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A pocos meses de vencerse el plazo otorgado por la Corte Constitucional al Congreso para que regule las uniones entre parejas del mismo sexo, las instituciones más ortodoxas y en particular la Iglesia Católica han incrementado sus esfuerzos para persuadir a los legisladores de que en Colombia no exista para los gais la misma figura con que se denominan las uniones entre heterosexuales.
Más allá de los motivos que tenga el clero para rechazar el homosexualismo, genera inquietud que la oposición de la Iglesia sea exclusivamente contra la unión entre personas del mismo sexo y no resistiéndose a toda forma de matrimonio civil. Si el catolicismo quiere ser consecuente con sus dogmas, la pelea a dar es para evitar que cualesquiera dos ciudadanos colombianos salgan de una notaria con un papel que los certifique como casados.
El cristianismo nunca ha considerado equiparable la unión ante un burócrata con el matrimonio en los templos, entonces ¿por qué venir a controvertir por una nueva interpretación civil cuando ha guardado cómodo silencio todos estos años frente a la posibilidad de que un hombre y una mujer sean legalmente reconocidos como cónyuges sin haber pisado un altar?
Si la Iglesia debe tomar una posición en el debate del matrimonio igualitario, no es porque las uniones entre parejas del mismo sexo tengan un calificativo diferente (algunos simpáticamente proponen gaymonio) sino porque todo contrato civil entre cónyuges que no haya pasado por el templo no se llame matrimonio. En otras palabras: hombre con hombre, mujer con mujer, y hombre con mujer todos igualmente gaymoniados.
Más allá de argumentos de fe y dogma, existen numerosos artículos académicos que resaltan las ventajas del matrimonio para quienes lo contraen en términos de salud, bienestar y calidad de vida. Pero, a raíz de los recientes procesos, tanto en Europa como en algunos estados de EE. UU., de legalización del matrimonio homosexual se ha empezado a documentar también los efectos económicos de este nuevo tipo de uniones.
Un estudio del Instituto Williams de la Universidad de California estima que el impacto de la aprobación (en diciembre de 2012) del matrimonio gay en el estado de Washington será de 88 millones de dólares adicionales en consumo en el curso de tres años, que además representarán 8 millones de más en las arcas del fisco por cuenta de impuestos. No parecería, entonces, un mal negocio.
Frente a esta coyuntura, ¿debería apoyarse el matrimonio entre homosexuales dado su posible impacto positivo sobre la economía? ¿Es coherente la posición de la Iglesia al atacar solo el matrimonio civil gay? Los invito a compartir sus opiniones en la sección de comentarios.
En Twitter: @cpinill
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Camilo Pinilla es economista. Se ha desempeñado como investigador en temas de infraestructura y telecomunicaciones; regulación, inversión pública y políticas de competencia. Ha asesorado al gobierno en temas de regulación de comunicaciones. De manera paralela, es profesor de cátedra de microeconomía en una universidad privada de Bogotá.

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