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El pasado 31 de julio Argentina entró en cesación de pagos por octava vez, la segunda en trece años. Esta vez, sin embargo, fue distinta a las anteriores. Por primera vez el default no es el resultado de la incapacidad financiera argentina de pagar las deudas, sino de una larga lucha entre el gobierno argentino y un par de fondos privados de capital por pagos de miles de millones de dólares.

Hay dos antecedentes de todo este lío. Primero, Argentina entró en cesación de pagos en 2001, cuando su sistema financiero colapsó, dejando a los argentinos con un tercio de lo que creían tener antes en el banco. En ese momento Argentina quebró. Como cualquier empresa o individuo, no tuvo capacidad de pagar sus deudas después de un gasto irresponsable y confianza infinita en que el crédito internacional siempre iba a estar abierto y barato.

Una tragedia, claro. Lo que siguió fueron varios intentos por llegar a un acuerdo con los acreedores, la mayoría de los cuales aceptaron en 2005 y 2010 recibir un descuento de más del 60% en el valor de sus bonos. Pero no todos los acreedores entraron en el acuerdo. Unos pocos, menos del 8%, decidieron vender sus bonos a Elliot Capital y otros fondos de inversión, por sólo 48 millones de dólares, cuando el valor inicial era de 1.500 millones. Elliot Capital y los demás fondos, que Argentina llama buitres, tenían planes de llevar al gobierno argentino a las cortes, tantas como fuera necesario, y recuperar el 100% del valor inicial de los bonos. La esperanza de ganancia era, después de todo, de 1.452 millones de dólares, y Elliot ya había logrado el mismo objetivo cobrando el 100% en bonos en default de la deuda panameña.

El segundo antecedente se conoce como la cláusula RUFO. Como parte de las negociaciones de 2005 y 2010 para reestructurar la deuda, Argentina ofreció a quienes aceptaran el descuento sobre sus bonos una garantía de que no iba a ofrecer mejores condiciones a quienes no aceptaran el descuento. Esto es por supuesto necesario para cualquier reestructuración, dado que nadie va a aceptar un descuento cuando el gobierno está ofreciendo a otros un mejor trato. La cláusula RUFO se firmó con vigencia hasta diciembre de 2014. Además, la ley argentina incluyó una cláusula penal, que amenaza con prisión a los funcionarios argentinos que la incumplan al ofrecer mejores condiciones a quienes no aceptaron el descuento.

Argentina entonces empezó a pagar a quienes aceptaron el descuento, y creyó poder olvidarse del resto. Pero acá es cuando empezó el sufrimiento. Los fondos que no reestructuraron empezaron su cascada de demandas, y lograron que una corte de Nueva York aceptara el caso. Como esperaban los fondos, el juez Thomas Griesa falló a su favor, exigiendo a Argentina a pagarles el 100% de la deuda. Pero eso no fue todo. Cuando Argentina intentó pagar a los que sí reestructuraron, el juez Griesa congeló los pagos, hasta que no se llegue a un acuerdo con Elliot y compañía. Sin posibilidad de cumplir la sentencia del juez, Argentina entró en cesación de pagos, y el juez Griesa todavía tiene la plata argentina congelada en un banco en Nueva York.

Mientras vencía la cláusula RUFO, el gobierno de Argentina inició una campaña mediática para protegerse de las consecuencias económicas del default, incluso algunas absurdas como demandar a Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia cuando ese país no reconoce la jurisdicción de la Corte. Todo esto no ayudaba en nada la situación de la deuda, pero sí mejoraba la posición política del kirchnerismo en Argentina.

Ya en enero de 2015, la cláusula RUFO no es válida y Elliot y compañía están esperando recuperar el 100% de la deuda. Argentina sigue ofreciendo pagar solo lo que pagó a los reestructurados, con unos pocos beneficios, como reconocer intereses adicionales. Como era de esperarse el ofrecimiento de enero no funcionó. Mientras los fondos acusan a Argentina de no ofrecer una solución seria, Argentina acusa a los fondos de orquestar un ataque financiero contra su país.

La verdad es que Argentina está obligada legalmente a pagar sus deudas, y esta obligación para todos los países es indispensable para sostener al sistema financiero internacional. Si bien todos los países pueden entrar en dificultades y no cumplir sus obligaciones, para reducir sus deudas estos tienen que llegar a acuerdos con sus acreedores, basados en el compromiso de hacer todo lo posible por honrar los compromisos iniciales, y no montar un espectáculo internacional para descreditar a quienes reclaman sus pagos. Elliot y compañía están interesados en ganar dinero, por supuesto, y no son almas de la caridad. Pero eso no quiere decir que Argentina no esté obligada a pagar sus deudas por las mismas condiciones que aceptó en el momento de pedir los créditos, o buscar acuerdos intermedios que sean atractivos para las dos partes. Si este país quiere seguir disfrutando del sistema internacional cuando necesita dinero, debe aprender a responder seriamente cuando debe pagarlo.

*Este texto fue publicado también en el boletín DePolítica de la Universidad de los Andes.

@Sebastianbitar

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PERFIL
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Profesor Asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Sebastián es PhD en Relaciones Internacionales de American University (Washington, DC), magíster en Ciencia Política y politólogo de la Universidad de los Andes. Ha publicado libros y artículos académicos sobre derechos humanos, conflictos armados y relaciones internacionales. Su último libro es "US Military Bases, Quasi-bases, and Domestic Politics in Latin America", publicado por Palgrave McMillan en Nueva York. Seguir en Twitter: @Sebastianbitar

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