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El discurso público la semana pasada estuvo dominado por la noticia de la muerte de un estudiante del colegio Marco Fidel Suarez en Bogotá al consumir una mezcla de extintor de incendios, chirrinchi y marihuana. Nada de lo que se diga alrededor de ese caso va a cambiar la realidad. Ese muchacho seguirá muerto y aquellos que lo acompañaron siguen en el hospital muy probablemente con consecuencias en su salud de largo plazo, y yendo mas allá de la noticia en si, cabe preguntarse qué deja esta tragedia.
La discusión generada alrededor del caso es, esencialmente, otra instancia del dilema entre apagar el incendio que está destruyendo una casa y pensar en los planos de la nueva, con cada uno de los actores de la discusión defendiendo posturas que caen en uno u otro curso de acción. En este caso, apagar el incendio tiene que ver con lo que se puede hacer para que estos casos dejen de pasar en este preciso instante; y como al César lo que es del César, hay que reconocer como la Secretaría de Educación del Distrito en cabeza de Óscar Sánchez, ha tomado, a lo largo de su gestión medidas de choque para atacar estas problemáticas, como la llamada estrategia RIO con un grupo de orientadores dedicados a atender y apoyar a las instituciones educativas de Bogotá ante casos de esta naturaleza; si bien esta estrategia puede ser considerada como un factor que ha contribuido a la mejora en las condiciones de convivencia de las instituciones educativas en Bogotá, eventualmente su alcance se ve disminuido ante la manera en la que operan los otros actores y entidades en estos casos. El entender a la educación como un derecho fundamental hace que instituciones educativas, directivos y docentes adquieran el papel de garantes de ese derecho ante la población; situación la cual se ha visto malinterpretada y se ha convertido en ‘Mantener a los estudiantes matriculados no importa las circunstancias’.
Si le hacemos caso a lo reportado por Semana durante el cubrimiento al caso, el estudiante fallecido era un estudiante que representaba un problema convivencial grave dentro de la institución al mismo tiempo que tenía un bajísimo desempeño académico y no había sido retirado por una combinación de mala gestión directiva y el temor a la intervención de mecanismos de control producto de demandas por parte de los padres de familia; la cultura que se ha implementado dentro del sistema educativo de una supervisión punitiva constante a instituciones y equipos de trabajo ha hecho que se interiorice una actitud, por parte de directivos y docentes de ‘dejar pasar’ estos casos, los cuales terminan por convertirse en bombas de tiempo que estallan como pasó la semana pasada en un salón del Marco Fidel Suarez, dando pie a una respuesta desmedida e inapropiada que tiene mucho de represión policial y poco de prevención del consumo al interior de las instituciones educativas, y si a esto se le suma la baja capacidad de respuesta de los organismos de emergencia, como lo sugieren las versiones de llamadas al 123 que no tuvieron respuesta, una situación que ya de por si es muy mala, empeora aun mas.
Todo esto no significa, sin embargo, que los docentes queden con las manos lavadas en casos como este. La actitud interiorizada antes mencionada ha hecho que ante los cuestionamientos a la respuesta dada en este y casos similares, los docentes, de forma colectiva se deshagan en memoriales de agravios denunciando los problemas estructurales de la sociedad y su incapacidad para resolverlos en lo que se convierte en un intento de abrir el paraguas para no ser salpicados por el agua sucia. Independientemente de las factores que limitan la respuesta docente e institucional, flaco favor se hace el magisterio cuando evita asumir la falta de capacidad de respuesta, y el favor se enflaquece mas cuando, en lugar de una investigación abierta y transparente sobre las responsabilidades de los implicados, la SED recurre a campañas mediáticas con hashtags que poca efectividad tienen; llama también la atención, aunque no sorprende, el inexistente aporte de los sindicatos docentes (FECODE, ADE) a la discusión sobre el caso.
En este momento es cuando toca pensar en hacer ambas cosas: Apagar este incendio y repensar la casa para que no vuelva a pasar algo así, lo primero con una mejora en la gestión de las entidades pertinentes y lo segundo con una asunción de responsabilidades, aciertos y errores alejada de cualquier agenda política.
Al pan pan y al vino vino. La política pública en educación de éstas últimas administraciónes, de “rescatar lo público”, entregó la educación a fecode, realizó “desplazamientos forzados” de miles de estudiantes de Colegios en convenio y concesión, obligándolos a estar en un único modelo educativo el de FECODE. Esta causa primera trae efectos entre ellos debilitamiento de las relaciones familia, sociedad y Estado, que lleva a su vez, a poco o nulo “sentido de pertenencia con la Institución educativa”, de los distintos agentes de la educación y violando derechos Constitucionales y de Tratados Internacionales: Derecho de los Padres de escoger el tipo de Educación para sus hijos y por ende la Institución educativa.
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