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Aún existen prevenciones ante la posibilidad de que las mujeres administren justicia. Algunos consideran que no estamos capacitadas o no contamos con las cualidades necesarias para desarrollar dicha tarea. En no pocas ocasiones en mi condición de abogada, he visto caras de desasosiego cuando inicialmente saben que yo soy la abogada a cargo. Las personas esperan encontrarse como abogado a un hombre maduro y de corbata, partiendo de la idea de que están mejor preparados. El Comité de Escogencia el día martes, nos dio una gran noticia, al tomar la decisión de romper este tipo de estereotipos, y elegir como Magistradas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al 53% de sus integrantes.

La elección de quienes integrarán la JEP es de enorme trascendencia para el país,  al ser el Tribunal que sancionará a los responsables de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario ocurridas en esta guerra. El Comité de Escogencia después de revisar 2.135 hojas de vida, eligió a 27 mujeres como Magistradas y una de ellas de las más altas calidades académicas y profesionales como su presidenta. Dentro de las mujeres electas hay una gran diversidad: afrodescendientes, indígenas, defensoras de derechos humanos, mujeres que participaron en las negociaciones en la Habana, académicas, y mujeres que han sido parte de la jurisdicción penal militar.

Tal y como se planteó por el Grupo de Trabajo Género en la Paz (GPAZ) hace dos semanas con su campaña #MujeresSíHay, en Colombia hay mujeres lo suficientemente capacitadas, comprometidas con la paz, con las víctimas de este país, con los valores éticos necesarios, y con la experiencia para asumir el reto de ser parte del Tribunal más importante para la construcción de la paz.

Sin embargo, alguien podría preguntarse: ¿Por qué es tan importante esta decisión? La participación de las mujeres en la rama judicial se ha incrementado de manera considerable en los últimos años. El Consejo Superior de la Judicatura señala que, para 2016, la composición de la rama judicial a nivel seccional alcanzó el 51.8%, para el caso de las juezas y magistradas. Pero desafortunadamente no ocurre lo mismo en el nivel nacional. En los cargos como Magistradas de las Altas Cortes el porcentaje de representación de las mujeres es mucho menor: 50% en el Consejo Superior de la Judicatura, 33% en la Corte Constitucional, 29% en el Consejo de Estado y 13% en la Corte Suprema de Justicia.

Ese panorama no es ajeno a lo que ocurre a nivel internacional. El año pasado un conjunto de organizaciones lanzaron la campaña GQUAL que busca estimular la paridad de género en la representación internacional. De acuerdo con la campaña, para 2016 solo el 17% de los tribunales internacionales más importantes eran ocupados por mujeres. Por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos actualmente las mujeres representan el 14%; en la Corte Penal Internacional el 33%; en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 27%; y en el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el 16%.

Pero además de ser un asunto de equidad, hay quienes han estudiado las ventajas o los efectos positivos de la participación de las mujeres en la administración de justicia. La profesora Beatriz Kohen, desde la sociología jurídica destaca al menos tres aspectos que muestran por qué es deseable que se incremente la participación de las mujeres.

Primero, la presencia de mujeres en este tipo de cargos es consecuente con el principio de legitimidad democrática. Si el aparato judicial incluye un número considerable de mujeres y refleja la diversidad étnica de una sociedad, este hecho contribuye a que se perciba la administración de justicia como un espacio más representativo y justo.

Segundo, la imagen de mujeres que ocupan posiciones de autoridad en la justicia envía un mensaje simbólico poderoso, porque cuestiona los estereotipos tradicionales de género, según los cuales las mujeres estaríamos bajo la autoridad de los varones. En últimas, esa participación promovería nuevos modelos de relaciones de poder entre los géneros, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

Tercero, la participación de las mujeres alentaría una ética del cuidado al interior del sistema judicial. Carol Gilligan señala que las niñas y los niños tienen un razonamiento moral diferente, no por esencia, sino como consecuencia de los patrones culturales en los que crecen, los cuales no son perpetuos. Así, los varones tenderían a relacionar sus respuestas con principios abstractos, mientras las niñas desarrollarían una ética del cuidado más contextual y empática. Sería deseable para la administración de justicia, que los valores que entraña la ética del cuidado, en donde por ejemplo se le da una prevalencia a las circunstancias particulares en donde se producen las conductas que se estudien, permeen el sistema judicial.

Es verdad que la sola presencia de mujeres en la administración de justicia no significará la eliminación de los estereotipos de género y de patrones discriminatorios en su interior, ni serán la salvación a la crisis de la justicia que actualmente enfrentamos. Pero, como menciona Kohem, la participación de mujeres en los altos cargos de justicia es un asunto de justicia y beneficia al mismo sistema judicial y a la sociedad.

Hay dos razones adicionales para celebrar la elección del Comité de Escogencia. Con la presencia de más mujeres dentro de la administración de justicia hay más posibilidades de que se le dé mayor relevancia a las violencias que vivieron las mujeres en el marco del conflicto armado. ¿Por qué? Porque quien habita un cuerpo de mujer tiene mayores posibilidades de haber vivido en su propia carne situaciones de discriminación y violencia. Adicionalmente, esta elección envía un mensaje contundente a las otras ramas del poder público que hasta el momento, se han negado a aplicar la paridad en las instituciones creadas para aplicar el Acuerdo Final. Así, seguiremos exigiendo paridad porque #MujeresSíHay.

 

Ana Jimena Bautista Revelo

Investigadora de Dejusticia

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Dejusticia es un centro de estudios jurídicos y sociales localizado en Bogotá, Colombia. Nos dedicamos al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la promoción de los derechos humanos en Colombia y en el Sur Global (países en desarrollo). Promovemos el cambio social a través de estudios rigurosos y propuestas sólidas de políticas públicas, y adelantamos campañas de incidencia en foros de alto impacto. También llevamos a cabo litigios estratégicos y diseñamos e impartimos programas educativos y de formación.

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