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Por: Carlos Olaya*
Por doble rasero me refiero a un trato desigual y arbitrario para poblaciones específicas. Este puede verse especialmente en los operativos militares y judiciales que el gobierno ha implementado en Parques Nacionales Naturales. / Foto: Markus Radday, EFE
El gobierno de Duque le está apostando a varias estrategias para frenar la deforestación, al menos en los Parques Nacionales: el control a las cadenas de suministro con ganaderos y palmeros, los acuerdos de restauración y ecoturismo con campesinos y los operativos militares y judiciales. Esto es un avance hacia políticas más integrales, sensibles a los contextos complejos y a las múltiples causas de este fenómeno. Sin embargo, el doble rasero con el que se están implementando algunas de estas medidas puede entorpecer la tarea de frenar la tasa de deforestación en el país.
Por doble rasero me refiero a un trato desigual y arbitrario para poblaciones específicas. Este puede verse especialmente en los operativos militares y judiciales que el gobierno ha implementado en Parques Nacionales Naturales (PNN). Según organizaciones campesinas, oenegés y medios de comunicación, esta estrategia se concentra sobre todo en campesinos empobrecidos, mientras no hay un solo proceso judicial contra los acaparadores de tierras que fomentan la deforestación.
Un ejemplo puede verse en el operativo ejecutado el 25 de abril de este año en Cachicamo, vereda de San José del Guaviare. Fue un despliegue militar para capturar a 14 personas que luego fueron trasladas y procesadas por, supuestamente, haber invadido y deforestado el PNN Serranía del Chiribiquete. ¿Quiénes son los capturados? ¿por qué estaban en el PNN y desde cuándo? Ni el gobierno ni la Fiscalía han respondido estas preguntas más allá de afirmar que los capturados son “autores de ecocidio” o “nuevos colonos”. El 4 de mayo, una Comisión de Verificación compuesta por oenegés y organizaciones campesinas de la región, visitó el lugar y publicó un informe donde muestra que las fincas intervenidas estaban en el borde del PNN y eran habitadas por campesinos, antes que la zona hiciera parte del área protegida.
Según la georreferenciación que hizo la Comisión, las fincas intervenidas ya existían en febrero de 2017, mientras la ampliación del PNN Chiribiquete sobre esta zona se realizó en julio de 2018, mediante Resolución 1256. Los campesinos dicen que llegaron al lugar hace 27 años y que nunca recibieron socialización sobre dónde estaba el lindero del PNN. El informe también enumera varias arbitrariedades del operativo: las casas de los campesinos fueron quemadas y sus animales de sustento desaparecieron, sin conocerse ninguna orden oficial; duraron capturados 24 horas en San José del Guaviare y los hicieron firmar documentos donde aceptaban los delitos sin ser adecuadamente informados y sin asesoría jurídica; no tienen copias ni constancias de los procedimientos y fueron dejados a la deriva en San José, sin vivienda o medios permanentes para asegurar un sustento básico. Hasta ahora el proceso penal está en sus etapas iniciales, los campesinos tienen medidas de aseguramiento que les impide ingresar al PNN.
¿Y qué ha pasado con los grandes acaparadores de tierras? El pasado miércoles 29 de mayo, en el programa Zona Franca, le preguntaron al Ministro de Ambiente dónde estaban los operativos contra estos actores. El ministro volvió mencionar el acaparamiento como uno de las grandes causas de la deforestación y que, aunque no las han querido mostrar, “las denuncias se están haciendo”. Se refiere a 61 denuncias realizadas por la Corporación Autónoma de la Amazonía de las cuales sólo 10 han sido efectivas, con multas de hasta 400 millones de pesos, según el Ministro. No se aclaró quiénes eran los multados ni por qué razones. Si los multados son los grandes acaparadores, el doble rasero continúa: para los campesinos hay procesos penales, expulsión y noticias en varios medios; para los acaparadores, hay multas económicas, que probablemente pueden pagar o eludir, y poca visibilidad.
Ahora, desde los medios de comunicación se ha avanzado en “ponerle nombre” al problema de acaparamiento de tierras. El 1º de mayo, el programa Zona Franca publicó un reportaje donde denuncia cuatro nombres de funcionarios y terratenientes de estarían fomentado la deforestación para especular con tierras en el Guaviare, que implican a Nebio Echeverry, gobernador del departamento. Aun así, no se conoce ningún proceso judicial en contra de ellos. Se sabe que el gobernador tiene denuncias en la Procuraduría que no han avanzado.
Fuente: Informe de la Comisión de Verificación (imagen satelital de febrero, 2017)
No quiero decir con esto que toda la política contra la deforestación del gobierno esté viciada por este sesgo contra los campesinos. Desde el Ministerio de Ambiente y la Unidad de PNN se ha buscado darle continuidad a la implementación de acuerdos de conservación y a la construcción de una política concertada con los campesinos que habitan los PNN. Es destacable la Mesa de Trabajo entre campesinos e instituciones, instalada el 10 de mayo en Vista Hermosa, Meta, para discutir diagnósticos y propuestas para frenar la deforestación en los PNN de Picachos, Macarena, Tinigua y Chiribiquete. O el anuncio de un programa de restauración participativa con 50 familias campesinas en San Juan de Arama, Meta, para reemplazar el ganado y los cultivos de coca, en el PNN Macarena.
Pero este doble rasero en los operativos judiciales y militares puede llegar a entorpecer lo que pueda lograrse con las demás estrategias de control. Por un lado, criminalizar campesinos es incrementar las tensiones entre las instituciones estatales y potenciales aliados para frenar la deforestación. Desde hace años, las organizaciones campesinas han presentado propuestas para proteger los PNN sin afectar el sustento de las familias que los habitan. Esto fue evidente en la Mesa de Trabajo de Vista Hermosa: propusieron un proceso de tres etapas para salir progresivamente de la ganadería, modificaciones normativas al régimen de PNN, y exigieron la implementación de las Zonas de Reserva Campesina de la región para estabilizar la frontera agropecuaria. Por otro lado, si no se presiona a los acaparadores de tierras se corre el riesgo de tener una campaña militar con grandes gastos, pero con resultados precarios, porque no se está atacando los eslabones más fuertes de la cadena de la deforestación.
* Investigador de Dejusticia
