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Diana Isabel Güiza Gómez*

Alejandro Rodríguez Llach**

 

A las afueras de las oficinas de estadística del Estado de Ruanda, colgaba un cartel en el que se leía: “Si no contamos, no contamos”. En el arranque del Censo Poblacional 2018, el campesinado se apropió de ese mensaje para exigirle al Estado colombiano que incluyera en el cuestionario censal preguntas que indagaran por su identidad campesina y sus condiciones socioeconómicas. Así lo expresó con el lema “para que el campesinado cuente, tiene que ser contado”. Al tiempo, la comunidad LGBTI y las personas en situación de discapacidad le pidieron al Estado colombiano que agregara preguntas de autorreconocimiento o asociadas a su modo de vida. Al final, estos últimos, por orden presidencial, fueron los únicos que alcanzaron a ser incluidos en las preguntas del censo, mientras que el campesinado y la comunidad LGBTI tendrá que esperar a que un próximo instrumento estadístico (censo o cualquier otro tipo de encuesta que el DANE realice con regularidad) los cuente con detalle.

En pocas semanas, el DANE publicará los resultados del censo nacional y tendremos las cifras del instrumento estadístico más importante del país que le servirá al Estado para tomar decisiones de política pública. Por ahora, traemos al debate nacional los avances que ha hecho en el tema el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), un organismo de la ONU que se encarga de revisar el goce de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), como la vivienda, el trabajo o la educación. En los últimos años, el Comité le ha venido solicitando a distintos Estados que recaude estadísticas detalladas y confiables del goce de los DESC tanto de la sociedad, en general, como de los grupos vulnerables, en particular.

Entre 2015 y 2017, el Comité se ha referido a este tema en 43[1] ocasiones, a través de recomendaciones generales y específicas sobre un derecho, problema o población en particular. En las primeras, el Comité ha recomendado a los Estados recolectar información o mejorar los indicadores que revelen de manera clara el goce de los DESC de sus habitantes, luego del diálogo con los Estados parte en las sesiones de evaluación. Así ocurrió con Colombia. En la revisión del año pasado, el Comité le solicitó al Estado colombiano que elabore indicadores que permitan evaluar de una mejor manera el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[2]. Esta recomendación es aún más relevante por el Censo Polacional 2018. Si el Estado acata las recomendaciones del Comité, los resultados del censo deberían poder utilizarse para medir integralmente el goce efectivo de los DESC de toda su población y de manera desagregada.

En las segundas, el Comité ha realizado esta misma recomendación, pero para un grupo o subgrupo de la población en situación de vulnerabilidad o para un tema o derecho específico. Así lo ha hecho en 32 informes y las recomendaciones abarcan los derechos a la vivienda, a la educación, a la seguridad social, a la no discriminación, al trabajo, a la alimentación y los derechos culturales. Los problemas a los que se refieren incluyen el desempleo, el acoso sexual laboral, la pobreza, la violencia doméstica, la corrupción, los desalojos forzosos o la explotación económica de niños.

Por ejemplo, en las observaciones finales del Estado de Irlanda, el Comité le recomendó recopilar y producir información relevante que permita observar la situación sobre el empleo en el país y violencia doméstica[3]. Todo esto con el objetivo de conocer a profundidad la situación y alertar sobre estas problemáticas.

Las poblaciones respecto de las cuales el Comité ha solicitado información estadística son los habitantes de la calle, la niñez en condición de discapacidad, los desplazados internos, los migrantes y las minorías étnicas y culturales. Sobre estas últimas, el Comité le ha recomendado a los Estados de Túnez, República Dominicana, Francia y Grecia recopilar datos con base en la “autoidentificación voluntaria”, esto es, la declaración de pertenencia a sujetos colectivos debido a la identidad cultural. Con esa información, precisa el Comité, los Estados podrán formular, aplicar y supervisar políticas y programas destinados a mejorar el disfrute de los DESC.

El trabajo del Comité muestra entonces que las estadísticas no son una cuestión meramente técnica. Más que eso, son un instrumento central para la promoción de los DESC y la medición de su goce efectivo, por tres razones centrales. Primero, si los Estados no saben quiénes son sus habitantes ni en qué condiciones viven, no podrán diseñar políticas efectivas que resuelvan las necesidades de sus beneficiarios. De ahí que los censos y otras herramientas estadísticas son un asunto de derechos humanos. Segundo, los datos cuantitativos detallados permiten diseñar indicadores que evidencien el progreso en la protección de los derechos humanos. Con ellos, los organismos de monitoreo, como el Comité DESC, pueden evaluar el cumplimiento de los deberes de los Estados, a través del tiempo, y plantear recomendaciones útiles en materia económica y social. Tercero, el conteo detallado de los habitantes tiene un efecto simbólico en la consolidación del Estado de derecho: el reconocimiento de los individuos y sujetos colectivos como parte de la sociedad.

* Investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad- Dejusticia y profesora de la Universidad Nacional de Colombia. @IsabelGuiza

** Investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad- Dejusticia. @arllach90

 

 

[1] Colombia, Gambia, Paraguay, Tayikistán, Chile, Irlanda, Kirguistán, Tailandia, Uganda, Venezuela, Burundi, Grecia, Guyana, Iraq, Italia, Marruecos, Sudán, Canadá, Kenia, Namibia, Angola, Burkina Faso, Macedonia, Francia, Honduras, Reino Unido, Suecia, Chipre, Costa Rica, Filipinas, Líbano, Polonia, República Dominicana, Túnez, Uruguay, Sri Lanka, Pakistán, Australia, Países Bajos, Liechtenstein, República de Corea, Moldavia, Federación Rusa.

[2] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de Colombia. Párrafo 72.

[3] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de Irlanda. Párrafos 16 y 22.

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Dejusticia es un centro de estudios jurídicos y sociales localizado en Bogotá, Colombia. Nos dedicamos al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la promoción de los derechos humanos en Colombia y en el Sur Global (países en desarrollo). Promovemos el cambio social a través de estudios rigurosos y propuestas sólidas de políticas públicas, y adelantamos campañas de incidencia en foros de alto impacto. También llevamos a cabo litigios estratégicos y diseñamos e impartimos programas educativos y de formación.

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