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Por: Santiago Carvajal Casas*
Corre el año 1969 en la ciudad de Nueva York. Una redada “rutinaria” de la policía a un bar frecuentado por travestis, maricas y machorras se sale de control. Los policías, antes recios, esquivan y huyen del ataque propiciado por una turba furiosa conformada por la clientela del local y a la que ahora empiezan a sumarse otras personas. Así comenzaron los disturbios del 28 de junio en el bar Stonewall Inn y que se extendieron por varias noches, convirtiéndose en el hito fundacional del activismo moderno LGBT en EE. UU. y en el mundo. Dos mujeres trans, Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson, fueron centrales al canalizar la rabia, el cansancio y la frustración del abuso policial a personas LGBT, y usar esos sentimientos para fundar las bases sobre las que se erige el movimiento del arcoiris y su día del orgullo.
Paradójicamente, 50 años después, el arcoiris no sale para las mujeres trans trabajadoras sexuales en Colombia, pues la persecución policial nunca ha cesado. Al contrario, ha aumentado. En los informes de algunas ONG y de la Defensoría del Pueblo, así como en las noticias, se narra la violencia que se ejerce sobre esta población y que sigue creciendo. Basta con echar una mirada a los hechos recientes sucedidos en el periodo de aislamiento generado por la covid-19.
Por ejemplo, hace una semana en Bogotá agentes de policía dispararon balas de goma a los glúteos de las mujeres trans trabajadoras sexuales en medio de una acción desproporcionada con ocho motos y tres patrullas. En un pronunciamiento, el gobierno distrital se comprometió a investigar los hechos y encontrar a los responsables, sin que a la fecha, como casi siempre ocurre, se tenga algún resultado. Esta violencia sistemática contra las trabajadoras sexuales no es nueva. Basta recordar el lamentable episodio ocurrido en enero de 2016 en la Plaza de la Mariposa, en el que fueron rodeadas por un gran número de agentes de la policía y conducidas a un camión por medio de insultos y golpes. Este caso fue revisado por la Corte Constitucional y se reconoció la violencia que ejerce la policía a estas trabajadoras.
Paradas frente a la disyuntiva de trabajar o no enfermarse de coronavirus, algunas mujeres trans regresan a las calles para poder comprar alimentos y pagar noche a noche una habitación, asumiendo los peligros que entraña el espacio público: el virus pandémico, la violencia policial y la delincuencia. O bien, podrían elegir no enfermar pero es un privilegio de pocas, pues es imposible quedarse en casa cuando no se tiene una. En ese escenario, vale la pena preguntarse ¿a cuál Policía se acude para defenderse de los abusos de… la policía?
A pesar de que existen normas que obligan a la policía a proteger a los más vulnerables, nada ha detenido la violencia transfóbica. Ni con su propia Directiva 006 de 2010, ni con la ley antidiscriminación (Ley 1482 de 2011), ni con el nuevo Código de Policía (Ley 1801 de 2016), ni con los pronunciamientos de la Corte Constitucional (T-594/16) se ha detenido la violencia contra personas trans que se ejerce desde lo profundo de esa institución.
A la estridente violencia física la acompaña otra más sutil pero igual de brutal: la violencia institucional. La medida del pico y género adoptada en varios municipios del país puso en situaciones incómodas, estresantes y discriminatorias a personas trans y no binarias. Por otro lado, Alejandra Monocuco, mujer trans, trabajadora sexual y seropositiva, murió aparentemente por el actuar negligente y prejuicioso del personal de salud de Bogotá. En Cartagena, Estefany, también mujer trans, se desplomó en un andén y la ambulancia sólo apareció horas más tarde para trasladarla a un centro médico donde murió. Mientras tanto, en Barranquilla se repitió un caso similar con otra mujer trans, en donde la ambulancia tardó días en llegar. A su vez en Pasto, ante la falta de ayudas estatales, trabajadores y trabajadoras sexuales se vieron obligados a regresar a las calles.
La respuesta estatal para estos casos debe ser asistencial, pedagógica y no coercitiva. A esta conclusión nada novedosa solo agregaría algo más: al deber que tiene el Estado de garantizar los derechos y aumentar la expectativa de vida de las personas trans -que hoy es de tan solo 35 años en Latinoamérica y que contrasta con el promedio de la población colombiana que es 76 años- se suma el deber de la sociedad de transformarse para eliminar los prejuicios y estereotipos negativos que ha construido alrededor de las personas con identidades de género no hegemónicas.
Para denunciar y combatir la violencia policial en este escenario desigual, a la población LGBT -una vez más y como hace 50 años- solo le queda un arma: la protesta. La Red Comunitaria Trans anunció una manifestación el 3 de julio en Bogotá para reclamar justicia para el caso de Monocuco y en el episodio de agresión policial de las últimas semanas. Lo cierto es que de los temas LGBT, la violencia policial contra población trans no ocupa la misma atención pública como otrora lo fueran los controvertidos temas del matrimonio igualitario o la adopción por parejas del mismo sexo dentro de una sociedad anestesiada por la violencia.
Sigamos luchando para que cada 28 de junio, y todos los días del año, el arco iris siga saliendo, pero que salga para todos.
*Investigador de Dejusticia
