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No habíamos alcanzado a celebrar el hundimiento de la ley anti monopolio para que la Comisión Sexta del Senado de la República nos sorprendiera con la aprobación en primer debate de un proyecto que pretende la prohibición de las clausulas de permanencia mínima de telefonía móvil. Otra mala iniciativa con buenas intenciones, pero con más perjuicios que ganancias para los usuarios.
El senador liberal Eugenio Prieto, ponente del proyecto, aseguró que la iniciativa persigue la disminución de los precios de los teléfonos y eliminarles a los usuarios barreras para cambiar de operador según su antojo.
Efectivamente, las cláusulas de permanencia son un obstáculo para aprovechar la portabilidad numérica y constituyen una herramienta de los operadores para capturar a los usuarios por un periodo máximo de 18 meses durante los cuales deberán permanecer en la red que les vendió el teléfono nuevo. Pero, ¿estarían mejor sin este tipo de regulación?
Prohibir la permanencia mínima significaría mayores pérdidas para los consumidores que para Claro, Movistar y Tigo. La eliminación de este esquema de financiación de equipos implica que el costo de todo teléfono nuevo deberá ser asumido completamente por el usuario y por lo tanto se limitará el acceso a equipos de mejor tecnología y se pondrán trabas a las políticas de expansión del Internet móvil y control del hurto de celulares.
Contrario a la intuición de los defensores del proyecto, esta no es una iniciativa que disminuirá el precio de los teléfonos. Sus efectos consisten en estancar la renovación de tecnologías móviles, encarecer relativamente los teléfonos más novedosos que se encuentran en uso y poner barreras a los usuarios que quieren cambiar su modalidad de cobro de prepago a pospago.
Por el lado de la oferta, es importante entender que aunque ofrecer una variedad amplia y novedosa de equipos es una importante estrategia de mercadeo para los operadores, el corazón del negocio de telefonía móvil no está en vender los aparatos. No es allí donde pueda explicarse el poder de Claro, Movistar o Tigo.
En una coyuntura donde los teléfonos celulares siguen siendo considerablemente caros y la innovación tecnológica es acelerada, deben promoverse métodos de financiación y reducción de costos para este tipo de equipos. ¿Qué tal si en vez de buscar eliminar las cláusulas de permanencia mínima, se propone el desmonte de todo tipo de impuestos a tabletas y equipos celulares?
Frente a esta discusión, ¿está de acuerdo con la propuesta de prohibir las cláusulas de permanencia? ¿Se deberían explorar otras alternativas para promover las nuevas tecnologías? Los invito a compartir sus opiniones en la sección de comentarios.
En Twitter: @cpinill
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PERFIL
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Camilo Pinilla es economista. Se ha desempeñado como investigador en temas de infraestructura y telecomunicaciones; regulación, inversión pública y políticas de competencia. Ha asesorado al gobierno en temas de regulación de comunicaciones. De manera paralela, es profesor de cátedra de microeconomía en una universidad privada de Bogotá.

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