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Resulta cuando menos curioso hacer un comentario sobre algo que es esencialmente otro comentario (De hecho, es bastante metatextual), pero ocasionalmente uno se encuentra con un comentario o análisis que hace puntos interesantes sobre los cuales resulta necesario elaborar y desarrollar.
En los últimos días, la revista Semana publicó un análisis realizado por Julián De Zubiría, rector del Instituto Alberto Merani en el que explica las diferencias entre las políticas de los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos (De nuevo, y en aras de la claridad, me permito aclarar que soy egresado de esa institución educativa). Dentro de los puntos que rescata De Zubiría en su análisis, el que mas me llama la atención es el primero, según el cual el decreto 230 de 2002 se convierte en un parteaguas en la ejecución de las políticas públicas de educación en el país, con consecuencias de gran magnitud.
El decreto en cuestión, conocido popularmente como el decreto de la ‘Promoción automática’ establecía que como mínimo, el 95% de los estudiantes de un grado determinado debían ser promovidos al siguiente cuando terminase el año lectivo, lo que en plata blanca eliminaba la potestad de los docentes para evaluar a sus estudiantes, la cual, como es razonable suponer, es central dentro del proceso educativo y académico. Como lo establece De Zubiría, este decreto resultó ser un ataque devastador a los avances que había hecho la ley general de educación de 1994 la cual puso en un papel central la autonomía institucional en la ejecución de sus procesos, una pérdida de autonomía que no solo se manifestó en lo académico sino en lo administrativo…
…siguiendo la secuencia lógica presentada en el análisis, al quitarle potestad académica a los directivos, estos no tuvieron mas opción que dedicarse cada vez mas y mas a los procesos administrativos de sus instituciones, convirtiéndose así en mas gerentes que educadores, yendo mas allá del análisis de De Zubiría, esta fue una medida que debe entenderse dentro del discurso que pone a la cobertura como la única meta en la ejecución de una política pública en educación: A fin de cuentas, promoviendo estudiantes como en una línea de serie se garantizan cupos para quienes van detrás de ellos y así sucesivamente, creando una linea discursiva que se mantendría hasta solo hace unos dos o tres años, cuando fue coronada con el discurso sobre la gratuidad.
Es claro que la cobertura universal es una necesidad, a fin de cuentas, no tiene sentido una educación de calidad que solo le llegue a unos pocos, lo que también se puede decir de una educación mediocre para todos, pero no puede ser la única necesidad, lo que lleva al punto que refería en mi discusión de la semana pasada sobre el programa Todos a Aprender, que representa un cambio discursivo vital en las políticas educativas el cual debe ser mantenido.
