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Por:  Angélica María Cuevas*

Más de 60 colombianos duermen en celdas venezolanas siendo inocentes. Aunque hechos similares han desencadenado enfrentamientos diplomáticos entre Venezuela y países como Brasil, en Colombia la ministra de relaciones exteriores, María Ángela Holguín, ha preferido asumir la situación desde un bajo perfil.

El colombo-venezolano Juan Pedro Lares, de 23 años, lleva casi seis meses preso en la cárcel El Helicoide (Caracas) por ser hijo de un político opositor al gobierno de Nicolás Maduro. A pocos kilómetros de distancia, en una sede de la policía de la localidad de La Yaguara, duermen William Sarabia Ospino, German Espitia, Emerson Gutiérrez, Doiler Yépez, Edelberto Ramos Terán y otros 53 colombianos inocentes, encarcelados hace un año y cuatro meses.

Juan Pedro fue detenido arbitrariamente en su casa, en Mérida, en julio pasado, cuando 200 agentes del Sebin intentaron capturar a su padre, Omar Lares, entonces alcalde del municipio de Campo Elías (Mérida). El operativo hacía parte de la estrategia oficial de persecución contra alcaldes opositores, que se activó después de las masivas protestas de abril de 2017. El papá escapó corriendo por la parte de atrás de la casa y entonces los armados se llevaron al muchacho.

En el caso de los demás detenidos, 58 hombres y una mujer, hacen parte de los 92 colombianos que en septiembre de 2016 fueron víctimas de la “Operación de liberación del pueblo”, estrategia del gobierno de Nicolás Maduro para contrarrestrar el incremento de la violencia en Venezuela. Maduro los señaló de ser “paramilitares y estar planeando atentar contra el Palacio de Miraflores”. Luego se supo que muchos de ellos fueron interceptados mientras caminaban por diferentes calles de Caracas y, tras identificar que eran colombianos, algunos indocumentados, fueron llevados sin motivo al centro de reclusión de La Yaguara. Con el tiempo algunos lograron escapar, otros terminaron deportados por graves problemas de salud y, el ciudadano José Hernández murió en su celda. En noviembre pasado, una jueza venezolana aceptó que había sido un error encarcelarlos y confirmó su inocencia, sin embargo 59 de ellos siguen tras las rejas porque Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia de Venezuela, no ha autorizado su liberación.

Tanto en el caso de Juan Pedro Lares como en el de los 59 detenidos, la Cancillería colombiana ha llevado a cabo más de 60 acciones de atención: ha documentado los hechos, respondido algunos derechos de petición, realizado visitas consulares a los centros de reclusión y ha logrado que los familiares visiten a los detenidos. Sin embargo, los avances son nulos en materia de liberaciones.

Los colombianos detenidos en La Yaguara (Caracas) padecen depresión y desnutrición.

Los colombianos detenidos en La Yaguara (Caracas) padecen depresión y desnutrición. Foto: Sergio Aranguren

Frente a esta realidad la pregunta repetida entre los familiares de las víctimas es: ¿por qué si las estrategias de la Cancillería no arrojan resultados, la ministra Holguín no ha asumido públicamente la vocería de un asunto tan delicado? Por ahora hay certeza de 60 colombianos inocentes presos en Venezuela, pero podrían ser 70, o 100.

La experiencia de Brasil podría servirle a Colombia como espejo. En diciembre pasado la detención arbitraria del joven Jonatan Moisés Diniz generó tensiones diplomáticas entre ambos países. Como resultado de esta controversia, el brasileño fue liberado y deportado once días después de haber sido detenido. El jóven fue acusado por el dirigente chavista Diosdado Cabello de ser parte de una “organización criminal” pues, según Cabello, la ONG Time of Change, a la que pertenece Diniz, servía de fachada para ingresar dólares a Venezuela para financiar causas sociales dirigidas a habitantes de calle.

Desde Brasil, la oficina de Aloysio Nunes, ministro de Relaciones Exteriores, le exigió a Venezuela que entregara información sobre el joven y al no obtenerla le ordenó al Consulado General de Brasil en Caracas expresar su preocupación a las autoridades policiales venezolanas, solicitar nuevamente la ubicación del detenido y pedir una visita consular.

Aunque frente a este llamado tampoco hubo respuesta, la Embajada de Brasil en Caracas presionó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela y las autoridades de seguridad del país para saber su paradero. El 6 de enero pasado Jonatan Moisés Diniz fue liberado y deportado a Estados Unidos, donde reside.

En el caso colombiano, la ministra Holguín nunca se ha pronunciado públicamente sobre la situación de Juan Pedro, a pesar de que medios de comunicación como Caracol Televisión le han solicitado referirse al tema y que la madre del joven, Ramona Rangel, le ha pedido ayuda a través de cartas y entrevistas en medios. Incluso Ramona viajó en una ocasión de Venezuela a Bogotá para intentar reunirse con ella, de manera fallida.

Momento en que Juan Pedro Lares fue detenido por agentes del Sebin en agosto de 2017. Foto: Archivo particular

Momento en que Juan Pedro Lares fue detenido por agentes del Sebin en agosto de 2017. Foto: Archivo particular

Sobre los 59 presos de La Yaguara, la Ministra ha explicado en entrevistas radiales, que durante su tiempo en prisión la Cancillería los ha atendido y que, ante la orden de liberación, ha mantenido una comunicación permanente con su homólogo venezolano, Jorge Arreaza: “No lo hemos logrado (que los liberen), seguiremos insistiendo, siguen detenidos”, dijo a Caracol Radio en noviembre pasado.

Por su parte el abogado de las víctimas, el venezolano Sergio Aranguren, asegura que en su intento por llevar el caso a instancias internacionales, le pidió a la Cancillería colombiana las copias de las cartas diplomáticas en las que Colombia le ha pedido a Venezuela que respete los tratados internacionales y libere a los colombianos, pero a la fecha no ha recibido respuesta del consulado.

“Esta gente está viviendo en galpones. Gente sin ningún antecedente penal está comiendo una vez al día al lado de lugares llenos de excrementos, tienen la piel con sarna; están desnutridos, deprimidos, han intentado hacer huelgas de hambre e incluso algunos han estado a punto de morir. Es increíble cómo nadie les presta atención. Estamos ante un capricho político de una Canciller que prefiere no referirse al tema”, dice desde Caracas.

Los llamados de atención a la Canciller

La incierta realidad de los colombianos presos en Venezuela llevó a que el 1 de diciembre, la Procuraduría colombiana le llamara la atención la Ministra de Relaciones Exteriores pidiéndole que en un plazo de cinco días presentará un plan de asistencia jurídica a los detenidos, y así lograr la protección de sus derechos y su liberación inmediata. La respuesta de la Cancillería fue en el mismo tono de “hemos hecho lo que hemos podido”, repitiendo que desde que se supo de las detenciones su equipo de trabajo ha acompañado a los presos “pero que no ha sido posible liberarlos”.

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Los hombres llevan un año y cuatro meses presos en un centro de detención de La Yaguara, en Caracas. Foro: Sergio Aranguren

Esas declaraciones han aumentado la frustración de los familiares de las víctimas, quienes le siguen exigiendo al gobierno colombiano que agote todos los mecanismos que tenga a su alcance para presionar la liberación de los inocentes. “Le hemos pedido en diferentes oportunidades, a la Canciller que se pronuncie públicamente sobre la detención de nuestro hijo, ya es hora de que asuma un liderazgo político, que por lo menos se sumen a las denuncias que hemos hecho ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU”, dice Omar Lares, el exalcalde venezolano y padre de Juan Pedro.

“El gobierno colombiano no puede abandonar a sus connacionales en otro país y más cuando está demostrado que ellos no cometieron ningún delito. El presidente Santos tiene la potestad de pedir al menos su deportación”, le dijo a el diario El Heraldo Martha Yépez, hermana del barranquillero Doiler Yépez, preso en La Yaguara.

“En casi seis meses solo he visto a Juan cuatro veces. Tuvimos que salir de Venezuela por temor de que pueda pasarle algo a mis otros hijos y ahora siento que si voy a visitarlo, algo puede pasarme. El no ha cometido ningún delito y temo por su seguridad. Sé que la Canciller puede hacer más de lo que ha hecho hasta ahora”, dice Ramona Rangel.

La tutela contra la Cancillería

En búsqueda de respuestas y acciones más contundentes por parte de la Canciller, Ramona Rangel decidió, en diciembre pasado, con el apoyo jurídico de Dejusticia, exigirle a ese ministerio a través de una acción de tutela que proteja a su hijo, recordando que la Cancillería es la entidad encargada de velar por los derechos de los colombianos en el exterior y de garantizar que los demás países (en este caso Venezuela) respeten los derechos de quienes permanecen privados de la libertad.

En el caso de Juan Pedro es innegable que la labor de la Cancillería ha sido clave para que Ramona lograra visitar a su hijo en la cárcel y comprobara que sigue con vida, pero aún hoy, después de casi seis meses de su detención, ese Ministerio no ha reconocido oficialmente la detención arbitraria de Juan Pedro, como ella lo ha solicitado. Tampoco le ha compartido a Ramona los informes de las visitas consulares que describen las condiciones de detención y de salud de su hijo, ni explicado a la familia cuál va a ser la estrategia que van a implementar para lograr su liberación.

Por estas razones, y temiendo que Juan Pedro pueda ser víctima de desaparición forzada o tortura, ya que a la fecha no se conoce un registro oficial de ingreso de Juan Pedro a la cárcel de El Helicoide, Ramona radicó la tutela contra la Cancillería el 5 de diciembre ante el Juzgado Quinto de Familia de Cúcuta, donde el exalcalde Omar Lares, el padre de Juan Pedro, vive exiliado.

La acción buscaba dos cosas: que se protegiera el derecho fundamental de petición de Ramona, ya que la Cancillería no había respondido adecuadamente a las peticiones de la madre, y que se evaluara si la Cancillería estaba respondiendo a la detención arbitraria de Juan Pedro con la urgencia que amerita, activando los debidos mecanismos.

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Agentes del Sebín, durante la detención arbitraria de Juan Pedro Lares. Agosto de 2017. Foto: Archivo Particular

El 18 de diciembre, la jueza Socorro Jerez Vargas falló la tutela a favor de la Cancillería considerando que el derecho de petición de Ramona Rangel no había sido vulnerado, pues concluyó que el Ministerio sí estaba teniendo una comunicación constante con la madre (a pesar de que la información que se le entregó a era incompleta). En cuanto a la segunda petición, la jueza omitió por completo el tema y no dio la orden de que la Cancillería tome todas las medidas y acciones jurídicas que están a su alcance para lograr la liberación de Juan Pedro.

En respuesta, el 15 de enero, Ramona Rangel apeló la decisión de la jueza solicitando que se reconozca la vulneración a su derecho de petición y que se ordene a la Cancillería garantizar los derechos de su hijo, reconocer la detención arbitraria y actuar para que lo liberen.

Aunque la decisión de dejar o no libre a Juan Pedro está en manos de las autoridades venezolanas, lo cierto es que la Cancillería tiene de Colombia intervenir por su ciudadano ante Venezuela y, si es necesario, llevar el caso a instancias internacionales o por lo menos, sumarse a los esfuerzos de los familiares de las víctimas para lograr que sus hijos, hermanos y sobrinos no pasen un día más en la cárcel.

Vea aquí:

 

*Periodista en Dejusticia

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Dejusticia es un centro de estudios jurídicos y sociales localizado en Bogotá, Colombia. Nos dedicamos al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la promoción de los derechos humanos en Colombia y en el Sur Global (países en desarrollo). Promovemos el cambio social a través de estudios rigurosos y propuestas sólidas de políticas públicas, y adelantamos campañas de incidencia en foros de alto impacto. También llevamos a cabo litigios estratégicos y diseñamos e impartimos programas educativos y de formación.

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