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La primera masacre de colombianos, después de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, aparentemente cometida por la Policía Antinarcóticos, resultó de una operación de erradicación forzada de cultivos de coca. Para Aldemar, Alfonso, Diego, Janier, Jaimen y Nelson, sin duda fue el último acuerdo del que tuvieron noticia y para ellos, el conflicto terminó allí, el 5 de octubre, en la vereda El Tandil del municipio de Tumaco, Nariño.

La tristeza, sumada a la incertidumbre, resultó en el habitual temor de los campesinos cocaleros; como siempre, en medio del fuego cruzado, no solo de grupos armados legales e ilegales, sino también de intereses populistas, nacionales y foráneos. En los años por venir, al menos dos procesos impactarán a más de cien mil hogares que, según la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito, viven de la coca en el país.

En primer lugar, a nivel nacional las elecciones del 2018 harán de y con la coca y los cocaleros, demagogia y votos; en segundo, a nivel internacional, el pintoresco presidente de los Estados Unidos, encaminará toda su furia naranja contra los “bad hombres” y culpará a los campesinos de la epidemia de sobredosis de opiáceos en su país (para el lector de whatssap desprevenido: de la coca no se hacen opiáceos).

En casa, por ejemplo, a un lado del espectro ideológico ya se oyen llamados populistas a enfatizar en los probados ineficaces métodos de reducción de cultivos: contraproducente erradicación forzada, retorno a la costosa y malsana aspersión aérea, ineficiente y corruptible desarrollo alternativo y por supuesto, cárcel para el campesino; al otro lado, novatos aspirantes al congreso, dicen representar a los cocaleros y promueven paros nacionales. Unos y otros, acopian apoyo político y como los mágicos, trasforman las hojas de coca en votos.

Entre ellos el hijo del “Maestro Salustiano Tapias”, el Fiscal General Martínez. En una entrevista reciente a este diario, el Fiscal, refiriéndose al incremento de cultivos por regiones, sentenciaba que “si no avanzamos contra la droga, si seguimos como vamos, el narcotráfico nos expropia la paz e iniciamos un nuevo ciclo de violencia en Colombia.”  Clásico populista en campaña:  equipara a las plantas con la droga, criminaliza al campesino, sentencia e inserta temor.  El Fiscal Martínez, recomienda volver a la aspersión aérea y no le gusta el proyecto de favorabilidad penal a pequeños productores de coca, aun siendo parte del acuerdo final con las FARC, pues asegura que “En medio del boom de los narcocultivos en Colombia no es posible debilitar la política antinarcótica”; seguramente porque en 40 años de erradicación y encarcelamiento a los más débiles de la cadena, la política ha sido muy eficaz,; Hipérboles y Falacias populistas de manual, Fiscal Martínez.

El segundo proceso que ya afecta a los campesinos cocaleros, es la presidencia populista del dueño de campos de golf y reinados. El pasado agosto, el vicepresidente norteamericano Pence, como invitado a Cartagena hablaba de los cultivos de coca en Colombia y envalentonado le advertía de manera perentoria al siempre sonriente presidente Santos: “Señor presidente esto tiene que terminar, y esto tiene que terminar pronto”. De inmediato, la institucionalidad colombiana corre a arrancar los cultivos de coca, sirviendo a la obsesión vaquera de terminar el uso de algunas drogas en su territorio, en cambio desenterrar de raíz, un problema que se origina en la ausencia de desarrollo económico y salud pública.

Ninguno se atrevería a interpelar, como pasa en las películas del oeste con el matón que llega al pueblo: – No, Mister. Pence, el origen de su problema no son las plantas, el origen está en la perversidad de una política que usted promueve -y en seguida preguntarle – Más bien díganos, ¿Cómo terminar pronto la pobreza en los municipios en donde se cultiva coca? A ver, cuéntenos ¡¿Cómo terminar pronto el consumo de cocaína en su país?! – 

Algún viso de esto se lee en el último reporte de la Fundación Ideas para la Paz, sobre los avances de la sustitución de cultivos de coca en Colombia. El documento pide paciencia al gobierno norteamericano, señalando que la pobreza multidimensional en los municipios en donde hay mayor concertación de coca es cercana al 90%, por supuesto allí, los gobiernos locales captan pocos impuestos, situación exacerbada por una conectividad muy precaria. –Es allí, y en su capricho por erradicar la coca a la fuerza, en donde reside el problema, Mister. Pence –

El sordo nuevo gobierno norteamericano, es más de lo habitual en materia de reducción de la oferta de drogas; el presidente Trump, en una de sus Órdenes Executivas, una suerte de decretos presidenciales, creó La Fuerza de Tarea para reducir “el crimen, la inmigración ilegal, los crímenes violentos y el tráfico de dogas”; amenaza con descertificar a Colombia por sus bajos resultados en su compromiso en la lucha contra las drogas, congela y condiciona la cooperación para el posconflicto a la reducción de coca y la Administración para el Control de Drogas (DEA) atiza, contradiciendo el modelo macroeconómico de oferta y  demanda; Aún con el precio estable de cocaína en las calles de EE.UU., la DEA asegura que a mayor oferta de hoja de coca, mayor la demanda de cocaína. Es decir, la culpa de su consumo de cocaína, la tiene los campesinos cocaleros.

En ambos casos, los populistas olvidan señalar a los actores ‘intelectuales’ de la masacre en Tumaco: la pobreza, la corrupción, la desidia del Estado, la tozudez de políticas empecinadas en dar solución a un fenómeno que no se resuelve arrancando matas que, como dejaron ver los hechos en Tumaco, no son las que matan.

Pienso en qué diría el “Maestro Salustiano Tapias” sobre todo esto, busco una de sus frases célebres y encuentro el lema de “El Pereque”, un viejo programa de sátira política en la radio que el Maestro dirigía: “Para que vivamos más, nos cueste menos, no molestemos y hagamos paz”.

 

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PERFIL
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Diego García-Devis (1975) politólogo colombiano cuenta con más de 13 años de experiencia en el análisis del conflicto armado sociopolítico en Colombia. Ahora desde el Programa Global de Políticas de Drogas de Open Society Foundations, se dedica a al apoyo de organizaciones y gobiernos interesados en abordar las política de drogas desde la perspectiva de derechos humanos.

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