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Al oído de Alfonso Gómez Méndez, Ministro de Justicia y del Derecho.
“Es imposible encontrar al ahogado rio arriba”
“Se puso otra vez de moda la reforma a la justicia. Mala noticia. La justicia se convirtió en una amenaza para ese delfinazgo que tenemos por sistema político…, ha conseguido infiltrar y corromper con éxito una gran parte de la Rama, volviéndola clientelista, abusiva e inoperante, porque es así como le sirve, es eso lo que le conviene”.- Natalia Springer- La Justicrim- El Tiempo, 3 de noviembre de 2013.- Y le asiste en gran parte la razón.
Los actores políticos en Colombia llegaron a tal grado de descomposición, que fueron capaces de corromper hasta la cúpula de las Autodefensas. Demostrado está que la reforma de la justicia requiere otra a la política de manera coetánea, que deslinde las injerencias entre sí, sobre todo en la nominación o elección de altos funcionarios, sin menoscabar sus pesos y contra pesos, su autonomía y su colaboración armónica entre las ramas. Este es el primer paso para finiquitar ese dañino ‘contubernio’ burocrático que existe entre la clase política y los togados de tiempo atrás, y que tanto daño le ha hecho al país.
He sostenido que la impunidad mantiene florido el árbol de la corrupción. Cada vez que se habla indistintamente de las dos palabras, aprovechan algunos para venirse lanza en ristre contra algunos magistrados de las Altas Cortes por actos de corrupción y aducen lo urgente de la reforma, acompasados con una crónica desentonada de los medios de comunicación y qué, en muchos casos, como es obvio, no comprenden los intríngulis jurídicos, y, por ende, esto hace desviar toda la atención a esta parte minúscula del problema, dejando intactos los boquetes o troneras que sirven de mampara o burladero para el ejercicio pleno de la corrupción, la cual queda acorazada o protegida por una impunidad garantizada.
La corrupción es lo subjetivo, es lo genérico, ésta se da en todas las personas como sujetos activos, sean funcionarios o particulares; la impunidad es lo objetivo, es la no aplicación de la sanción punitiva a la transgresión de la norma, y esta se da por acción o por omisión, y comienza en el primer escalón de la administración de justicia: la investigación y acusación a cargo de la Fiscalía General de la Nación, entidad en donde se encuentra acantonada gran parte de la perversidad que nos asfixia; son dos figuras abominables autónomas, la primera se alimenta o subsiste de la segunda, o sea mientras haya impunidad habrá corrupción, así de simple.
El Director del Centro de Estudio DeJuSticia, Rodrigo Uprimny, en su columna de El Espectador, Junio 5 de 2012, sostiene: “el derecho que realmente viven las personas no es tanto aquel que está consagrado en las normas abstractas sino el que se deriva de las decisiones concretas de los jueces. La calidad del derecho real de un país es por ello directamente proporcional a la calidad de sus funcionarios judiciales. Un país puede tener leyes fantásticas, pero éstas pierden mucho de su significado si no hay funcionarios judiciales competentes y probos que las apliquen adecuadamente”.
La corrupción no campea solo en las Inspecciones de Policía y Juzgados Promiscuos Municipales, sino también y de manera más sofisticada en los despachos de los Altos Dignatarios- Presidente, magistrados, fiscal general, etcétera., – lo que hace necesario ciertas reformas que procuren combatir de manera frontal la impunidad garantizando la comparecencia de éstos ante la justicia para una efectiva y segura investigación y un juzgamiento imparcial expedito, pronto y eficaz, lo que evidencia la urgente necesidad de suprimirle estas funciones jurisdiccionales a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representante. Claro está, que tampoco hemos visto hasta el momento ninguna condena por prevaricato para alguno de sus miembros por parte de la Corte Suprema de Justicia. Corrupción en aquellos e impunidad en éstos. Yo te protejo, Tú me proteges.
La corrupción persistirá en todas las esferas de la sociedad mientras estén cobijados por el manto de la impunidad. Esta simbiosis- corrupción e impunidad- se da a plenitud por su perfecta retroalimentación y con lo único que se ataca y controla la corrupción es con una reducción casi total de la impunidad, debiéndose agravar la situación penal de los operadores judiciales qué, por acción u omisión, no cumplan a cabalidad con los deberes encomendados para una buena administración de justicia, proscribiendo cualquier gabela o beneficio y velando por su real castigo, incluyendo, por supuesto, a los funcionarios aforados.
Una buena reforma se logra con voluntad política, pensando en el interés general y desprendiéndose de cualquier egoísmo o apetito de poder y sin mezquinas negociaciones, sin conceder odiosas prebendas discriminatorias a los altos funcionarios y suprimiendo de tajo los subrogados penales en ciertos y aberrantes delitos. No hay nada que genere más anarquía, más caos, más intranquilidad y más zozobra que una deficiente administración de justicia, lo cual apoltrona la impunidad y, por ende, se enseñorea la corrupción, estrechando el espacio de la convivencia hasta el punto tal que llega el momento en que no caben ni los mismos corruptos.
Lo más preocupante en cualquier Estado es cuando la corrupción invade la administración de justicia y se comienza a pudrir todo su entorno, por cuanto estos son por excelencia los garantes de la preservación y la convivencia pacífica y armónica de toda la comunidad. En un país donde se pierda el control y regulación de las relaciones interpersonales y haya ausencia de impartir pronta y cumplida justicia, se convierte en un país anárquico donde predomina el caos y la inseguridad y se impone la ley del más fuerte y, así, tendremos a futuro más grupos guerrilleros, más paramilitares, y, hasta, grupos extraterrestres.
Para nadie es un secreto que los índices más altos de corrupción los tiene el Congreso, la Fiscalía y, en menor escala, La Procuraduría.
Tanto los Procuradores como los Fiscales Generales, una vez que alcanzan con sumisión y compromisos su postulación y posterior elección y se entronizan en el cargo, sufren de una metamorfosis impresionante que los convierte en arrogantes, omnímodos y omnipotentes, y empiezan a cometer violaciones a la ley, desafueros y a pisotear de manera indolente los más elementales derechos de las personas, sean simples ciudadanos o víctimas del delito, en forma directa o a través de sus subalternos, olvidándose de paso que son y siguen siendo empleados públicos y que tienen deberes y obligaciones que cumplir. ¿Pero quién le pone el cascabel al gato con este sistema que tienen de investigación y juzgamiento? El blindaje que los arropa para sus prácticas corruptas, es impresionante. Y todos lo sabemos y todos lo callamos.
Cuando un pueblo pierde su sentido de pertenencia y hay ausencia de los valores éticos y morales, es evidente la existencia de una descomposición social.
Manizales, noviembre 7 de 2013.
Marco Aurelio Uribe García.
Apostilla: señor Ministro, una reforma a la justicia no tiene ese tabú que le quieren impregnar los que se benefician de este despelote. Además, Usted como jurista y, por sobre todo, penalista sabe perfectamente que antes de la creación de la Fiscalía, y cuando operaba la Dirección de Instrucción Criminal, había menos impunidad. Sería saludable que se analizara a fondo el Sistema Acusatorio. Otra cosa señor Ministro, como Fiscal que fue, y espero que no lo cobije la ignominiosa solidaridad de cuerpo y de espíritu, conoce los oscuros pasos que se dan en esa entidad.
Lo primero que me enseñaron en la Facultad de Derecho fue a ser práctico, hasta para redactar un memorial.
el sistema penal acusatorio debe eliminarse, es perverso y sus efectos contrarios a los buscvados: mayor impunidad, negociación de los delitos como si se tratara de mercancías, so etimiento a las elites y condenas absurdas y a menudo sin cargos concretos y probados contra los ciudadanos de ruana que no púeden pagarse un buen abogado que además tenga entrada libre a los Despachos de los Jueces y magistrados y en lo posible interesantes negocios o influencia electoral.
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