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Señor Fiscal, todo se está pudriendo
Hasta la sal se está corrompiendo. El tejido social se descompone a pasos agigantados; las instituciones a diario son más propensas a ser permeadas por la corruptela; la impunidad es atosigante y asfixiante y el ambiente está impregnado de un hedor nauseabundo y pestilente, todo debido a una administración de justicia deficiente, inepta, desidiosa, corrupta y, por sobre todo, invadida por una “venalidad”, bien sea económica o bien sea de “trueque de favores”, pero, procurando estar dentro de los patrones de la politización, de la polarización o de la selección.
No creo que en la Fiscalía se “encasillen” con frecuencia en los patrones de la politización y de la polarización, pero sí en el “selectivo”, para adelantar las investigaciones o pesquisas sobre la comisión de delitos, dejando de lado muchas de gran impacto social o de gran calado en consideración al infractor por su condición económica o política, y aún, establecida la verdad se tienden “cortinas de humo” para obviar la formulación o imputación de los cargos, empezándose a despejar así el camino hacia la impunidad; pero lo que sí creo con firmeza es de que en esta institución se han tomado algunas decisiones en razón de la corrupción y la ineptitud existente.
Los patrones mencionados son todos perjudiciales y traumáticos para una diáfana, pronta y cumplida administración de justicia, por cuanto todos ellos generan impunidad, y esta es el abono ideal para mantener florido el árbol de la corrupción, siendo la “justicia selectiva” la más ignominiosa, injusta y desconcertante por estar más enfatizada o marcada por un tinte de inconstitucionalidad, en lo referente a la violación de un derecho fundamental como lo es el “Derecho a la Igualdad” (Artículo 13 C.N.).
La ignominiosa “justicia selectiva” borra de tajo el precepto constitucional de que todos somos iguales ante la ley, y tenemos casos concretos y patéticos por doquier en donde han culminado las investigaciones, se han establecido las responsabilidades, pero sólo le han hecho imputaciones de cargos a unos pocos, y, por supuesto, han sido condenados, estos son los conocidos como los “chivos expiatorios” o los de “ruana”, y que, por lo regular, son funcionarios o empleados de tercera categoría, presumiéndose que éstos asumen toda la responsabilidad a cambio de dádivas. Sólo como ejemplo, mírese en lo que terminó la investigación de SaludCoop-EPS, y el señor Palacino muy “tieso y muy majo” por la calle o lo que ocurrió con el hacker en la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga.
Tenemos otros casos sui generis de “justicia selectiva”, como lo que ha ocurrido con la investigaciones y condenas de congresistas por diversos delitos, en especial, por la parapolítica, en donde no están todos los que son, ni son todos los que están; en donde hay unos parlamentarios intocables que gozan de libertad y de impunidad, no de inmunidad, y más comprometidos que otros que han sido condenados, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia tiene congelado unos procesos, no obstante estar enriquecido con plenas pruebas. Al pueblo no le debe de preocupar los altos salarios que devengan las sanguijuelas parlamentarias, lo que le debe de preocupar, y más que todo a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado, y por sobre todo, a la Fiscalía por su función constitucional y legal de investigar y acusar, es lo que los “padres de la patria” hacen no solo en los recintos del Capitolio, sino por fuera de estos en “ejercicio del poder”.
Es hora de que se termine de una vez por todas, dándose a conocer sus resultados, sobre las investigaciones que están en estado de inercia como son los casos de Odebrecht, Dragacol y Reficar, y se incluyan y se imputen cargos a todos los que intervinieron en esos oprobiosos “saqueos”, así estén comprometidos los más encumbrados funcionarios o los más poderosos particulares, situación que sólo está en manos de la Fiscalía General, y de ella depende que se haga justicia y se absuelva y/o condene a los responsables actores intervinientes, evitando que en este país se siga aumentando los altos índices de impunidad.
Muchos creemos y tenemos confianza en esta Fiscalía dirigida por Néstor Humberto Martínez, y estamos esperanzados de que en esta administración se le empiece a “torcer el pescuezo” a la corrupción y a su impunidad, empezando por su seno como lo está demostrando, no siendo su culpa o responsabilidad que vayan apareciendo ciertos “lunares cancerígenos” adentro de la entidad.
Se espera que culmine pronto las investigaciones que se empezaron por la comisión de diferentes delitos contra el Jefe de la Unidad Anticorrupción de la fiscalía, Gustavo Moreno; contra el Secretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas (qué ironía, dos cargos de vital importancia y relacionados en la lucha contra la corrupción); contra los Magistrados del Meta; contra unos Jueces y Magistrados de Cundinamarca; contra la ex Auditora general de la República, Laura Marulanda Tobón; contra el Contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, estos dos últimos por “trampas” para realizarse cirugías estéticas y plásticas en el Hospital La María de Medellín.
La Fiscalía está en la obligación legal de adelantar las pesquisas necesarias para establecer el grado de responsabilidad del Alcalde de Manizales, Octavio Cardona, y la de los Concejales de Manizales, en la celebración del contrato de concesión de las Zonas Azules, siendo la celebración de este contrato, el acto más ignominioso, cruel y descarado que pueda existir. Pareciera que hubo intereses ilícitos en dicha contratación.
Para ilustrar un poco lo anterior, ver artículo “Zonas azules: nueva concesión con olor “nidoroso”, publicado en el Portal Eje 21 y en el Blog La Pringamosa de El Tiempo. (http://www.eje21.com.co/2017/06/afrenta-a-la-limitacion-fisica-en-manizales-ojo-con-las-zonas-azules/)
Además, transcribo apartes del artículo publicado en el Diario La Patria, Jueves, Julio 6, 2017
“Menos oportunidades para las personas en situación de discapacidad” de Darío Arenas Villegas: “¿Cómo se le entregó un programa con una tradición social tan arraigada a una cuestionada multinacional? Por propuesta de la Alcaldía, en mayo de 2016 el Concejo incrementó la tarifa de las Zonas Azules en un 58% y removió una norma existente desde 1992 para permitir que entidades con ánimo de lucro pudieran manejar este servicio. Estos cambios se realizaron después de que a la entidad que manejó el programa desde 1993 le negaron sistemáticamente un incremento de 200 pesos en la tarifa, mediante el cual buscaba obtener sostenibilidad financiera para garantizar aspectos salariales y prestacionales. La negativa al incremento además del cúmulo de obligaciones que impuso la Alcaldía en 2015, propiciaron que la Asociación de Personas con Discapacidades culminara anticipadamente el contrato en febrero de 2016, momento a partir del cual misteriosamente apareció la voluntad política para incrementarle la tarifa al nuevo operador, no en 200 pesos como se pedía sino en 700 pesos, a sabiendas que seguramente la concesión terminaría en manos de una entidad con ánimo de lucro”. http://www.lapatria.com/opinion/columnas/dario-arenas-villegas/menos-oportunidades-para-las-personas-en-situacion-de
Todo lo anterior, es una “mina quiebrapatas” para cualquier sistema democrático que se respete, y que nos hace merecedores del calificativo de “República bananera” habitada por mucha “inmundicia viviente”
Marco Aurelio Uribe García.
Manizales, julio 6 de 2017
