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¿Quién le teme a una Constituyente?
Sentí cierta curiosidad cuando conocí la declaración de la Comisión Interinstitucional de la Rama judicial pidiendo a la Cámara de Representantes que hundiera el proyecto de “equilibrio de poderes”, en lo concerniente a la reforma a la justicia, y proponiendo la convocatoria de una Asamblea Constituyente que se encargara exclusivamente de adelantar esa reforma; esta declaración consignada en 18 páginas y de la autoría del fiscal propone incluir en la magna asamblea a algunos “farianos”, y entre la justificación de más peso para convocarla es que el Congreso de la República no tiene legitimidad para reformar la justicia, situación que, por demás, es cierta, y le adicionaría: no les asiste voluntad política por cuanto prima más el interés personal que el general.
La mencionada Comisión Interinstitucional está conformada por los presidentes de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura y del arrogante Fiscal General, como faraute imprescindible de este encumbrado aquelarre; y es muy probable que su petición de la Constituyente tenga su razón de ser por múltiples hechos históricos y experiencias vividas con otras reformas de menor monta, pero el momento no era el indicado, ni aquellos tenían autoridad moral y ética para la propuesta y menos limitándola, por cuanto deja un tufillo inconfundible de revanchismo, de egoísmo y de prevalencia personal, aparte de la felonía que desenmascaró a Montealegre, cuando anunció la futura demanda de inconstitucionalidad.
No me sorprendió en lo más mínimo la reacción o polvareda que levantó la mencionada propuesta en la mayoría de la clase política y en algunos altos dignatarios del gobierno, ya que es aquí en donde se encuentran mimetizados o camuflados las personas que en primer orden saldrían de las altas esferas del poder estatal, para bien de la Nación, en caso de convocarse una Asamblea Constituyente, ya que su revocatoria sería inminente sí es que en realidad queremos y reclamamos verdaderas reformas a la política y a la justicia, coadyuvando así a una guerra frontal contra la corrupción y despejando un camino expedito para una paz estable y duradera. ¡Lo demás, es hacernos la paja del alma!
Comparto plenamente lo expresado en el artículo del Portal Eje 21, por el Abogado Consultor José Ferney Paz Quintero: “Pero si por las circunstancias del momento no es posible esa convocatoria, ¿Por qué no aceptar la eliminación de ciertos vicios como la supresión de la puerta giratoria, impidiéndose que un magistrado que haya salido de una alta corte pueda ingresar a otra? ¿Por qué oponerse a la eliminación de las facultades electorales? ¿Por qué no aceptar que se aumenten los años de experiencia para acceder a las altas Cortes, o se revise el sistema de elección para proveer las vacancias en dichas corporaciones? ¿Por qué seguir sosteniendo en la estructura judicial una Sala Disciplinaria debilitada por los errores y escándalos permanentes de algunos de sus miembros en donde el conocimiento de las tutelas la ha deslegitimado.? ¿Por qué no aceptar que la política partidista ha permeado la cúpula judicial de la Rama? ¿Por qué no reconocer la falta de credibilidad del sistema judicial frente a la sociedad? ¿Por qué no admitir que las políticas de descongestión han constituido un rotundo fracaso y fuente de clientelismo judicial?”
Sabemos hasta la saciedad que la rama legislativa y la judicial se encuentran en estado precario de salud, casi terminal, y que requieren de la aplicación de paños de agua hirviendo, no tibia, para su alivio, en menor grado la ejecutiva, pero que necesita ajustes necesarios; sin embargo, y como cosa curiosa son las cabezas visibles de las altas cortes junto al omnímodo fiscal quienes reclaman una Constituyente, olisqueando, sin duda, los cambios bruscos que pueden sobrevenir como su revocatoria que ha sido clamada en infinidad de ocasiones por juristas y por los medios. Como será el estado de descomposición que estos personajes peticionarios perciben en las otras dos ramas, sobretodo en la legislativa, que se atreven a recurrir a esta tabla de salvación, aún a costa de su propia pellejo.
Se me ocurre inferir que algunos magistrados rechazan la convocatoria por simple instinto de conservación, ya que esos puestos no se consiguen detrás de la puerta, pero se alcanzan con geniales piruetas; los otros que la solicitan, lo hacen porque van de salida, por contrición de corazón y propósito de la enmienda por tantas pilatunas hechas, porque piensan en el futuro de su descendencia y quieren dejarle un legado mejor o porque tienen la filosofía de que “muera Sansón con todos sus filisteos”, o sea, todos en la cama o todos en el suelo. El primer grupo de magistrados junto a una gran mayoría de politicastros, incluyendo, por supuesto, al Presidente de la República, son los que le temen y les da trémulos la palabra “Constituyente”
El equilibrio de poderes que se tramita en el Congreso no es la panacea que se esperaba, y que es un imposible esperar por la vía del parlamento una reforma integral, pero tampoco, todo su contenido es malo, aunque sea timorato. Es extraño que esta reforma que se inició para ocuparse de reformar la política, sólo considero el tema de la reelección presidencial, y se avocó en parte a la justicia, léase altas cortes, como cortina de humo al escándalo de la Corte Constitucional dejando de lado la apremiante reforma a la política, siendo esta el centro de acopio más grande de la suma total de la corrupción, quedando la rama judicial – léase altas cortes – frente a aquella rezagada y en pañales.
La reforma a la justicia requiere cambios radicales y urgentes, sobre todo, en lo atinente a la conformación, elección, funciones, inhabilidades e incompatibilidades de los miembros de las altas cortes, fiscalía y, de paso, procuraduría y la proscripción de sus empalagosos privilegios y/o prerrogativas, la investigación y juzgamiento de los aforados, incluido el Presidente de la República. La corrupción galopante que se viene dando en algunos magistrados de las altas cortes es exacerbante, inaguantable y vergonzoso a nivel nacional e internacional, su administración de justicia es venal, sesgada, selectiva, polarizada y politizada.
Y ni qué decir o pensar de lo que se necesita reformar en la política colombiana. Al frente del Palacio de Justicia está el Capitolio Nacional, escenario en el que se trama a diario las diabluras más increíbles y notorias; allá están los que disfrutan la sinecura; allá, dizque, descansa la democracia; allá se cocinan las leyes con sus consabidos orangutanes como sustancia; allá se ejerce a plenitud el Tráfico de influencias, a cien metros de un Consejo de Estado inoperante; allá se purifican, sin sonrojarse, toda clase de delitos, también, a cien metros de la Corte Suprema de Justicia; allá están los ineptos zánganos, los más garosos atracadores y expoliadores del erario público, a través de los abominables, inicuos e inadmisibles “cupos indicativos”, y, los más triste, son patrocinados y con guiño del Presidente de la República.
Marco Aurelio Uribe García.
Manizales, mayo 14 de 2015.
Apostilla: El hedor nauseabundo que expele el Capitolio Nacional es más fuerte y penetrante del que expele el Palacio de Justicia. “Los rezagos que quedan del paramilitarismo en el Congreso” (Fiscal Montealegre), y agrego: y de otros delitos que dormitan en esa “cuna” de la democracia, son de responsabilidad exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Fiscalía y de la Procuraduría. Así de sencillo.
