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Por: Lorena del Pilar Motta Forero
Gerente de Desarrollo Corporativo en GFA

Son muchos los colombianos que anticipan la aparición de un país paradisíaco tras la firma de la paz con la guerrilla en Colombia. Esta idealización, apenas natural tras cerca de seis décadas de conflicto permanente en el que no solo se han perdido vidas humanas, sino que se han generado impactos ambientales, sociales y económicos directos y otros asociados a costos de oportunidad, desafortunadamente puede estar muy lejos de los escenarios reales y que estarían ligados a la bonanza económica que esperaríamos en un entorno sin guerra.

¿Cómo podría ser esto? En un estudio publicado por el Departamento Nacional de Planeación en 1994, Armando Montenegro y Carlos Esteban Posada, demostraron que no es la pobreza sino la riqueza inesperada la que dispara la delincuencia, esto debido a que se aumenta la percepción de ganancia de corto plazo que no es contrarrestada en el balance personal debido a la lenta respuesta de los aparatos policiales y de justicia.

La firma de la paz traerá como consecuencia una mayor producción de bienes y servicios y atraerá sin duda inversión extranjera, impactando en el crecimiento nacional. Si este crecimiento no está atado a un incremento importante en el presupuesto de seguridad, las señales sobre la rentabilidad de delinquir serán claras, desplazando la guerra del campo a la ciudad, con bandas criminales difíciles de identificar y controlar.

¿Quiere decir esto que no se debe firmar la paz? De ninguna manera esta debe ser la conclusión. La historia mundial demuestra que las guerras no se terminan en el campo de batalla, sino que es necesario llegar a una mesa de negociación. ¡Y la paz es un requerimiento impostergable para el país!

El punto es que la preparación para la paz no solo implica pensar en alternativas de reparación, justicia o educación, sino que se debe contemplar una inversión suficiente y preventiva en sistemas policiales y de justicia para evitar un desbordamiento de la delincuencia que de manera natural surgirá en una sociedad con gran inequidad social y económica y mayores posibilidades de ganancias extraordinarias atadas a bonanzas.

Aquí, la capacitación de los abogados, contadores, ingenieros de sistemas y demás profesionales, en materia del nuevo Código General del Proceso -Ley 1564 de 2012- es fundamental, ya que hay un desconocimiento general sobre aspectos claves como las características de la prueba en este nuevo sistema y la necesidad de acudir a peritos especializados (auditores forenses) para adelantar los procesos judiciales.

Si bien esto es lo que le corresponde al Estado, el sector financiero y real también tienen que anticiparse frente a crecientes riesgos en el periodo de post conflicto. La delincuencia no sólo actúa desde fuera, sino que sabemos que los grandes fraudes se cometen adentro de las organizaciones, por la vulnerabilidad de los controles que intentan salvaguardar las bases de datos, los recursos financieros, humanos, físicos, técnicos y tecnológicos, debido al desconocimiento de la alta gerencia sobre aspectos fundamentales del buen gobierno corporativo.

En este sentido, es el momento propicio para que en Colombia las empresas adelanten análisis de riesgos y auditorías de carácter preventivo, fortaleciendo sus controles internos y evitando que las bonanzas que esperamos sean un nuevo dolor de cabeza para la sociedad.

Publicación original en: www.huellaforense.com

 

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  1. Los retos del posconflicto en Colombia | Huella forense

    […] una entrada de blog anterior comentaba sobre la necesidad de prepararnos para un escenario de postconflicto desde dos […]

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