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Por Vivian Newman*

 

¿Porqué hay que consultar a la ciudadanía si está o no en contra de la corrupción, si es obvio que todo el mundo quiere que se acaben las conductas corruptas?

 

 

BOG225. BOGOTÁ (COLOMBIA), 11/03/2018.- Vista general de un colegio electoral hoy, domingo 11 de marzo de 2018, durante las elecciones legislativas de Colombia, en Bogotá (Colombia). EFE/Leonardo Muñoz

Circulan en Whatsapp mensajes que dicen que con solo acercarse a oler el tarjetón se estaría favoreciendo al Polo, a la FARC o al Partido Alianza Verde.  Que lo mejor es quedarse en la casa porque la consulta anticorrupción atenta contra la familia y contra Colombia. También hay videos en Youtube que atacan a la promotora de la consulta por su orientación sexual, por su posición de izquierda, porque ganaría con reposición de votos o por el gasto de la consulta.  Hay incluso un senador que dice que mejor eso lo arreglan en el Congreso. Y habrá quienes ni siquiera se motiven a salir a votar el próximo domingo no porque estén politizados sino porque ya quedaron extenuados de todas las votaciones de este 2018. Pero no es un buen signo que la rabia contra el opositor político, los inventos o la apatía impidan apoyar la consulta que, además de contribuir a transformar la indolencia frente a la corrupción, es la única forma de obligar al congreso a legislar en contra de sus propios intereses.

 

Somos un Estado con un amplio abanico de condiciones que favorecen y facilitan la corrupción: debilidad institucional, narcotráfico y cultura de incumplimiento de reglas de suerte que en gran parte del territorio y de las conciencias de la ciudadanía no impera el derecho sino las lealtades o las conveniencias. Hemos intentado muchos mecanismos para reducir las posibilidades de sobornos y abusos de poder en beneficio privado y no calan.  Lo que no hemos intentado hasta ahora es la gobernanza participativa: actuar como ciudadanía activa que exige.

 

Foto apoyo 1-min

 

Aunque esta consulta debería tener un control judicial previo que no tuvo y la única demanda contra ella que conozco no ha sido admitida porque todos los consejeros de Estado se han declarado impedidos por conflicto de interés, vamos a estrenar consulta nacional el próximo 26 de agosto, con lo que la suerte está echada. Si alcanzamos el umbral de más de 12 millones de electores, cada pregunta debe obtener el voto afirmativo de la mitad más uno de los sufragios válidos para obligar a los congresistas en el año siguiente a legislar sus contenidos y al Presidente a volverlas obligatorias por decreto, en caso de que el Congreso se niegue a hacerlo.

 

De las siete preguntas, no me quiero enfocar en las que, si hubiera habido control judicial previo de todo el documento, un juez habría examinado y probablemente rechazado: la primera (reducción del salario de los congresistas) y la séptima (no más de tres periodos en el congreso) que estarían prohibidas porque pretenden reformar la Constitución sin tener el poder de hacerlo. Tampoco analizaré la segunda (cárcel a corruptos y prohibición de volver a contratar con el Estado) ni la tercera (contratos tipo obligatorios en todo el país) pues a pesar de que conceptualmente son necesarias en la lucha contra la corrupción, importará mucho cómo el congreso equilibre el mandato otorgado con otros bienes públicos en juego como la reforma al sistema judicial, al modelo carcelario y las garantías ciudadanas.

 

 

BOG103. BOGOTÁ (COLOMBIA), 20/07/08.- Vista general de la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso de la República hecha por el presidente colombiano, Álvaro Uribe, hoy, 20 de julio de 2008, en Bogotá (Colombia). EFE/Miguel Ángel Solano/Presidencia/SOLO USO EDITORIAL

 

Me gustaría hacer énfasis en los puntos 4, 5 y 6 por los que me declaro abiertamente a favor y sin restricción alguna porque ofrecen herramientas claras de transparencia y rendición de cuentas, además de que reflejan dos de las cinco recomendaciones de Transparencia Internacional para luchar contra la corrupción. Los presupuestos públicos con participación ciudadana del punto cuarto ofrecen procedimientos que, bien reglamentados, impedirán que el presupuesto de inversión se distribuya por debajo de la mesa y a dedo a los congresistas, sin tener en cuenta las necesidades territoriales, es decir, que controlará los cupos indicativos conocidos como mermelada.  El quinto punto obliga a los congresistas a rendir cuentas, para que sepamos sobre su desempeño, así como sobre la gestión de intereses particulares, lobistas, dineros y cargos públicos.  No tiene sentido que en pleno siglo XXI  los congresistas individualmente no nos digan qué hacen con su tiempo y con nuestra plata. Y el sexto punto, que exige hacer públicos los bienes, rentas, y declaraciones tributarias de quienes son elegidos popularmente para extinguir el dominio cuando haya cambios injustificados en el patrimonio, es igualmente una medida mínima y necesaria de transparencia, pues no pocos congresistas se resisten a transparentar su patrimonio e intereses, alegando razones de intimidad, seguridad y habeas data, a pesar de que ya la jurisprudencia nacional e internacional han considerado que los bienes de un congresista son de relevancia pública y no hay ley explícita que así lo exija.

 

Con esta consulta no se va a acabar la corrupción, después tendremos que consultar sobre la financiación de la política y otros asuntos esenciales, pero en un Estado con 37/100 en percepción de corrupción, además de percibir, hay que empezar a actuar y votar.  Esta consulta promoverá algunas medidas que dificultan la corrupción y la participación representará un cambio cultural que se requiere para no seguir favoreciendo este abuso de intereses públicos. Será solo el principio del fin.  Pero será un principio al fin y al cabo.

 

 

 

*Subdirectora de Dejusticia

 

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Dejusticia es un centro de estudios jurídicos y sociales localizado en Bogotá, Colombia. Nos dedicamos al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la promoción de los derechos humanos en Colombia y en el Sur Global (países en desarrollo). Promovemos el cambio social a través de estudios rigurosos y propuestas sólidas de políticas públicas, y adelantamos campañas de incidencia en foros de alto impacto. También llevamos a cabo litigios estratégicos y diseñamos e impartimos programas educativos y de formación.

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