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Leí con mucho interés el artículo del profesor James Robinson, de la Universidad de Chicago, en El Espectador (07/01/2017) (http://www.elespectador.com/noticias/politica/colombia-el-final-del-comienzo-articulo-673655). Felicito al profesor Robinson por siempre avivar el debate público y por insistir en algunas ideas que son alérgicas a ciertos grupos de la sociedad, a pesar de que tenga en ocasiones reservas sobre algunas conclusiones y enfoques suyos. Haré primero unas observaciones sobre su mirada al pasado y en una segunda parte otras sobre el presente (ya publicadas en otro artículo que pueden consultar abajo).

Al referirse a nuestro siglo XIX, dice el profesor Robinson: “el carácter inevitable de las guerras civiles es que para detenerlas se requeriría de un Estado moderno, con un sistema fiscal, una burocracia y un aparato judicial que tuvieran el poder de erradicar las causas sociales del conflicto y además establecer un monopolio de la violencia en el país”.

El profesor Robinson nos brinda algunas respuestas satisfactorias. No obstante, el artículo 91 –el del derecho de gentes- no nos hizo más desiguales, como él afirma. Tampoco fueron rebeliones prolongadas (la Revolución Mexicana duró 30 años). El problema está en las razones detrás de la existencia del artículo 91. Hay que remontarse más en el tiempo. La crisis de la monarquía católica española (1808-1823) desató un problema dinástico y de soberanía en todo el orbe hispano. Las viejas jerarquías territoriales se invirtieron. En Colombia, todo indica que ganó el campo frente a las ciudades. Los pueblos reasumieron sus derechos y soberanía, con estatus de comunidades perfectas y cuerpos morales. La raíz del poder local está allí, cuyo influjo aún padecemos.

Todas las constituciones durante este siglo afirmaron unos derechos políticos antiguos que socavaron la representación de la República y robustecieron los derechos de los pueblos como entidades soberanas: el principio de responsabilidad de la constitución y el derecho de petición. El concepto de Estado, como estructura administrativa civil centralizadora a la francesa, no figuraba en el lenguaje político de los actores. Tampoco estuvo en su horizonte, salvo contadas excepciones. Como en la España del siglo XIX, una parte del problema de la política colombiana -a nuestros ojos democrático-liberales- tenía que ver con la legitimidad de la nueva soberanía-representación y con los viejos derechos políticos antiguos. La ausencia del poder moderador del monarca contribuyó a la inestabilidad de las republicanas hispanoamericanas, que había estado ausente en tres siglos coloniales.

La explicación del profesor Robinson acerca de por qué Salvador Camacho Roldán incluyó el apartado sobre el derecho natural de gentes en la constitución de 1863 es equivocada. Niega una cultura política de siglos que llevó a cuestas la cristiandad. Cierto, los liberales temían el poder de Mosquera y por ello instauraron presidencias federales de 2 años. Pero esto no tiene relación con la inclusión del derecho natural de gentes en esta y otras coyunturas. Tenía razón Camacho Roldán: eran “las prácticas humanitarias de las naciones civilizadas y cristianas”. La historia del derecho natural y de gentes no es colombiana. Fue empleado previamente en Europa y la América Hispana durante los siglos XVII-XVIII, y tuvo sus grandes filósofos en Grocio, Puffendorf y Vattel, muy leídos en Hispanoamérica. Con él se reconocía la existencia política de cuerpos territoriales independientes, un pueblo, una provincia, una ciudad, un reino. Las constituciones colombianas mantuvieron el derecho español antiguo. Los colombianos podían pronunciarse en contra de un gobierno o de una constitución; era un procedimiento legal. Rionegro tan sólo terminó de constitucionalizar una práctica empleada desde hacía siglos, no solamente en el mundo hispano. En las librerías españoles de 1880, aún se encontraba a Heinecio y a Burlamaqui. El empleo del derecho natural de gentes, entonces, no fue un rasgo colombiano como afirma el profesor Robinson. Existió también en México y en España, como uno de los legados de la política del antiguo régimen. Hasta en la revolución mexicana (1910-1940) veremos a los pueblos zapatistas reclamar su independencia y su derecho a autogobernarse, anclados todavía en concepciones del corporativismo del antiguo régimen.

Las revoluciones fueron inevitables en la medida en que los empleados públicos –que tenían la facultad de interpretar legalmente las constituciones- consideraron la existencia de una intromisión a sus derechos o aquellos de sus gobernados. El contexto ayudaba, especialmente, si había algunos notables indispuestos con el gobierno de turno. La competencia por los cargos, la obligación de reciprocidad que conllevaba los lazos familiares y las amistad políticas, y el carácter patrimonial de los cargos y la capacidad de impartir justicia local, motivaban a los distintos actores a levantarse en armas.

El hecho de que fuera constitucionalizado el derecho natural de gentes lleva a reflexionar sobre los cimientos del orden social y de la República, que no eran los del estado administrativo francés ni laico. El profesor Robinson tiene razón al señalar que no había un Estado moderno. La pregunta es: ¿por qué no existía? Los motivos económicos juegan apenas un papel. Imperaba todavía una visión católica corporativa de la sociedad, donde unos pueblos con derechos y costumbres –cuya institución primordial fueron los municipios- pactaban unirse a un cuerpo político mayor, llámesele provincia o República. La República nunca se discutió, en parte, porque mantuvo su viejo significado: un cuerpo político de cuerpos. Los pronunciamientos legales del siglo XIX, no sólo en Colombia, hablan de los “derechos naturales y sagrados de los pueblos”. Por lo demás, el patrimonialismo de los cargos y el principio de responsabilidad imposibilitaban la existencia de un contencioso administrativo. Se contemplaba reformar las constituciones pero no la sociedad y muy poco la política. Incluso los radicales nunca se atrevieron a cuestionar el derecho natural ni el municipalismo. El liberalismo era católico y rural. No es una sorpresa que la constitución de 1886 debió ser ratificada por los municipios para ser vigente; no hubo asambleas soberanas como la francesa de la revolución de 1789. El poder soberano estaba escindido entre los pueblos y el Congreso.

Si no comprendemos la legalidad de este antiguo poder local y la fragilidad de la representación del Congreso, no podemos comprender la imposibilidad de construir un Estado en el siglo XIX. Imponer un Estado con una administración civil a la francesa, implicaba socavar una sociedad que se había regido bajo estas prácticas y valores durante siglos. Si hoy nos dijeran que debemos renunciar a la democracia-liberal de la noche a la mañana todos pondrían el grito en el cielo. Y eso que esta es una legitimidad que no tiene más de un siglo, y ha sido tenazmente contestada por los totalitarismos del siglo XX. Imagínense una legitimidad aceptada de varios siglos. Con todo, comparto con el profesor Robinson, aunque por otras razones ya enunciadas, una tesis que no cae bien entre los académicos colombianos: mucha gente rica, pero sospecho que el problema era una mayoría pobre (alcaldes, jefes políticos, vecinos, cabildos) no quería ni quiere al Estado. Pero no era por pura maldad o por un simple cálculo de costo-beneficio. La monarquía católica española se había sostenido en viejas tradiciones corporativas con derechos y costumbres locales que no era concebible derrumbar de la noche a la mañana y que la revolución de independencia no soñó ni logró modificar.

Una leyenda negra cubre la política de las Repúblicas hispanoamericanas, cuyos pilares algunos historiadores han procurado combatir y hasta desmentir. Algunos de ellos han dicho que en otros lugares hubo más violencia, más sangre, etc. Tienen razón. Pero ahora podemos añadir otro argumento que puede matizar una mirada demasiado siniestra de nuestra historia: las contiendas eran legales en el siglo XIX y no buscaban la destrucción total del enemigo. Esto será un rasgo nuevo de La Violencia de mediados del siglo y de la violencia reciente. No podemos declarar que la violencia tal y como la vivimos sea una herencia colonial (en la que no hubo guerras civiles) ni del siglo XIX. Este siglo, que para algunos culmina antes de La Violencia, fue menos sangriento y violento, con otra forma de conceptualizar y hacer la guerra. Las motivaciones, los actores, las formas de combatir, la legalidad de las contiendas eran diferentes. Realizar por tanto una comparación entre el mundo político de Rionegro de 1863 y el de las FARC, como hace el profesor Robinson, me parece incongruente y anacrónico. En aquella época, hubo mucho prisionero, mucha fuga, mucha poesía mala compuesta en cárceles improvisadas para las señoritas enamoradas. No eran rebeliones destructivas: hubo poquísimos cañones y funcionaban mal; pocas ametralladoras y muchos fúsiles de percusión y hasta piedras. No fueron revoluciones que quisieron cambiar la sociedad; cosa que sí quiso hacer las FARC, e hicieron los cubanos, los bolcheviques, los maoístas y los jacobinos. Sin duda, el concepto de “revolución” es exagerado para el siglo XIX colombiano (exceptuando la revolución de independencia), a pesar de que fuera acuñado por los mismos actores. Los grandes anhelos de reformar la sociedad (exceptuando la relación Estado-Iglesia) pertenecen más al siglo XX, no sin sorpresa, el siglo del crecimiento demográfico, la urbanización y la industrialización.

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PERFIL
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Investigador del Centro de Estudios en Historia (CEHIS) de la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como asistente de investigación del Centro de Estudios Latinoamericanos (St. Antony’s College) de la Universidad de Oxford. Magíster en Historia.

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1 Comentarios
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  1. Increíble e indignante que quieran presentar un artículo (el de El Espectador) que parece escrito por un apologista del M19, una guerrilla bogotana y por lo tanto de los afectos de la dictablanda actual, como escrito por James Robinson que, no es conocido por ser especialista en la historia de Colombia. Muy jodido cuando docentes y periodistas se prestan para la mentirota.

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