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*Por Santiago Carvajal
Desde el año 2004, el 17 de mayo es conocido como el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. La celebración conmemora que en esta fecha de 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad del listado de enfermedades mentales. La efeméride no solo es una invitación a reflexionar sobre los paradigmas negativos que existen en nuestra sociedad sobre las orientaciones sexuales y las identidades de género diversas, sino también una oportunidad para pensar cómo combatir las violencias, tanto físicas como simbólicas, que se ejercen sobre las personas LGBT. También es una buena excusa para reflexionar sobre la medida de Pico y Género que causó violencias en contra de personas trans y no binarias, y que transformó a las y los bogotanos en policías del género.
En primer lugar, el objeto de la medida fue evitar las aglomeraciones de personas para prevenir el contagio de la covid-19 en una ciudad con algo más de 7 millones de personas. En otras ciudades como Medellín, Cali o Bucaramanga las autoridades optaron por medidas con criterios neutros, tales como la asignación de salidas únicamente los días que coincidan con el último dígito de la cédula para que los ciudadanos pudieran abastecerse de víveres. En Latinoamérica los gobiernos de ciudades como Quito, Ecuador, optaron por la restricción basada en el número de identificación; en otras, como San José, Costa Rica, simplemente definieron un horario; mientras que en Ciudad de México se desestimuló la circulación de personas a través de campañas de difusión y se optó por confiar de buena fe en el criterio responsable de sus ciudadanos. Bogotá fue una de las pocas ciudades en el mundo que usó el género como criterio para controlar el número de personas en las calles. Por eso, vale la pena preguntarse si la capital colombiana es una ciudad radicalmente diferente a otras del país o de la región como para requerir una medida sui géneris como Pico y Género.
De un día para otro y sin consultar a la ciudadanía, los habitantes Bogotá nos transformamos como por arte de magia y por cuenta del Decreto 106 de 2020 en policías del género. Esta función la ejercieron formalmente los agentes de la Policía Nacional, pero también recayó tácitamente en vigilantes y personal de los supermercados, farmacias y bancos. La calle se convirtió en un espacio donde toda la ciudadanía supervisa celosamente las fronteras de la masculinidad y la feminidad. La identidad de género quedó definida a partir de la percepción que los otros interpretan en el cuerpo ajeno, y que van sumando y restando características para obtener un resultado: se es hombre o se es mujer; negando así la visión autodeterminada de lo que cada quien es. Como lo señala Paul B. Preciado en su libro Un Apartamento en Urano: «la policía de género vigila las cunas para transformar todos los cuerpos en niños heterosexuales».
Ese escenario de control de los cuerpos desató preocupaciones que se manifestaron en los reclamos y en la oposición de varias organizaciones de la sociedad civil, en especial aquellas defensoras de los derechos de personas trans. Efectivamente, las temidas agresiones se materializaron que en su mayoría provinieron de algunos ciudadanos. A pesar de esto, la Alcaldía Distrital decidió mantener la medida.
Posteriormente, en un intento inocuo de contener el malestar y de clarificar la medida respecto de personas trans y no binarias, se expidió el Decreto 121 de 2020 que no agregó ninguna medida de protección o reparación para los grupos en riesgo, sino que se limitó a explicitar lo que implícitamente se entendía del Decreto 106 sobre personas con identidades de género no hegemónicas.
Es ingenuo pensar que por el hecho de que los decretos mencionaran el respeto a la autodeterminación de las personas y la aplicación del principio de buena fe, se protegería de cualquier tipo de violencia a personas trans y aquellas que no se autoidentifican ni como hombres ni como mujeres, también conocidas como personas no binarias. Como era de esperarse, por la larga historia de discriminación y violencia en razón del género que existe en nuestra sociedad, en la práctica no sucedió.
Lo paradójico es que la Policía Nacional, una de las instituciones que más ha ejercido violencia contra la población diversa, fuera a su vez, como lo indica el Decreto 121, la responsable de protegerla. Así lo demuestran los informes regionales y nacionales sobre violencia ejercida contra personas trans. Es por ello que las alertas sobre medidas como el Pico y Género llegaron a preocupar a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas quienes advirtieron posibles riesgos y le recordaron a los Estados su obligación en la protección de poblaciones vulnerables e históricamente discriminadas.
Esperemos que al igual que fue abolida en Bogotá, esta medida que expuso a la población trans y no binaria en beneficio de la mayoría cisgénero, sean también eliminadas medidas similares que usan el género como criterio para restringir el derecho a la libre circulación de las personas, y que fueron adoptadas por otros entes territoriales (Cartagena, Soacha, Génova, Marinilla, Turbaco, Tarazá, Santa Barbara, Sibaté, El Guamo, Algeciras, Gigante, El Espinal y todo el departamento de Santander).
Por último, a una semana de las suspensión de la medida y a propósito de la conmemoración del Día contra la Homofobia quiero invitarles a que hagamos el compromiso de rechazar todas las medidas vigentes o futuras que de forma explícita o implícita transformen a el Estado, a sus instituciones o a sus ciudadanos en policías del género. Es una oportunidad para aprender del sinsabor que dejó el Pico y Género y para pensar que la autonomía individual, en cuestiones de género, no necesita ninguna regulación que la coarte, mucho menos en tiempos de emergencia.
*Investigador de Dejusticia @santyincarvajal
