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El término dictadura no le cabe del todo al gobierno de Nicolás Maduro, pues no se trata de una administración que de forma contingente haya concentrado los poderes para hacer frente a una crisis, sino de una deriva autoritaria en la que, poco a poco, y, sobre todo a partir de abril de 2017, se ha venido aniquilando la independencia de las ramas del poder público. Desde que la disidencia venezolana ganara las elecciones legislativas de diciembre de 2015, el establecimiento decidió castigarla despojándola del mandato al que había accedido de forma legítima a través de una apabullante victoria.

Desde ese entonces, Venezuela ha enfrentado todo tipo de sanciones. Barack Obama dirigió una batería de castigos contra miembros del establecimiento comprometidos con violaciones a los derechos humanos y con Donald Trump se ampliaron a sectores clave de la economía como la industria petrolera. La premisa del mandatario estadounidense es sencilla: el colapso económico derivaría en el desmoronamiento del establecimiento madurista sostenido únicamente por las divisas provenientes del llamado oro negro. No obstante, aquella apuesta no resultó como lo muestran los constantes fracasos de los levantamientos militares, y porque, como nunca en la historia reciente, Venezuela había producido tan poco petróleo, y aun así, el establecimiento parece fortalecido. La cruda paradoja es que mientras millones de venezolanos sienten el impacto de las sanciones y a la parálisis política se suma la peor crisis económica de su historia, el establecimiento post-Chávez parece robustecido. Venezuela ha sido condenada al ostracismo con el cierre de espacios regionales por iniciativa del denominado Grupo de Lima, creado en 2017 por los gobiernos conservadores que, aprovechando su hegemonía, aumentaron la presión sobre Caracas para empujar una transición. Inicialmente, la postura que parecía inmodificable apuntaba a que Maduro tenía que salir como condición para cualquier avance, y ante el evidente fracaso del «cerco diplomático», su postura se fue resquebrajando pues varios estados dejaron de interesarse, agobiados por sus dinámicas internas, especialmente ante la aparición del covid-19.

En este tiempo nada ha resultado y la presión solo ha servido para alimentar la retórica de Maduro y radicalizar el discurso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Revisando la extensa y  turbulenta historia del chavismo, queda claro que solamente una negociación con monitoreo internacional puede allanar el camino para una transición. La postura de Henrique Capriles, de participar en las elecciones legislativas convocadas por el oficialismo, desató una tormenta en la oposición hasta el punto que su propio partido, Primero Justicia, lo desautorizó aclarando que no acudirían.

No parece haber una alternativa distinta a la negociación con garantías y donde se entienda que el diálogo tomará tiempo. A mediados de los noventa, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA) decidió el ingreso de Birmania gobernada por una junta militar. En ese entonces, arreciaron críticas contra la ANSEA por la falta de compromiso para presionar al gobierno militar, sin embargo, dicha inserción hizo que la presión regional fuera más efectiva para una transición varios años después. En la misma lógica, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) aunque haya sancionado, desconocido o criticado abiertamente a los gobiernos de Costa de Marfil (2011), Gambia (2017), Mali (2020) y Guinea (2020) por interrupciones constitucionales, no renuncia a la concertación para lograr una democratización.  Y comentario similar merecen los casos de Irán, Corea del Norte, Rusia, y China en los que sanciones han significado radicalización.

¿Cuándo se lograron más avances, con negociación o con sanciones? ¿no es evidente que solamente el involucramiento en circuitos regionales y multilaterales permita la suscripción de compromisos?  La lección es clara: el aislamiento solo radicaliza, mientras que la integración y la concertación política regional abren espacios cuando todo parece indicar que el diálogo no es posible.

@mauricio181212

 

 

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Profesor de Estudios de América y Latina y el Caribe e Introducción a las Relaciones Internacionales en la Universidad del Rosario. Doctor en Ciencia Política de la Universidad de Toulouse I.

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