor, también ha logrado superar la escasez.

Abel, por su parte, ha dedicado toda su vida al campo, nunca aprendió a leer, lo cual no le ha impedido sacar a su familia de la pobreza. Arando la tierra, que ocupa hace más de 40 años en un municipio del estado de Guerrero en México, llevó a algunos de sus hijos a ser profesionales.

Don Vicente cultiva coca, Charles cannabis y Abel amapola o adormidera; estos tres campesinos no solo coinciden en haberse ubicado sobre la línea de pobreza, también los une una condición especial definida en 1961 por los Estados miembros de Naciones Unidas: ese año se les confirió el estatus de productores de plantas declaradas ilícitas, criminalizando su actividad agrícola y con ellos a todas las familias que despistan a la miseria con estos cultivos.

Aun así su práctica agrícola sea considerada ilícita, ninguno muestra asomo de vergüenza y no habría razón para ello, pues dedicados a una de las tareas más nobles, trabajar la tierra, han logrado llevar un proyecto de vida digno, lejos de la penuria y la esclavitud moderna; como el caso de Don Vicente, quien inició como cortero en los grandes cañizales del Valle del Cauca en donde por bicocas trabajaba hasta 16 horas diarias.

La vetusta Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, en su artículo 22 declara que: ‘Cuando las condiciones existentes en el país o en un territorio de una Parte [Estado miembro de la ONU] sean tales que, a su juicio, la prohibición del cultivo de la adormidera, del arbusto de coca o de la planta de la cannabis resulte la medida más adecuada para proteger la salud pública y evitar que los estupefacientes sean objeto de tráfico ilícito, la Parte interesada prohibirá dicho cultivo’. Y remata diciendo que cada país que prohíba el cultivo ‘tomará las medidas apropiadas para secuestrar cualquier planta ilícitamente cultivada y destruirla…’. Al parecer en la década de los 60 consideraban que para proteger la salud y las economías licitas lo mejor era, literalmente, arrancar el problema desde la raíz.

El ‘articulito’ ha tenido resultados devastadores sobre los países en donde estas plantas se han cultivado históricamente, incluso antes de 1961. No solo las economías ilícitas se han fortalecido, también los agentes violentos que las administran, marginando aún más al campesino, corrompiendo las estructuras del estado e impidiendo un desarrollo rural sostenible. En torno a estos temas, giró el Foro Mundial de Productores de Plantas Prohibidas, al que asistieron Don Vicente, Charles y Abel el pasado 20 y 21 de enero en Heemskerk, Holanda; organizado por el Transnational Institute (TNI), entidad  de la sociedad civil especializada, entre otros temas, en analizar y  denunciar los efectos de las políticas  de drogas.

Bajo un frio que algunos solo habían sentido en las neveras, como anotó con gracia Don Vicente, los miembros de 14 delegaciones de agricultores de la región Andina, Centro América, el Caribe, Europa y Asia, redactaron la contundente declaración de Heemskerk. En ella, los campesinos exigen a la Asamblea General de Naciones Unidas que, en su intención de promover la salud y las economías lícitas, retire la prohibición sobre estas plantas; ‘cese del procesamiento penal de los agricultores y sus familias involucrados en el cultivo de coca, cannabis y amapola, y su discriminación.’ y propone que  los ‘mercados lícitos de coca, cannabis y amapola deben llegar a ser parte de las estrategias de desarrollo.’

La idea de que los estados miembros de la ONU prohíban el cultivo de plantas suena por lo menos absurdo; bajo esa lógica, también debían prohibir plantas como el tabaco y la caña de azúcar, cuyos usos y derivados tienen efectos devastadores para la salud humana. Sin embargo, de las anteriores se han desarrollado inmensas industrias. Por el contrario, en las regiones en donde se cultiva amapola, cannabis y coca, la presión de países consumidores de drogas ilícitas como los Estados Unidos, algunos pertenecientes a la Unión Europea y la Federación Rusa, insisten en presionarles para erradicar de manera forzada los 3 tipos de cultivo, sin considerar los modos de subsistencia de al menos 2 millones de familias que dependen de esta economía, según la Oficina Contra la Droga y el Delito, también de Naciones Unidas.

Hay que reconocer que la solución no es sencilla, pues quienes estamos convencidos de la necesidad de que los estados regulen la producción, comercialización y uso de todas las drogas, no hemos avanzado en propuestas concretas para estas comunidades agricultoras una vez se permitieran sus cultivos. Los pequeños productores jamaiquinos como Charles ya lo ven venir, después de que el gobierno hubiese permitido la producción de cannabis con fines médicos y religiosos. La regulación los pone a competir con grandes inversionistas canadienses quienes tienen el músculo financiero para desarrollar la industria. Esperemos que la regulación de la marihuana medicinal en Colombia no excluya  a quienes ya han avanzado en desarrollar una industria nacional.

La respuesta no puede ser binaria entre, la erradicación forzada de los cultivos y ‘legalización’ excluyente. Es posible encontrar opciones que des-escalen paulatinamente la sobre producción de plantas de amapola, cannabis y coca, sin el hacer uso de la fuerza y el involucramiento de los organismos de seguridad. En términos concretos, el objetivo debe ser invertir el caso de Don Vicente: quien cortando caña, planta insumo de drogas psicoactivas legales como el  ron y el aguardiente, estaba sumido en la pobreza; cultivando la coca, planta declarada ilegal hace 55 años, ha salido de la miseria.

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Diego García-Devis (1975) politólogo colombiano cuenta con más de 13 años de experiencia en el análisis del conflicto armado sociopolítico en Colombia. Ahora desde el Programa Global de Políticas de Drogas de Open Society Foundations, se dedica a al apoyo de organizaciones y gobiernos interesados en abordar las política de drogas desde la perspectiva de derechos humanos.

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