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Cuando decimos que el tema principal del debate presidencial de 2018 debe ser la lucha contra la corrupción no estamos dejando de lado a la paz, no estamos renunciando a ella. Por el contrario, lo mejor que podemos hacer por la paz es materializarla y no usarla –meramente– como un discurso electoral. Tenemos que dotar la paz de contenido y eso, ineludiblemente, pasa por una agenda política nueva, por un nuevo modelo de país.

¿Cuál es el compromiso de la clase política tradicional con la paz? ¿Su “gran” esfuerzo por lograr la victoria del Sí en el plebiscito del 2 de octubre? ¿Su “juiciosa asistencia/participación” en los debates legislativos de implementación de los acuerdos? ¿Su “vigor” a la hora de proteger la vida de los líderes sociales y evitar sus asesinatos (que de enero de 2016 a marzo de 2017 llegaron a 156 según la Defensoría del Pueblo)?

No nos llamemos a ingenuidades. La relación de la clase política tradicional con la paz no pasa de ser un mero discurso electorero: su concepción de paz es negativa, se agota en el desarme de su enemigo histórico. No sé acerca a nuestra concepción de paz positiva, que es una paz con justicia social y con profundas transformaciones (políticas, sociales y económicas), capaz de resolver las causas estructurales del conflicto armado y de avanzar en la solución de los conflictos sociales que se agudizarán durante el posacuerdo.

Hay argumentos de sobra para demostrar que el santismo y el uribismo, representados hoy en la Unidad Nacional y el Centro Democrático, son caimanes de la misma charca y en política, por muy distintos que quieran presentarse, defienden los mismos intereses. Podrían ser suficientes para varias columnas, pero basta con enumerar tres:

1) Corrupción: existen claros indicios de que en 2014 ambas campañas presidenciales recibieron financiación ilegal por parte de Odebrecht ($1 millón de dólares para la de Santos y $1,6 millones dólares para la de Zuluaga). Adicionalmente, en 2010 también ingresaron dineros de Odebrecht a la campaña de Santos, cuando era el candidato presidencial de Uribe (momento en que estos 2 sectores estaban agrupados en la Unidad Nacional).

2) Política de cooperación militar: la ley 1734 de 2014 fue aprobada con los votos a favor de los partidos de la Unidad Nacional y el Centro Democrático, ley que permite que soldados colombianos vayan a pelear al exterior bajo el mando de la OTAN (lo que en la práctica significa que los hijos de los colombianos dejaran de derramar su sangre en el conflicto armado que finaliza en nuestro país, para ir a morir a otros lugares del mundo en guerras que no les corresponden). A pesar de haber sido declarada inexequible por la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional volvió a presentar el proyecto de ley, que una vez más fue aprobado por los mismos partidos y solo está pendiente de sanción presidencial.

3) Agro: También con los votos de los Congresistas de la Unidad Nacional y del Centro Democrático fue aprobada la ley 1776 de 2016, conocida como ley Zidres o ley Urrutia, que –en contravía de la Constitución y la Ley 160 de 1994– posibilita que los baldíos, que solo pueden ser adjudicados a los pequeños campesinos del país, terminen en manos de los grandes capitales, tanto nacionales como extranjeros, en clara contradicción con lo acordado en La Habana.

Mi llamado es a no caer en confusiones infantiles: lo que plantean Humberto de La Calle y todos los precandidatos  de la Unidad Nacional es el continuismo de todas las políticas que han ocasionado los principales problemas del país, es más de lo mismo de siempre, de las mismas con los mismos, ¡de lo que nos tiene mamados a los colombianos! Con excepción de la implementación de los acuerdos. Quien resulte designado por Uribe, representará lo mismo con un panorama más nublado para el posacuerdo.

En mi opinión, la tercería que representa el Senador Jorge Enrique Robledo (Candidato del Polo Democrático Alternativo) junto a la Senadora Claudia López (Pre-Candidata de la Alianza Verde), el Senador Antonio Navarro Wolf (Pre-Candidato de la Alianza Verde) y Sergio Fajardo (Pre-Candidato de Compromiso Ciudadano), se configura como una verdadera alternativa que, sin necesidad de caer en alianzas dudosas o venderle el alma al diablo, permitirán no solo la implementación de los acuerdos de La Habana y la continuidad de la recién iniciada negociación en Quito, sino la derrota de los corruptos que han saqueado este país por décadas. Además, se trata de una alternativa en el sentido más estricto del concepto: una opción diferente, amplia, para la convergencia y la paz. Reitero el llamado para que empecemos a arreglar a Colombia: construyamos la alternativa.

 

Coda: 1

La corrupción se come la paz. En marzo se supo de los sobrecostos en los precios con que se están facturando los alimentos en las zonas veredales. 20 gramos de condimento a $25.000 pesos, un kilo de plátano a $3.550 pesos cuando los campesinos lo venden a $300 pesos o una libra de lenteja facturada a $5.500 pesos mientras en Bogotá no excede los $2.500 pesos, nos recuerdan que difícilmente se lograra la paz mientras persista la corrupción.

Coda 2:

Un claro síntoma del fallecimiento del cuerpo es la pérdida de apetito. Pasa lo mismo con los partidos políticos que renuncian a la vocación de poder o las sociedades que se resignan y abandonan el intento de cambio. No desfallezcamos, el momento histórico nos exige vitales, participativos y dispuestos a dar la lucha democrática que transforme este país.

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Carlos Martinez Martinez es Politólogo con énfasis en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad del Norte. Asesor político en el Congreso de la República. Apasionado por temas de comunicación política, partidos y organizaciones sociales.

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