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En lo que puede considerarse un proceso histórico, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) invitó a mediados de este año a Estados miembros y organizaciones observadoras a que le cuenten sobre las dificultades que afrontan los países de medianos y bajos ingresos a la hora de poner la salud por encima de los intereses de monopolio farmacéutico, y sus consecuencias.
Que la organización de Naciones Unidas dedicada a la propiedad intelectual profundice de manera explícita en este importante asunto es ya una alentadora noticia, un acertado paso que se da luego de que fuera publicado en septiembre de 2016 el reporte del Panel de Alto Nivel del Secretario General de Naciones Unidas sobre Acceso a Medicamentos (UNHLP, por sus siglas en inglés). Como recordamos, este reporte no solamente visibilizó que el problema de la falta de innovación y acceso a medicamentos es un problema mundial, y no sólo de unos pocos países de escasos ingresos, sino que también recomendó a actores como la OMPI ayudar a los gobiernos a proteger la salud pública a la luz del monopolio farmacéutico.
Adicionalmente, es un motivo de orgullo de país, como cuando la selección de futbol impecablemente gana un partido a punta de “ juego con amor y calidad”, conocer que el Gobierno de Colombia presentó en respuesta a esta consulta de la OMPI una detallada descripción de las presiones ejercidas por EE.UU (Oficina de Comercio y Comité de finanzas del Senado), Suiza (Secretaría de Estado para Asuntos Económicos) y corporaciones farmacéuticas (Novartis y sus gremios en Colombia (AFIDRO) y en EE.UU. (PhRMA)) sobre el Ministerio de Salud de Colombia durante la actuación administrativa para la declaratoria de interés público del imatinib, medicamento de alto costo utilizado para el tratamiento de unos tipos de cáncer.
Este documento del Gobierno colombiano es toda una jugada digna de celebrar, porque de un lado revela con detalle las dificultades con las que se enfrenta cualquier país de medianos y bajos ingresos que pretenda utilizar las salvaguardas de la salud pública contenidas en acuerdos internacionales, de otro lado muestra las voces de quienes desde distintos escenarios insistimos en priorizar el derecho humano a acceder a medicamentos sobre los intereses comerciales, y, finalmente, porque explícitamente urge a la OMPI al análisis del reporte del UNHLP, atrás citado. A través de esta mención se lee entre líneas una clara invitación a los autores de tales dificultades a cambiar de actitud para contribuir al desarrollo humano propio y colectivo.
Este invaluable aporte de Colombia al debate de “Patentes y Salud” de la OMPI, consignado en el documento de la Secretaría de esta organización, está acompañado de las contribuciones de otros países y de los llamados que en el marco del mismo proceso hicimos desde Misión Salud y otras organizaciones de la sociedad civil: en orden alfabético, Ifarma, ITPC – LATCA y KEI.
La respuesta del Gobierno, no obstante, revela una tarea que aún tenemos pendiente como país. Adicional a la contribución del área de salud al proceso de la OMPI, favorable a la salud pública, también se allegó una contribución del área de comercio que es totalmente parcializada hacia el monopolio farmacéutico. Urge que los encargados de “salvaguardar los derechos de los consumidores” se concienticen de que en este momento en el escenario mundial los expertos en la materia urgen a los gobiernos a “probar y aplicar nuevos y adicionales modelos para financiar y promover la investigación y desarrollo (I+D) en el ámbito de la salud pública”, que van más allá de mecanismos monopólicos como las patentes.
Hoy celebramos que gana el derecho a la salud al visibilizarse en la OMPI su silenciosa opresión por parte de intereses comerciales. Confiamos en que en las siguientes fases de este proceso sea con jugadas unificadas de Gobierno, concretamente de salud y comercio, que se nos llene el corazón de orgullo y alegría nacional ante la coherencia de las acciones con los mandatos constitucionales y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos.
