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La crisis en la que se ha sumido Brasil por cuenta del proceso en contra de Dilma Rousseff, no es tanto de la izquierda o del Partido de los Trabajadores, como del modelo político, incapaz de gestionar los desacuerdos dentro del marco de las instituciones y del Estado de derecho. Se piensa injustificadamente, que la tensión que vive ese país, se produce por el tiempo (que sugiere hegemonía) y que la izquierda lleva en el continente desde que a finales de lo noventa, Hugo Chávez apareciera para cambiar el mapa ideológico de la zona.
El Partido de los Trabajadores durante los gobiernos de Luis Inacio da Silva y Dima Rousseff, cambió la cara de Brasil. Pasó de ocupar el deshonroso puesto del tercer o cuarto país más desigual del mundo, a ubicarse por fuera de las diez con mayor concentración, activo, que a ratos se tiende a minimizar, pero que trasciende en la medida en que le otorgó una dimensión económica a la democracia. Se olvida con frecuencia, la decepción de la ciudadanía suramericana frente a la democracia a comienzos de siglo, en buena medida, por el desastre de gobiernos neoliberales que nunca tradujeron el ideal democrático en una igualdad material. Ese conjunto de medidas lanzó a la pobreza a millones de latinoamericanos. En 2003, se calculaban en 156 millones, la cifra más alta en las últimas dos décadas.
En la encuesta Latinobarómetro publicada en 2004, y que recogió muestras de 2002, se indicaba que en algunas subregiones como la andina, un porcentaje de ciudadanos cercanos al 50%, se mostraba dispuesto a apoyar un régimen autoritario, siempre y cuando solucionara problemas económicos. Hoy el panorama es otro. En su orden: Venezuela, Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y República Dominicana aparecen como los latinoamericanos, donde más ha aumentado el apoyo a la democracia entre 1995 y 2013. Cuando se habla de la regresión de la que supuestamente es responsable la izquierda, se debe serenar la lectura. Urge a perspectiva histórica.
El gobierno de Dilma Rousseff no está exento de responsabilidad, en los escándalos que han sacudido a la política brasileña en los últimos meses. Lo que resulta criticable es la facilidad con la que se asume la culpabilidad de la Jefe de Estado, y más grave aún, que de forma evidente el presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, haya emprendido una cruzada contra Rousseff, como retaliación por la falta de apoyo del PT en las acusaciones que por corrupción se hicieron contra Cunha. Paradójicamente, existen pruebas más contundentes por la existencia de millonarias cuentas en Suiza por las que tendrá que responder, si finalmente se administra justicia, en esa serie de casos de lavado de activos, sobornos y desvío de fondos públicos.
Antes del tan sonado juicio político que seguramente tendrá luz verde en el Senado del Brasil, se debe recordar que la región tiene un papel clave para desempeñar. Tanto la Organización de Estados Americanos (OEA), como el Mercosur y UNASUR, contemplan cláusulas democráticas que tienen por objeto, evitar las interrupciones constitucionales de este tipo. La Carta Interamericana Democrática, el Protocolo de Ushuaia y el Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR respecto del compromiso con la democracia, son instrumentos de los que disponen las naciones de la zona, para confirmar una vocación, que en el pasado ha servido para conjurar crisis, y de paso recordar, que a pesar de las divisiones o disensos ideológicos, la defensa democrática constituye un deber indeclinable. Principio tan válido para exigir mayor transparencia en el proceso contra Rousseff, como para presionar en Venezuela porque le sea devuelta a la Asamblea Nacional, en manos de la oposición, prerrogativas esenciales para que exista democracia y Estado de derecho.
