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#MemoriasDeLaGuerra
En 1998, el Secretariado de las Farc había aprobado la circular para estrenar la modalidad de “pescas milagrosas” que estuvo liderada por Mono Jojoy y que ordenaba el secuestro de industriales, empresarios, políticos, ciudadanos y extranjeros. Las Farc lanzaron su grito de batalla para coger al que cayera y luego averiguar quiénes eran y cuánto valían. Y se dedicaron con perversa constancia a secuestrar en las carreteras y pueblos y campos del país.
Desde abril de 2002, los doce diputados hicieron parte de los secuestrados políticos canjeables junto a Íngrid Betancourt, Clara Rojas, Luis Eladio Pérez, Gloria Polanco, Orlando Beltrán, Jorge Géchem Turbay, Óscar Tulio Lizcano, los tres contratistas estadounidenses (Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves), el general Luis Mendieta, los cientos de policías y oficiales retenidos tras las tomas guerrilleras a pueblos o bases militares, entre otros, con quienes las Farc presionó al gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), condicionando su liberación a un intercambio humanitario. Al ser instrumentos de negociación política, los secuestrados canjeables (políticos, militares y policías) quedaron en medio de tire y afloje del gobierno y la guerrilla. Un emparedado de tensiones, intereses y vicisitudes propios de una guerra que a finales de los años noventa adquirió un matiz tenaz con la arremetida guerrillera en todo el país y el objetivo de tomarse Bogotá por la fuerza.
En este contexto comienza a plantearse el intercambio humanitario de civiles, militares y policías por guerrilleros presos. Luego del fracaso de los diálogos del Caguán del gobierno Pastrana (1998-2002) y la implementación de la Seguridad Democrática —una inyección económica para robustecer el aparato militar del Estado adjunta a la promesa del presidente Uribe de derrotar a las Farc por la fuerza—, las dos partes tomaron posiciones extremas e irreconciliables.
En septiembre de 2002, el Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos Retrepo, informó a la opinión pública que cualquier asunto relacionado con la negociación de la liberación de los secuestrados era asunto exclusivo del gobierno, y que la mediación internacional debía circunscribirse a la búsqueda de acuerdos que terminaran con esta práctica. Por su parte, las Farc enviaron una carta en noviembre de 2002 al Encuentro Nacional de los Retenidos por Razones del Conflicto, en la que el Secretariado informaba que cualquier negociación o contacto para la liberación de los secuestrados debería realizarse en el territorio nacional y en una zona desmilitarizada. El resultado de dicha negociación sería la liberación del grupo de secuestrados canjeables y de todos los guerrilleros presos.
A finales de abril del 2003, las Farc anuncian que los comandantes Carlos Antonio Lozada, Simón Trinidad y Domingo Bihojó son los voceros oficiales de la guerrilla para el asunto del canje de prisioneros. Seis semanas después, viene el asesinato del gobernador Gaviria y del exministro Echeverry. Las Farc iban en serio: ejecutarían a sus prisioneros ante cualquier intento de rescate.
En este contexto, dos fugas de secuestrados cambiaron el panorama. La primera fue la de Fernando Araújo —que era parte de los canjeables y llevaba seis años retenido—, que emprendió la fuga en medio del fuego cruzado entre la guerrilla y unidades de la Armada que intentaban su rescate a inicios de 2007. El éxito parcial de la operación dio razones al presidente Uribe para considerar viables las operaciones de rescate militar. La segunda fue la del subteniente de la Policía John Frank Pinchao, quien relató la severidad del cautiverio y confirmó que Clara Rojas quedó embarazada en cautiverio y su hijo fue separado de ella. La fuga de Pinchao y la información de primera mano que brindó a las fuerzas armadas fue el primer eslabón de la operación militar más exitosa de la historia del Ejército: la Operación Jaque.
Para junio de 2007, el presidente Uribe anuncia que realizará un gesto unilateral sin precedentes en su gobierno con el fin de encontrar una salida urgente al Acuerdo Humanitario: la liberación de ciento cincuenta guerrilleros presos condenados por delitos político y la liberación de Rodrigo Granda, uno de los principales canjeables de la guerrilla, con el compromiso de servir de puente entre el Secretariado y el Gobierno para concretar el acuerdo. Dos días después, en una alocución televisada explica que el gesto de buena voluntad fue una petición personal que le hizo el entonces presidente francés Nicolas Sarkozy.
Una semana antes, Sarkozy, en una alocución por Radio Francia Internacional y la televisión francesa, le habló a Tirofijo —Monsieur Marulanda—: “…le pido solemnemente que suelte a Íngrid y no cargue sobre su consciencia el riesgo que le haría pesar su desaparición. (…) Señor Marulanda, hay que salvar a una mujer en peligro de muerte”. Pero ningún discurso solemne reblandecería el corazón de un viejo jefe inflexible de una guerrilla implacable, ni lo asustaría con la amenaza de que tendría remordimiento y pesadillas. No sería la de Íngrid la única muerte que se haya echado a cuestas Tirofijo desde las dos monjas en la masacre de Inzá, Cauca en 1965. Antonio Caballero se preguntaba en su columna en Semana: “¿No se ha enterado Sarkozy de que Tirofijo está en guerra? Y tampoco puede creer en serio que las Farc van a liberar a sus rehenes por consideraciones humanitarias: si sus consideraciones fueran humanitarias, no los hubieran secuestrado”. En la misma línea, el presidente Uribe dijo en una entrevista que “él no se opondrá” a que los dejen libres por darle gusto a Sarkozy, con tal de que eso se haga con discreción y sin publicidad. Caballero vuelve al ataque: “Pero ¿de verdad cree alguien serio que, así Uribe generosamente se abstenga de oponerse, las Farc van a desprenderse de sus valiosas presas a cambio de nada?”. Lo cierto es que las condiciones de la guerrilla siempre estuvieron claras, tanto por los centenares de secuestrados económicos retenidos en las “pescas milagrosas”, como por los militares, policías (y hasta por sus cadáveres) y civiles piden algo a cambio.
El intercambio humanitario no era una concesión mutua o unilateral de favores o transacciones no pedidas. Era un intercambio. Un trueque. Un negocio en el sentido más literal de la palabra: te doy y tú me das. Si se quería que los secuestrados volvieran con sus familias, no había sino dos posibilidades: el rescate militar a sangre y fuego, o la negociación bilateral entre el gobierno y las Farc. Cada quien buscó su propia ganancia. Algo simple que adquirió ribetes mediáticos y políticos, con lo cual las Farc obtuvieron más bombo internacional que en los días del Caguán —cuando recibieron en audiencia a embajadores, banqueros, escritores, cronistas, periodistas internacionales, mientras algunos de sus jefes viajaban por todo el mundo por cuenta del gobierno—. Si el presidente Uribe pretendía que todo se hiciera sin publicidad, fue un error meter de intermediarios a dos exhibicionistas como Hugo Chávez y Nicolas Sarkozy. Manuel Marulanda no depondría las armas que empuñó durante cincuenta años porque el presidente francés lo empezara a llamar “Monsieur Marulanda” o Uribe no lo tratara como terrorista sino como un “angelito del cielo” como una vez dijo en medio de un discurso en la Escuela Militar José María Córdova en 2008.
El 18 de junio de 2007, en un comunicado a la opinión pública, las Farc informa la muerte en cautiverio de los once diputados del Valle por un fuego cruzado con una fuerza militar no identificada que atacó el campamento. En un comunicado posterior las Farc indicó que fue una “falla de seguridad” de sus propios hombres.
Un reportaje de El País de Cali señala que en los computadores de Raúl Reyes hay información según la cual un grupo de paramilitares ayudados por el gobierno colombianos intentaron rescatar a los secuestrados, que murieron en medio de la confrontación. Lo cual se comprobó era mentira. Por su parte, Semana reveló que catorce días después de la masacre, Manuel Marulanda Vélez le escribió al Secretariado para planear la manera de salir bien librados de este episodio: la primera opción —planteaba Marulanda— era aplazar el comunicado por largo tiempo hasta cuando las dos partes (gobierno y guerrilla) estuviesen en la mesa de paz hablando de intercambio humanitario —o político, decía Marulanda—. La segunda opción: informar que la custodia de los prisioneros desertó y en su persecución por una compañía enemiga cayeron todos.
Doce años después de su asesinato, el video de Carlos Alberto Charry grabado como prueba de supervivencia en 2006 resume el tire y afloje del gobierno Uribe y la guerrilla:
“Quiero hacerle un llamado al señor presidente Uribe y al Secretariado de las Farc para que muestren su voluntad con un sincero diálogo y así lograr el acuerdo humanitario, máxime cuando hay suboficiales, oficiales y civiles en abominable cautiverio, en total olvido e indolencia por el país nacional”.
ESte testo hace parte de mi libro CSI Colombia, Penguin Random House 2018, sobre el capítulo del secuestro de los once diputados del Valle del Cauca.
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