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La condena de 80 años proferida contra el exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt muestra que algunas naciones del llamado Tercer Mundo, sí están en capacidad de administrar justicia. Realidad que contradice la idea de una justicia transnacional impuesta desde el mundo desarrollado, con criterios dispares para la imposición de penas a quienes se vean envueltos en crímenes de guerra, o de lesa humanidad.
Durante mucho tiempo, se ha insistido en que los tribunales penales ad hoc, o la Corte Penal Internacional, son instrumentos efectivos para evitar que cunde la impunidad donde se han presentado violaciones flagrantes y sistemáticas a los derechos humanos. No obstante, en algunos de esos tribunales la impunidad o la justicia selectiva, son el común denominador. Basta con observar, la forma como el Tribunal Penal para la ex-Yugoslavia ha canalizado la mayoría de responsabilidades sobre el gobierno de Belgrado, omitiendo las violaciones constantes a las que fue sometido el pueblo serbio, por una facción de los albano-kosovares, especialmente aquellos del Ejército de Liberación de Kosovo. El tráfico de órganos comprobado y orquestado desde las autoridades reconocidas del recién creado estado kosovar, da cuenta de la magnitud de tales crímenes horrendos. Hechos que la comunidad internacional no ha decidido fustigar.
¿Qué se podrá decir de la CPI de la que no hacen parte estados como China, Estados Unidos, Rusia o Israel? Resulta infame e ingenuo que se piense que los únicos estados que sistemáticamente cometen crímenes de lesa humanidad o de guerra, sean africanos.
En el pasado reciente, el arzobispo surafricano, Desmond Tutu propuso que la CPI juzgase a George W. Bush y a Tony Blair por los crímenes que sus ejércitos cometieron en Irak (principio que se le debería aplicar a quienes apoyaron tal despropósito, léase José María Aznar, Silvio Berlusconi y Álvaro Uribe Vélez). Propuesta, que como era de esperarse, no tuvo eco en la comunidad internacional.
Guatemala, uno de los estados más pobres del mundo le da una lección a naciones occidentales, que se han ufanado de sistemas políticos que han privilegiado los derechos humanos en el curso de siglos. Admirable que este pequeño estado centroamericano haya sido capaz de juzgar, como no la ha hecho ningún estado del mundo, a un exmandatario por crímenes inenarrables, como la muerte de más de 1000 indígenas a comienzos de los 80.
Lección que el mundo desarrollado, victimario en tantos escenarios, seguramente ignorará.
