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Por: Lorena del Pilar Motta Forero
Gerente de Desarrollo Corporativo en GFA
En una entrada de blog anterior comentaba sobre la necesidad de prepararnos para un escenario de postconflicto desde dos perspectivas:
1) Fortaleciendo los sistemas policivo y judicial y 2) Fortaleciendo los sistemas de control, interno y externo como la Contraloría y Procuraduría, creando dentro de las organizaciones la cultura de prevención del fraude y la corrupción, a través de la práctica de auditorías forenses con la participación de entidades externas que están capacitadas y preparadas para realizarlo.
Estas medidas, si bien están pensadas para salvaguardar los intereses privados y controlar el riesgo latente que se deriva de una bonanza económica repentina, no son suficientes para blindar al país de un riesgo mayor: la evaporación de los recursos públicos vía corrupción.
En virtud de los compromisos adquiridos durante el proceso de negociación, se avecina el desarrollo de proyectos de gran envergadura orientados a cubrir los vacíos en sectores estratégicos tales como el agrícola o el de infraestructura.
Esta inversión es necesaria para intentar disminuir brechas sociales y regionales que detonaron la aparición de los grupos guerrilleros en su momento, generando las condiciones de crecimiento sostenible en un entorno de alta competitividad.
Como nos ha anunciado el Gobierno, muchos de estos proyectos serán apalancados con recursos externos, lo cual es un gesto de solidaridad internacional para frenar una de las guerras más antiguas del planeta, pero a la vez una apuesta por lograr estabilizar un mercado y lograr su eficiencia de tal manera que se abran nuevas oportunidades comerciales y se resuelva, desde la fuente, el flujo de inmigrantes que en Europa y en Estados Unidos ya resulta difícil contener.
La experiencia reciente nos ha demostrado que la normatividad existente, el sistema judicial y los mecanismos de sanción social no son lo suficientemente robustos para evitar que se active en el sector público el denominado triángulo del fraude, en el que se interrelacionan de manera perniciosa, el incentivo, la actitud y la oportunidad.
El riesgo de la erosión de estos recursos conlleva peligros secundarios como: el desequilibrio fiscal, el cuestionamiento ante entes internacionales y, tal vez lo más complejo, el incumplimiento de los compromisos sellados en La Habana. Lo cual implicaría una pérdida de la legitimidad del Gobierno, motivando el resurgimiento de células subversivas con motivaciones mayores y, en ese contexto, difíciles de contener.
En una entrevista reciente realizada al investigador Alfredo Molano Bravo, por la Radio Nacional de Colombia, se indicaba al reflexionar sobre los retos del posconflicto que las demandas sociales solo pueden ser frenadas por dos vías: la inversión o la represión*. Estamos dando el paso para que prospere la segunda. No permitamos que, por no tomar medidas preventivas a través del uso de herramientas tales como las auditorías forenses preventivas en el sector público, se regrese al escenario sangriento que ha marcado la historia en este País. Es el momento de reinventarnos.
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