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Por: Isabel Pereira y Lucía Ramírez

La escasez de medicamentos en Venezuela ha generado una crisis humanitaria que impacta a miles de pacientes. Según cifras aproximadas, solo el 10% de pacientes con enfermedades terminales y crónicas que necesitan medicamentos como la morfina acceden a ella, y se ven en la encrucijada de escoger entre el hambre y el dolor.

Mari es venezolana y llegó a Colombia en diciembre pasado. Si bien las angustias económicas por los ingresos escasos y la falta de alimentos, transporte y estabilidad eran un problema viviendo en Maracay, la razón fundamental para emigrar fue la escasez de medicamentos. Por cuenta de ese desabastecimiento, Mari vivió dos tragedias con sus seres queridos. Por una parte, vive la angustia de la urgencia de conseguir quetiapina para su hijo Carlos, quien sufre de un trastorno nervioso y necesita al menos una tableta diaria de este medicamento para mantenerse estable. A pesar de que no es un medicamento muy costoso, Mari tuvo que venir a Colombia porque no conseguía la quetiapina en las farmacias y los envíos que estaba recibiendo de España fueron devueltos por aduanas. Por otra parte, pocos días antes de emprender ruta a Colombia, enterró a su sobrino de 26 años, quien murió sin acceso a tratamiento para el cáncer y sin medicamentos como la morfina, necesarios para aliviar los terribles dolores de los últimos meses de vida.

La crisis en el sistema de salud venezolano se agudiza, como revelan las cifras de las más reciente Encuesta Nacional de Hospitales 2018 realizada por la ONG Médicos por la Salud y la Asamblea Nacional. En 104 hospitales públicos y 33 privados, el 79% no tienen agua, el 14% de las salas de cuidados intensivos han sido cerradas, y hay escasez de implementos básicos como catéteres y alimentación infantil. Para el caso de los cuidados paliativos y el alivio del dolor, la situación es aún más grave: según datos de la Asociación Americana contra el Cáncer, más de 23.000 personas mueren de cáncer cada año en Venezuela, y muy pocos de ellos reciben el tratamiento que necesitan. De acuerdo con Ismariel Espin, presidenta de la Sociedad Venezolana de Medicina Paliativa (SOVEMEPAL), sólo cerca del 10% de los pacientes con enfermedades terminales que requieren medicamentos para el manejo del dolor tienen acceso a los mismos. Los pocos que acceden a medicamentos como la morfina lo hacen a través de envíos que realizan sus familiares desde otros países o los compran en el mercado negro a precios exorbitantes.

Según Ismariel, una sola ampolla de morfina en el mercado negro puede costar entre 600 mil y 2 dos millones de bolívares (12 y 40 USD), mientras que el salario mínimo es de 1.307.646 bolívares mensuales (26 USD). La morfina está incluida en la lista de medicamentos esenciales de la OMS, y es además de bajo costo, aproximado a 2 USD por mg. Los costos elevados de estos medicamentos en Venezuela hacen que los pacientes no puedan comprar las dosis que necesitan, pues un paciente con dolor severo requiere entre 3 y 4 ampollas diarias. Así, la falta de un sistema de salud que garantice la disponibilidad y acceso a estos medicamentos a un precio razonable coloca a los pacientes en la encrucijada de escoger entre el hambre y el dolor. Ismariel comenta que muchos de sus pacientes prefieren destinar sus pocos ingresos a la comida y así tener algo de energía para aguantar el dolor.

Estos no son casos aislados, pues como demuestran las cifras de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), entidad de las Naciones Unidas encargada de monitorear el consumo de sustancias controladas como son las derivadas del opio, en Venezuela se ha consumido cerca de 0 mg. per cápita en los últimos años, y no hay cifras reportadas para el 2015.

A la escasez de medicamentos, se suma la falta de médicos especialistas que tengan el conocimiento para diagnosticar y tratar enfermedades como el cáncer. Debido a la grave crisis económica por la que atraviesa el país muchos especialistas han emigrado. Por ejemplo, de los 43 médicos paliativistas miembros de SOVEMEPAL, ya sólo quedan la mitad en el país. Los que quedan se enfrentan cada día a la frustración de no contar con los recursos necesarios para atender a sus pacientes, pero hacen lo posible para apoyarlos consiguiendo medicamentos de otros pacientes que ya fallecieron. Ante la imposibilidad de realizar su trabajo , dicen que “a falta de morfina, los únicos cuidados paliativos que podemos hacer son el acompañamiento psicosocial”

Ismariel nos cuenta que hasta hace unos tres o cuatro años, el Estado Venezolano compraba directamente los medicamentos opioides a los laboratorios y los distribuía gratuitamente en los hospitales públicos. Sin embargo, las importaciones de medicamentos han disminuido considerablemente desde 2014 debido entre otros factores a la caída del precio del petróleo que ha dejado al gobierno sin divisas. Adicionalmente, los pocos laboratorios que quedan en el país no cuentan con los recursos para comprar las materias primas necesarias para producir medicamentos.

Ante esta grave situación varias asociaciones médicas dentro de ellas SOVEMEPAL han hecho pronunciamientos públicos donde evidencian la gravedad de la situación y hacen un llamado al gobierno para tomar acciones. Sin embargo, sus solicitudes no han recibido respuesta por parte de los entes gubernamentales responsables.

A pesar de que la salud está consagrada en la Constitución Política de Venezuela como “un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida”, la falta de voluntad política del gobierno para reconocer la magnitud de la crisis y aceptar el apoyo de organizaciones internacionales, se han convertido en barreras infranqueables para quienes necesitan vivir y morir sin dolor y con dignidad.

 

* Investigadoras de la línea de política de drogas de Dejusticia

ipereira@dejusticia.org / lramirez@dejusticia.org / 

@Marshtita / @aydalucia

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Dejusticia es un centro de estudios jurídicos y sociales localizado en Bogotá, Colombia. Nos dedicamos al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la promoción de los derechos humanos en Colombia y en el Sur Global (países en desarrollo). Promovemos el cambio social a través de estudios rigurosos y propuestas sólidas de políticas públicas, y adelantamos campañas de incidencia en foros de alto impacto. También llevamos a cabo litigios estratégicos y diseñamos e impartimos programas educativos y de formación.

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