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Concluye un capítulo más de esta atropellada historia con el pronunciamiento del Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, a favor de que Uber sea finalmente reglamentado en el país. Sin embargo, no se sabe todavía cómo ni cuándo se llevaría a cabo tal proceso de reglamentación que, en teoría, debería ayudar a formalizar un servicio de transporte, cuyos dos años de funcionamiento, han sido suficientes para constituir y fidelizar una comunidad de más de cien mil usuarios en Bogotá, Cali, Medellín, y Barranquilla mediante una aplicación móvil.
Esperando que, en esta ocasión, los anuncios hechos por el Gobierno Nacional vayan más allá de los titulares de prensa, resaltaría entonces la importancia de estudiar seria y detenidamente lo que al respecto se ha hecho en otras latitudes a fin de que mediante la adquisición de elementos de juicio pertinentes en materia legal, técnica, financiera, tarifaria, tributaria, etc., se facilite la modernización del servicio de transporte individual de pasajeros en nuestro territorio actualmente atendido por taxis amarillos, taxis blancos, y vehículos particulares que, a la larga, es lo que está en juego.
En este sentido, existen a nivel internacional una serie de casos que podrían sernos de bastante utilidad especialmente por la manera como han abordado, interpretado, evaluado, y respondido a la operación de ésta y otras plataformas tecnológicas incluyendo sus aspectos más sensibles como, por ejemplo, sus costos y sus beneficios sociales.
Tal es el caso de las ciudades de Londres (Inglaterra), Frankfurt (Alemania), y Ciudad de México (México) donde hace poco se expidiera un acuerdo por parte de la Administración Pública Distrital, en cabeza de la Secretaria de Movilidad, creando un “registro de personas que operen, utilicen, y/o administren aplicaciones para el control, programación, geolocalización en dispositivos fijos o móviles a través de los cuales los particulares puedan contratar tanto el servicio público de taxi como el servicio privado de transporte con chófer en el Distrito Federal” convirtiéndose, de este modo, en la primera ciudad latinoamericana en sacar adelante una reforma normativa sobre el particular. Valdría la pena revisarlos.
En síntesis, todo parece indicar que el Gobierno Nacional ha decidido no postergar más la regulación de un servicio que, según varios estudios académicos, ha demostrado ser altamente eficiente dadas sus condiciones de disponibilidad de flota, seguridad, comodidad y facilidades de pago.
Solo resta esperar que en medio del proceso de reglamentación que se avecina, el Ministerio Transporte, haga un análisis exhaustivo que tenga en cuenta la preferencia de los usuarios y las nuevas tendencias mundiales que vinculan cuestiones de movilidad sostenible y economía colaborativa en pro de estructurar un nuevo marco normativo robusto y consistente para este servicio de transporte.
Un buen comienzo sería asistir al foro académico que próximamente realizará la Universidad Externado de Colombia conjuntamente con el Centro de Transporte Sustentable (CTS) – Embarq de México, en sus instalaciones, más exactamente el día 13 de Agosto, donde tendremos la oportunidad de intercambiar ideas y conocimientos con un selecto grupo de expertos.
A continuación, encontrarán la dirección en internet dónde podrán inscribirse: http://movilidadcolaborativa.com/inscripciones/
Allá nos vemos.
Twitter: @AJARAMORENO.
Voto por la legalización de Uber, así los usuarios tendremos de donde escoger el servicio y no estar maltratados por el mal servicio de los taxis amarillos, lo afirmo por experiencia propia.
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El gran poder amarillo, hace inversiones cuantiosas en campañas politicas,para sontener su monopolio,es injusto que el gobierno no de la solución,mas alternativa para parar esta ola de inseguridad,desmanes y atropellos que son el pan de cada dia, por parte de este gremio abusador.Legalicen a UBER la seguridad del ciudadano del común esta por encima de los interes es politicos.
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Voto porque se reglamente equitativamente, que quiten el valor de los cupos de los taxis y mas bien creen un impuesto a los transportadores, con el fin que los dineros percibidos por empresas privadas de taxistas las perciba el gobierno para invertir en infraestructura….a quien se le ocurre que el servicio público es un negocio de privados…
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Voto por que si, si el sistema actual no responde a las expectativas pues que se implementen nuevos por que que mas!!
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