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Por Alejandro Jímenez*

El pasado 30 de enero la Corte Suprema de Justicia eligió a Francisco Barbosa como Fiscal General de la Nación. Como es costumbre en los últimos tiempos, la discusión sobre la elección del Fiscal General de la Nación ha estado concentrada en dos actores: Las personas ternadas y el Presidente de la República, que los terna. Se ha hablado de Iván Duque y las razones por las que decidió ternar a Barbosa, junto a Clara María González y Camilo Gómez. También se ha discutido la trayectoria, virtudes y defectos de cada uno de los ternados. Y, además, los análisis sobre responsabilidad política por esa elección suelen concentrarse en estos dos actores. Pero hay uno que suele pasarse por alto, por lo menos en la elección de los últimos tres fiscales: La propia Corte Suprema de Justicia.

EFE, Carlos Ortega
La decisión que tomó la Asamblea Nacional Constituyente de entregar la función de elegir al Fiscal General de la Nación buscaba dar solución a un problema fundamental, ¿quién elige a la persona que se encargará de dirigir el uso del poder investigativo y acusatorio del Estado para castigar a quienes cometan delitos? Darle al Presidente de la República esa facultad parecía excesivo, el riesgo de cooptación y abuso de poder era grandísimo en un diseño institucional que ya, por sí mismo, le daba demasiado poder al Presidente. Dejarlo en manos del Congreso de la República se veía incluso peor en una democracia marcada por la corrupción y el desprestigio del legislativo. Quedaba confiar en la justicia, que en esa época gozaba de una legitimidad que ha sufrido golpes con el paso de los años, pero que se mantiene aún ahí.

Desde 1992 la Corte Suprema de Justicia ha elegido al Fiscal General de la Nación en Colombia, de ternas enviadas por los Presidentes de la República del momento. De ese proceso han salido funcionarios altamente cuestionados, entre ellos el fiscal saliente, Néstor Humberto Martínez. Y la pregunta siempre ha sido por la responsabilidad de aquel que los ternó. Por Juan Manuel Santos frente a Néstor Humberto Martínez, o por Andrés Pastrana respecto de Luis Camilo Osorio, y así sucesivamente. Pero como sociedad no nos hemos preguntado por la
responsabilidad de quien los eligió: La Corte Suprema de Justicia. Con Néstor Humberto Martínez, a la Corte Suprema de Justicia se le pasó preguntarle por las implicaciones de tener en la Fiscalía General de la Nación a un abogado que tenía evidentes conflictos de interés para investigar casos de la envergadura de la trama Odebrecht, que ya empezaba a estallar en Brasil. Con Eduardo Montealegre a la Corte Suprema de Justicia se le pasó considerar los posibles conflictos de interés que podría tener para investigar el caso Saludcoop. Y lo peor de todo es que, por lo menos en el caso de Martínez, la Corte lo tuvo frente a frente, dispuesto a contestar en vivo todas las preguntas que le hicieran, y ni siquiera preguntaron.

En el proceso en que resultó elegido Francisco Barbosa parece que la Corte Suprema quería corregir este historial. Además de permitirle a cada una de las personas ternadas hacer una presentación de su candidatura, la Corte, a través de su presidente, les hizo seis preguntas. Preguntaron por Odebrecht, por la minería ilegal y la deforestación, por la reingeniería de la Fiscalía, por las relaciones con la JEP, por la interceptación de comunicaciones y por el aumento de la confianza de la sociedad en la Fiscalía. Francisco Barbosa, Clara María González y Camilo Gómez debían dar respuesta a esas preguntas en el acto, con los magistrados y magistradas de la Corte escuchando. ¿Cuál es entonces el problema?

El problema es que, como ocurrió con Martínez, la Corte Suprema de Justicia no hizo las preguntas difíciles. No le preguntó a Francisco Barbosa por su relación cercana con el Presidente de la República y cómo manejaría un posible conflicto de interés al respecto, o sobre los cuestionamientos que ha recibido por el uso irresponsable y ligero de cifras sobre asesinatos de líderes sociales en Colombia. Tampoco le preguntó a Clara María González por el historial de ataques a la transparencia y el acceso a la información pública que ha acumulado desde que es la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República. Mucho menos le preguntó a Camilo Gómez por sus relaciones con Mossack Fonseca y los posibles conflictos de interés para investigar casos derivados de los Panama Papers.

Esto muestra que cada vez es más clara la necesidad de abrir el proceso de elección de altos funcionarios del Estado a una participación más activa y significativa de la sociedad colombiana. Si la Corte Suprema de Justicia no es capaz de hacer esas preguntas, seguro alguien en la galería sí. Sobre Néstor Humberto Martínez se escribieron ríos de tinta antes de su elección, sin que la Corte escuchara.

Para la elección del Fiscal General de la Nación un paso era mantener la posibilidad de hacer comentarios a las personas que se postularan para ser ternadas. No era una herramienta ideal o infalible, tanto que Néstor Humberto Martínez la pasó. Pero por lo menos Juan Manuel Santos no puede decir que no se le avisó. Iván Duque decidió eliminar esa posibilidad, con una justificación que desde Dejusticia ya hemos criticado por ser falsa. En un escenario como ese, donde el Presidente de la República no parece muy abierto a que la ciudadanía le diga lo que opina, vale la pena preguntarnos por cómo debería contribuir la Corte Suprema de Justicia a la transparencia y la participación en estas elecciones y, a la vez, cuál es su responsabilidad política por estas decisiones cuando ocurren tragedias como tener a Néstor Humberto Martínez de Fiscal General de la Nación.

Esa necesidad se ve aún más clara cuando la Corte Suprema de Justicia ya dejó pasar a ternados como Yesid Reyes, Mónica Cifuentes por elegir a alguien como Néstor Humberto Martínez.

PS. Además de las preguntas difíciles sobre el pasado de las personas ternadas, a la Corte Suprema de Justicia también se le pasaron un par de preguntas difíciles sobre el futuro de la Fiscalía. Conocer su posición en asuntos como el uso desproporcionado de la prisión preventiva, el uso de las facultades de la Fiscalía para afectar la independencia judicial bajo la amenaza del prevaricato o lo grave que es que la Fiscalía sea la entidad más condenada por daños antijurídicos en Colombia.

*Investigador en Dejusticia

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Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad / Center for the Study of Law, Justice and Society. We work to promote human rights in the Global South.

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Me encantan, estos avances. Me encantan.

The interpreter (para nosotros, La intérprete, y como cosa rara, el título en español significa lo mismo que en el idioma original) es un filme dirigido por el estadounidense Sydney Pollack, estrenado en cines en dos mil cinco. El guión condujo a Pollack a grabar en las propias instalaciones de la ONU (localizadas en territorio internacional dentro de Nueva York), una historia con tintes políticos que recuerdan la situación más o menos reciente del actual presidente de Zimbabwe.

Estaba viendo hace unas horas cierta película francesa realizada exclusivamente para televisión hace unos años, no muy conocida por cierto, y me asaltó una duda que tenía desde hace un tiempo y que se avivó luego de ver La intérprete. La duda es la siguiente:

Lo más seguro es que todos conozcamos el aviso que aparece, usualmente escondido al final de los créditos de algunas películas, que dice lo siguiente, palabras más, palabras menos: "Los hechos relatados en esta película son puramente ficticios y no deben relacionarse con eventos pasados, actuales o futuros. (...) Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia."
Yo me pregunto: luego de ver una película que parece un documental acerca de una situación actual, ya sea ésta una realidad o no, ¿qué sentido tiene recurrir a este mensaje, si de cualquier manera los espectadores van a hacer la relación?

Es claro, hay que decir, que no todo el mundo tiene por qué captar estos parecidos. Pero los que sí los captan, lo comunican a los demás, y al final la película pasa a verse como lo que realmente es: una crítica por parte del realizador hacia una situación en particular. Punto. No importa qué tan imparcial se pretenda ser, haciendo uso del mencionado avisito.

En fin, no entiendo esta actitud, si de verdad algunos pretenden protegerse bajo dicho mensaje. Quisiera creer que lo colocan no porque no pretendan dar la cara luego de dar la opinión, sino porque es una especie de requisito, un asunto legal de obligatoria aparición al final de todos los créditos de todas las películas de todos los géneros. Aunque al final, sólo quien tuvo la idea de escribir la historia como quedó escrita es quien sabe qué opinión tiene.

Él y sólo él.

-

Sobre la película, hay un dato lingüístico interesante; se creó un lenguaje nuevo (lo llamaron "Ku"), con sus propias palabras, conjugaciones, reglas... es decir, un lenguaje aparte, sostenible por sí solo, basado en lenguajes existentes en el sur de África, pero que "aunque sería reconocido por habitantes de la zona (...), los confundiría", debido a su estructura gramatical, leo por aquí. En todas partes encuentro que el creador de este lenguaje es Said el-Gheithy, director del Centre for African Language Learning en Londres. En general, no encuentro muchas críticas positivas para la película, pero a mí me gustó.

Me encanta leer la columna Contravía, escrita por Eduardo Escobar. Y la de hoy termina con una reflexión que encuentro parecida a cierto diálogo de La intérprete. Aquí va el diálogo, para terminar y dejar de ocupar su tiempo, estimado lector. Lo traduzco burdamente, pero espero que se mantenga la idea.

Silvia Broome: (...) Siempre que alguien pierde a un ser querido, quiere vengarse de alguien más, o de Dios, a falta de alguien. Pero en África, en Matobo, los Ku creen que la única manera de poner fin al dolor es salvando una vida. Si alguien es asesinado, luego de un año de duelo se realiza un ritual llamado "la fiesta del ahogado". Se hace una fiesta durante toda la noche, junto al río. Al amanecer, el asesino es montado en un bote. Se lleva al agua y se le tira allí, amarrado, para que no pueda nadar. Entonces la familia doliente debe tomar una decisión; pueden dejar que se ahogue, o pueden lanzarse a salvarlo. Los Ku creen que si la familia deja que el asesino se ahogue, se hará justicia, pero pasarán el resto de sus vidas de duelo. Pero si lo salvan, entonces admitirán que la vida no siempre es es justa, y a cambio ese acto los liberará del dolor.


dancastell89@gmail.com

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