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En días en que Julio Manzur, Luis Alfredo Ramos y Olga Suárez Mira han sido noticia por sus presuntos nexos con grupos paramilitares, la pregunta por el vínculo entre actores armados y actores políticos vuelve a cobrar vigencia, o mejor aún, no deja de tenerla. Aunque no sea un asunto nuevo, se haya publicado numerosos libros y artículos, y hasta Lisandro Meza incluyera la expresión en una de sus canciones, falta mucho por indagar, entender y asumir en eso de la parapolítica y, en general, en eso de la relación entre guerra y política en nuestro país.

En febrero de 2002, el entonces comandante de las AUC, Salvatore Mancuso, reconoció públicamente que su organización armada estaba respaldando las candidaturas de aspirantes al Congreso de la República para las elecciones del 10 de marzo de ese año. En su declaración, afirmaba que “estamos haciendo recomendaciones a la gente sobre por quién votar […] Por lo menos el 30 por ciento de los congresistas que están aspirando representan el campesinado de nuestras zonas”.

Días después de celebrados los comicios, El Tiempo anunció que “varios de los nuevos senadores y representantes elegidos hace una semana fueron avalados, financiados o tolerados por los paramilitares”, Mancuso “cantó victoria y en Internet informó que se había superado el 35 por ciento” y Carlos Castaño declaró que “ellos no tenían candidatos propios, sino que las regiones pacificadas por las autodefensas tienen hoy una representación en el poder legislativo”.

En 2006, y tras hacerse público el escándalo de la parapolítica, que evidenció el relacionamiento entre élites políticas y actores armados ilegales, el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, instaba “[…] a todos los congresistas a que por su propia iniciativa acudan a los jueces a contar la verdad de lo que no se sepa. Que todos aquellos que hayan tenido relación con el paramilitarismo se lo digan”. En igual sentido, el hoy senador hacía un llamado para que se dijera la verdad en las relaciones que “tuvo la dirigencia política de todos los niveles con el M-19, con el Epl” y qué relaciones seguían conservando con el ELN y con las FARC.

No obstante, el vínculo entre actores armados y actores políticos no es un asunto reciente ni mucho menos exclusivo de los grupos paramilitares ni de las élites políticas, por lo que el llamado de Uribe Vélez para que se develara todo tipo de relaciones ilegales, aunque obedecía más a una estrategia de defensa a partir del “es usted, no soy yo”, denotaba un hecho cierto, en el sentido de que en Colombia guerra y política han ido de la mano, así como histórica ha sido la confluencia entre violencia, legalidad e ilegalidad en la construcción del orden y del Estado.

Si bien se puso en el debate público la incidencia de los grupos paramilitares en el ámbito de lo político, la misma asumió distintas formas, trascendió lo meramente electoral y abarcó distintos niveles de influencia en la institucionalidad. Entre las estrategias adoptadas, diversos estudios refieren la intimidación a gobernantes, la intervención –directa o indirecta– en política y la infiltración de las instituciones.

Sin embargo, más allá de la intimidación, la intervención y la infiltración, la relación entre actores armados y política no puede leerse únicamente como el resultado de una relación dominante ejercida a través de la violencia y el control armado, en donde la desprotegida institucionalidad y los indefensos actores políticos se han limitado a recibir órdenes mientras se les constriñe, pues en no pocas ocasiones han sido ellos los que han instrumentalizado a los armados o han direccionado su capacidad de control e intimidación para sus propósitos específicos, estableciendo alianzas, suscribiendo pactos, reconociéndoles su poder y cogobernando con ellos.

Así, el papel de la violencia armada en la vida política y las intensidades que la misma ha asumido, no han sido el resultado de una “simple” elección del actor armado, por lo que resulta necesario indagar más por las responsabilidades civiles en la guerra, por el origen de los vínculos entre armados y “desarmados” y por el papel de todo tipo de actores y sectores que han tenido la capacidad de determinar y direccionar la violencia. Aunque ha habido avances, falta mucho por indagar, aceptar y asumir, y no sólo hacia las élites y poderes regionales ni solamente para dejárselo al derecho penal.

Es necesario comprender que en esa combinación de guerra y democracia por más de cinco décadas, difícilmente política y políticos estuvieron al margen y difícilmente la responsabilidad deviene exclusiva de quienes portaron armas. Ni todo fue a nuestras espaldas, ni todo se hizo o dejó de hacer por el temor de tener un arma en la sien, ni tanto dolor y destrucción fueron protagonizados exclusivamente por unos “armados” que actuaron ante unos “civiles” que callaban y obedecían.

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PERFIL
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Investigador Asociado del Programa de Investigación sobre Conflicto Armado y Construcción de Paz -ConPaz- de la Universidad de los Andes y del Grupo Hegemonía, Guerras y Conflictos del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.

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