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Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

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Para no ir más lejos, Wikipedia dice sobre la legitimidad que es la capacidad de un Estado para que sus ciudadanos le obedezcan sin necesidad de recurrir a la fuerza. En este caso la gente acata los designios de los gobernantes (y la ley) por consenso, porque aceptan la autoridad y sus órdenes pues están de acuerdo con el contrato social: el Estado ofrece su protección a cambio de la obediencia de sus normas.

En otras palabras, cuando un gobierno goza de legitimidad las personas hacen caso porque piensan que sus mandatos son justos, no porque de lo contrario llegan los problemas. Pero ¿qué pasa cuando no es así?

Lo que pasa es la historia de Colombia y, de paso, la forma de actuar de los colombianos.

Se ha dicho que los colombianos somos necios y siempre estamos buscándole el quite a las reglas. Está en el abc de la colombianidad: acá le llamamos malicia indígena, algo de lo que ─aparentemente─ nos sentimos orgullosos.

Sin embargo, sospecho que se trata de que la autoridad colombiana se fue por el desagüe desde hace muchos años. La falta de legitimidad del Estado colombiano es una parte del problema general de nuestro país: las cifras dicen que Colombia está saliendo de la pobreza porque devengar más de 211 mil pesos al mes lo exime del rótulo de “pobre” (algo bastante ridículo). Y sin embargo, con la misma cara recuerdan que el 40% de la riqueza que hay en el país está concentrada en un 1% del total de los colombianos. ¿Quiénes son esos colombianos?¿Estas afirmaciones, una tras otra no le quitan autoridad y credibilidad a un gobierno?

Yo diría que sí.

No lo sabemos, pero no sobra sospechar que dentro de ese pequeño uno por ciento está la clase política colombiana.

Aunque los colombianos estamos mal en educación, pocos necesitan estudiar para saber que aquí la ley es para unos pocos, y sabemos que por pobre o poca educada que sea una persona, no es tan estúpida como para ignorar que si las cosas están mal se debe a las malas administraciones, a los malos legisladores. Que se dejen engañar con facilidad ya es otro asunto.

Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO El excongresista Emilio Tapia fue nuevamente condenado a tres años de prisión por la investigación del carrusel de las contrataciones.

Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO
El excongresista Emilio Tapia fue nuevamente condenado a tres años de prisión por la investigación del carrusel de las contrataciones.

Pero el meollo de esta entrada es la legitimidad.

El Estado Colombiano hace mucho dejó de gozar de legitimidad. Tanto que se puede resumir en unos cuantos ejemplos y en unas cuantas preguntas:

La gente no respeta la policía: ¿por qué? Uno, y lo más importante, porque una vez un político o un contratista obtiene 8 años de casa por cárcel luego de robar a 8 millones de ciudadanos, mientras un delincuente común llega a la cárcel la misma cantidad de tiempo por un robo menor, bueno, ya nadie le cree a la justicia y, por extensión, en los agentes de la ley. Dos, la policía es una institución que poco se ha cuidado para mantener intacta su credibilidad: de tanto en tanto, con más frecuencia de la que quisieran, aparecen integrantes de la institución que son más delincuentes que los mismos delincuentes, sin contar que a veces parece que estuvieran más para molestar a la gente que trabaja que en perseguir a los malhechores. O eso es lo que se dice por ahí: conocimiento común, que llaman.

Muchos impuestos, pocas retribuciones: A nadie le gusta que le quiten el dinero que con el sudor de su frente ha trabajado. Las personas van aquí y allá con la esperanza de nunca enfermarse porque ya sabemos cómo va la salud en el país. Una importante cantidad de graduados universitarios salen con una deuda difícil de pagar luego de terminar los estudios, porque son pocas las universidades públicas a las qué acceder con bajos costos; y eso si logran pasar el examen de admisión, que no es poca cosa (al menos el de la Nacional). Quienes no consiguen trabajo y logran conseguirse algo para sobrevivir como contratista, tienen que someterse a la retención en la fuente, al cobro de una EPS que nada hará por su salud y al pago de una pensión que difícilmente alcanzará. La gente en sus vehículos tiene que vérselas con los huecos, con los hurtos, con los agentes de tránsito que no están para educar a la ciudadanía sobre las normas sino para inventar excusas para recibir sobornos (sabemos que muchos son honestos y no son amigos de esas prácticas, pero, ¿qué le hacemos?). Pero falte a los pagos, haga el quite de la malicia indígena y verá. Los problemas que no tienen que sortear algunos los sorteamos los que sí tenemos que vernos con la ley colombiana.

Y todo son impuestos. Si salimos a comprar algo de comida para la cena, pagamos impuestos. Si trabajamos nos cobran impuestos. Si nos enfermamos nos cobran impuestos. Pero cuando el Estado tiene que retribuirnos, viene el inconveniente: las arandelas legales, la letra pequeña, la burocracia, la pérdida de la esperanza. Mientras un sector muy particular se transporta en camionetas, firma contratos públicos y se hacen cada vez más ricos.

La legitimidad a la colombiana.

¿Por qué en un país con la capacidad de ser tan rico como Colombia tiene una extensa mayoría de sus habitantes en la pobreza?

¿Por qué los recursos naturales del país no generan riqueza a los habitantes del país sino a algunos afortunados cuando “esto es de todos”?

¿Por qué la gente tiene que sobrevivir en cambio de vivir?

¿Por qué vivimos en guerra?¿Por qué nos obligaron a tomar una posición en contra de nosotros mismos mientras los que piensan las posiciones comparten whisky y tinto en sus oficinas del capitolio?

¿Por qué nos sentimos obligados a recurrir a la malicia indígena en nuestra propia casa?

Porque, aunque la gente no se hace esas preguntas por dentro lo saben: desde hace mucho tiempo la legalidad le ganó a la legitimidad; y el imperio de la fuerza, todo a las malas, le pudo al sentido común. Y la gente no se hace las preguntas, pero la gente tampoco es estúpida y por dentro lo sabe.

Aquí hace mucho la legitimidad del Estado desapareció para reabrir con marca nacional: legitimidad a la colombiana.

@YDesparchado

Anexo: todos los que usan la excusa de la legitimidad (por supuesto no saben que se llama así) para cometer delitos, como colarse en Transmilenio, también son parte del problema. Unos dicen que lo malo que les pase es porque lo merecen.

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PERFIL
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Mi nombre es David Jáuregui Sarmiento pero en realidad soy uno más del montón. Imprudente, aunque no por convicción sino por descuido; ignorante, porque prácticamente sé nada de muy poco y, sobre todo, soy un tipejo sin gracia al que la gente empuja en TransMilenio. Estudié periodismo y cursé una maestría en Estudios Culturales. Para mí, en la gente está "el meollo del asunto".

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